Jennifer Choe Groves, jueza de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos (USCIT, por sus siglas en ingles), rechazó un amparo de los productores de México, de suspender el pago de aranceles del 17.56 por ciento de las exportaciones mexicanas de tomate a dicho país, que aplica desde el 7 de mayo pasado.
El amparo fue presentado el pasado 20 de mayo por productores y exportadores de Sinaloa, Baja California y Sonora -agrupados en la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA)- ante las Cortes estadounidenses.
“Si bien la Corte reconoce disrupciones potenciales al mercado del tomate fresco y las cadenas de suministro, alegadas por los demandantes, se concluye que su evidencia no satisface el elevado estándar necesario para demostrar un daño irreparable”, afirmó Choe Groves.
La jueza detalló que la suspensión solicitada por los productores mexicanos tenía por objetivo detener nuevamente la investigación antidumping retomada por el Departamento de Comercio estadounidense (DOC, por sus siglas en inglés), y frenar el cobro de depósitos en efectivo o fianzas en las aduanas por las que pasa el tomate.
Sin embargo, dichas acciones están previstas en la legislación estadounidense, por lo que sólo en casos excepcionales podrían ser suspendidas por orden judicial. Además, la jueza tampoco encontró que conceder la suspensión solicitada pudiera ser favorable al interés del público.
Según el diario Reforma, que informó del hecho, la USCIT, con sede en Nueva York, es un tribunal cuyas resoluciones son revisables por una Corte Federal de Apelaciones con sede en Washington, que tiene jurisdicción sobre este tipo de casos.
El pasado 27 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró mantener un “estrecho” contacto con los productores y exportadores de tomate mexicanos, así como sus representantes legales, para brindarles todo el apoyo posible ante las autoridades de Estados Unidos por la negociación del Acuerdo de Suspensión a la Investigación Antidumping a las Exportaciones Mexicanas de Tomate.
“La Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunto con la Embajada de México en EU, se mantiene en estrecho contacto con los productores, exportadores y sus representantes legales para brindarles todo el apoyo posible ante las autoridades de ese país, toda vez que se trata de un acuerdo entre el Gobierno de EU y la industria tomatera mexicana”, expresó la SRE en un comunicado.
La Cancillería señaló que las negociaciones de los tomateros mexicanos con el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés), han sido “complejas”, y que, además, han aceptado un alto nivel de control e información en la frontera norte, impuesto por la propia institución estadounidense.
Sin embargo, México no puede aceptar las condiciones extremas adicionales propuestas, incluida la inspección en la frontera de 100 por ciento de las cargas en tránsito, lo cual conllevaría retrasos de hasta tres días. La parte mexicana tampoco puede asumir el compromiso de que sus contratos de venta en EE.UU. no admitirán rembolso por producto dañado, lo cual haría muy difícil firmar contratos de compra, indicó la SRE.
Ese mismo día, la Asociación de Productos Frescos de las Américas (FPAA, por sus siglas en inglés) pugnó porque se resuelva un nuevo Acuerdo de Suspensión del Tomate para proteger los empleos en Estados Unidos, prevenir la escasez de producto y una mayor alza en los precios para los consumidores de ese país.
El organismo dijo que desde que la cuota compensatoria entró en vigor el 7 de mayo, las compañías individuales estadounidenses han acumulado más de 100 mil dólares en impuestos para tratar de atender a sus clientes, cuya cadena de suministro se vio interrumpida.
“Los costos de los impuestos del 17.56 por ciento son sólo una barrera, junto con los depósitos en efectivo obligatorios y la naturaleza punitiva de los requisitos de Comercio, que perjudican a los importadores estadounidenses multigeneracionales cuyos medios de vida dependen de este negocio”, abundó la FPAA.
Muchas empresas de distribución de alimentos de Estados Unidos ya han perdido numerosos contratos con clientes y proveedores, aseguró. “Se están acumulando derechos punitivos que ascenderán a millones de dólares que serán efectivamente pagados por el público estadounidense”, indicó la Asociación.
“Se están interrumpiendo las cadenas de suministro debido a la falta de una resolución con los consumidores encontrando que sus tomates favoritos madurados han salido de algunos supermercados”, advirtió el presidente de la FPAA, Lance Jungmeyer, en un comunicado.
La Asociación reprochó que los productores de Florida hayan rechazado la propuesta más reciente que los tomateros mexicanos hicieron el pasado miércoles 22 de mayo para llegar a un nuevo Acuerdo de Suspensión. “Una solución oportuna a un nuevo Acuerdo de Suspensión de Tomate es lo mejor para los compradores estadounidenses y las compañías involucradas en la venta de esta hortaliza”, defendió la FPAA.
Esto no sólo beneficiará a los importadores, sino también a los minoristas, mayoristas, compañías de transporte, proveedores de servicios de alimentos y cualquier otra industria que trabaje con el industria del tomate, añadió la Asociación en su comunicado.
