El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, de la Ciudad de México, levantó ayer martes el bloqueo sobre las cuentas bancarias del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, así como las de su esposa Ana Lilia López Torres; además de las de Lidy Alejandra Sandoval López y Pablo Roberto Sandoval López, hijos del político.
El juez federal Francisco Gorka Migoni Goslinga concedió la suspensión provisional en el amparo promovido por Sandoval Castañeda y su familia contra la orden de bloqueo, dictada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el pasado viernes 17 de mayo.
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Ello después de que ese mismo día, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el ex gobernador nayarita del 2011 al 2017, tiene presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis, por la cual todos sus activos financieros quedaron bloqueados en territorio estadounidense, como parte de un acto administrativo. Sin embargo, no existe aún una acusación penal en su contra en EE.UU.
“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables levanten el bloqueo de las cuentas señaladas, a fin de que los quejosos dispongan de los recursos en ellas contenidos”, ordenó el fallo del Juzgado sobre uno de los tres amparos que el ex mandatario estatal promovió el pasado 3 de junio, para liberar sus cuentas bancarias: una a título personal, una por una de sus empresas y otra por una asociación civil.
Tres días después, el 6 de junio, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa pidió a Sandoval Castañeda precisar los actos que reclamaba, las cuentas bancarias que defendía y los hechos en que se basaba su demanda, antes de resolver si la admitía a trámite.
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Finalmente el juzgado aplicó jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vigente a partir del 31 de mayo, que ordena suspender los bloqueos dictados por la UIF, salvo los que sean resultado de una solicitud de colaboración internacional.
Las dos Salas de la SCJN declararon, desde 2018, que es inconstitucional la facultad de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial, prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, aún no reformado por el Congreso de la Unión.
El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa deberá resolver el próximo 1 de julio si concede la suspensión definitiva para Sandoval Castañeda y su familia, misma que podría ser negada si la UIF acredita alguna solicitud por parte del Gobierno estadounidense.
Por otra parte, la empresa Agromilenorte, con sede en Saltillo, Coahuila, y la asociación civil Valor y Principio de Dar, el juez Migoni Goslinga les negó la suspensión definitiva contra el bloque de sus cuentas bancarias el pasado 14 de junio.
El pasado 17 de mayo, el Gobierno estadounidense explicó que el ex mandatario nayarita presuntamente habría recibido sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación, además de que pudo haber incurrido en la apropiación indebida de activos estatales.
Desde que fue alcalde de Tepic (2008-2011), Sandoval Castañeda se apropió “indebidamente” de bienes del Estado y recibió sobornos por parte de organizaciones de tráfico de estupefacientes, incluido el CJNG, a cambio de información y protección, indicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Además, Sandoval Castañeda aceptó previamente sobornos de la organización Beltrán Leyva y también tiene vínculos con la Organización Flores, y su líder, Raúl Flores Hernández, que la OFAC identificó como narcotraficante extranjero, conforme a la Ley Kingpin en 2017.
El Gobierno de EE.UU. también designó a tres de los miembros de la familia de Sandoval Castañeda, como sus cómplices, que han actuado en su nombre para apoderarse de activos “mal habidos”, entre ellos: Ana Lilia López Torres, esposa del ex gobernador; Lidy Alejandra Sandoval López y Pablo Roberto Sandoval López, hijos del político nayarita.
“Sandoval Castañeda y estos miembros de familia siguen disfrutando de los beneficios ilícitos de sus esquemas de corrupción”, abundó la OFAC, que también designó a cuatro empresas, por ser propiedad o controladas por el ex gobernador: Bodecarne, SA de CV (carnicería), Iyari (tienda de ropa y accesorios), L-Inmo, SA de CV (bienes raíces), y Valor y Principio de Dar, AC (fundación de tenencia de la tierra).
En el documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, se señala, también, al magistrado Isidro Avela Gutiérrez, por haber recibido supuestos sobornos del CJNG y Los Cuinis a cambio de proporcionar fallos judiciales en favor de algunos miembros importantes de la delincuencia organizada.
