A final de sexenio, en época de transición, los políticos bajacalifornianos -los derrotados, los ganadores y los que están en medio- quieren sacar provecho del ambiente de negociación que el tránsito de un gobierno a otro supone. Aquellos que lo perdieron todo, en términos políticos y a veces económicos, intentan de alguna manera aferrarse al hueso, a la comisión, o dejar a los suyos bien posicionados para seguir teniendo espacios de negociación o rentas políticas futuras.
Los derrotados en el poder, quienes titulan las áreas de los poderes Ejecutivo o Legislativo, están haciendo -o por lo menos intentando- cuanto pueden para preservar no solo su integridad física para no ser investigados en el futuro, sino su seguridad política. Cambiando las reglas, las leyes, haciendo nombramientos, designaciones que de alguna manera les permitan mantener una parte del control político en la administración que viene.
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Los que están en medio, aquellos que dependen precisamente de las decisiones en el Legislativo o en el Judicial, están aprovechando estos momentos finales tanto del Gobierno del Estado como del Legislativo, para sacar provecho a cambio de promesas de lealtad, ofrecimiento de cargos y reparto de comisiones.
Los ganadores, aun sin tomar posesión de los cargos para los que fueron electos el 2 de junio de 2019, están buscando más tiempo del votado, de hecho cambiar la Constitución cuando ni siquiera están representados en el Poder Legislativo.
Quizá como nunca, en época de transición emerge la avaricia política. Obtener y perpetuarse por el simple hecho de ostentar el poder que los seduce y ante el cual sucumben, entregando votos, voluntades, posiciones, comisiones.
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Esta avaricia por el poder político tiene a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California sin titular. Aun cuando los diputados debieron designar a una persona para esa posición el 30 de mayo, no será hasta julio, el día 4, cuando quizás salga el nombramiento.
Desde el mismo 30 de mayo, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California también se encuentra sin tres consejeros titulares para realizar los trabajos de supervisión y seguimiento de la Ley para garantizar la transparencia en los sujetos obligados, o sea, todos los niveles de gobierno y organismos autónomos del Estado, paralizando los procesos de acceso a la información a partir de las solicitudes que hacen los ciudadanos para conocer a detalle el manejo de los recursos públicos.
También han dejado pendiente el nombramiento del auditor superior y del fiscal general del Estado, dos posiciones, como las de los consejeros de Transparencia, de vital importancia cuando se trata de combate a la corrupción.
Los todavía diputados del Estado no han votado estos nombramientos, literalmente, porque no han negociado acorde a sus exigencias, las del actual gobernador Francisco Vega de Lamadrid y su Partido Acción Nacional, las de la oposición y por supuesto, las exigencias del próximo gobierno estatal. Todos estos actores están encarnando una lucha por el poder, y con ello paralizan la actividad de las ya mencionadas importantes áreas. Ahora sí que no les han llegado al precio en su avaricia política. Por eso, como si no fuera urgente, han programado la sesión del Congreso del Estado para ver estos nombramientos para el 4 de julio, simbólico día en que se celebra la Independencia de Estados Unidos. Si bien les va y si les llegan al acuerdo, podrían citar a una sesión extraordinaria para hoy viernes 21 de junio, aunque las negociaciones internas indican que es probable que no suceda.
Quienes están en medio de la transición, entidades como el Poder Judicial -que a diferencia del Legislativo y Ejecutivo no atraviesa por una etapa de transición-, intentan negociar con quienes ya se van y con quienes llegarán, para sacar provecho. Comprometiendo plazas, posiciones y cargos en el Tribunal Superior de Justicia para quienes les apoyen en su avaricia política.
Como si no fuesen ya suficientes los nombramientos pendientes en el Congreso del Estado, dos diputados del PAN han presentado de la nada una iniciativa para ampliar a 75 años la edad el retiro de los magistrados locales, en lugar de los 70 que están en la Ley al día de hoy. “Sin que nadie se los pidiera”, lo cual de suyo es dudoso. Los diputados Castañeda y Dworak quieren favorecer a los magistrados a punto del retiro y sacar provecho de ello.
Son cuatro los magistrados que en los próximos dos años deberán dejar el tribunal: Emilio Castellanos, Marco Antonio Jiménez, Víctor Vázquez y María Esther Rentería. Designaciones que de reformarse, no le corresponderían a la siguiente Legislatura, cuyo periodo será de dos años.
Luego están aquellos que aún no llegan al poder, aunque ya lo tienen asegurado debido al resultado de la elección del 2 de junio, pero ya están pensando en perpetuarse en el mismo, e, incluso, modificar la Constitución, para lo cual, en un Congreso que viene a modo, tendrán mayoría calificada.
Se trata -ya lo intuye el Lector- de Jaime Bonilla Valdez, a quien los bajacalifornianos eligieron en las urnas con poco más de 420 mil votos para gobernar el Estado por un periodo de dos años, pero que quiso que fueran seis y ahora aspira a que sean cinco. Los que sean, pero que sean más, incluso pasando por encima del acto ya votado en una elección constitucional, lo que significa ir contra el mandato del pueblo, el mismo que juramentará obedecer y proteger el día que tome posesión y suceda a Francisco Vega de Lamadrid.
Efectivamente, aunque ya ha recibido tres derrotas en tribunales electorales en su intento por ampliar el periodo constitucional de dos años para la gubernatura 2019-2021 que establece la Ley en Baja California, Bonilla va por un cuarto intento, a pesar que la elección ya sucedió, que el tema fue votado y él fue el ganador para los dos años.
En la avaricia del poder que ya está significando a quienes integrarán la Cuarta Transformación en Baja California, emulando el Gobierno Federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para el cual las leyes no parecen importar lo suficiente, quien será designados en la próxima administración local como secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, ya ha declarado que si vuelven a fracasar en su intento por ampliar el término del siguiente periodo, aprovecharán su mayoría en la próxima Legislatura para cambiar la Constitución e incrementar a cinco años la administración para la que fue electo en las urnas para dos.
A todas luces es un acto ilegal, fuera de proporción, que pretende pasar por encima del mandato del pueblo y de la elección del 2 de junio, pero han dicho que lo intentarán.
Y así está Baja California en estos momentos, debatiéndose las decisiones trascendentales por la avaricia del poder de quienes están aún en él, de los que aparecen en medio y de los que todavía no llegan. Terrible el ambiente para la democracia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
