Cerca de concluir la administración panista, la oficial mayor y próxima diputada por el PAN, ordenó la compra de una camioneta de lujo para el secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante, involucrado en actos de corrupción y actualmente cercano al equipo de Morena. En la empresa proveedora se encuentra entre los propietarios Mauricio Fernández Margain, ex socio de Jorge Ramos y beneficiario por 228 millones de pesos del gobierno del “Patas” por el litigio de unos terrenos
Por medio de la Oficialía Mayor que titula Loreto Quintero, el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Carlo Humberto Bonfante, ordenó se le comprara una camioneta Chevrolet Suburban de lujo, con calefacción en los asientos de piel, control del estéreo al volante, cámara trasera, rines cromados de 20 pulgadas, entre otras exigencias.
Por los requerimientos del secretario, quien actualmente se encuentra en Europa junto al mandatario Francisco Vega de Lamadrid, el gobierno de Baja California ordenó la compra y autorizó el pago de 951 mil 499 pesos.
La empresa beneficiada fue Central de Motores de Mexicali, SA de CV, la cual tiene entre sus socios a Mauricio Fernández Margain, cuyos padres fundaron. El empresario es cercano a políticos del Partido Acción Nacional (PAN) y ha mantenido tratos con gobiernos panistas que le han asegurado millonarias sumas.
SEGÚN “KIKO” ESTABA PROHIBIDO
El 13 de enero de 2017, tras días de manifestaciones multitudinarias de repudio en Baja California, el gobernador sacó la cara. Convocó a la prensa para dar un mensaje que marcaría su administración. Acompañado de sus principales secretarios, anunció la abrogación de la Ley del Agua que había provocado, junto con otras políticas de su gestión, la inconformidad social.
En esa ocasión, Vega de Lamadrid anunció la implementación de una serie de acciones que supuestamente fortalecerían la economía de las familias bajacalifornianas. Para ello firmó un acuerdo de 18 medidas de austeridad, como disminuirse el sueldo y el de los secretarios, ahorrar en luz eléctrica y no volver a comprar vehículos en su administración.
“Les anuncio que he dado instrucciones para que no se adquieran desde el día de hoy hasta la conclusión de mi mandato, ningún vehículo, a excepción de los vehículos que tienen que ver con los cuerpos de seguridad y protección civil, salud y desarrollo social”, prometió con su palabra y su firma.
LO QUE USTED QUIERA, SECRETARIO
Como el gobernador sostuvo públicamente que solo se comprarían unidades de emergencia, la camioneta que ordenó Bonfante se metió en una flotilla de más de 40 vehículos para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Foto: Tomada de Internet.- Loreto y Bonfante al lado del gobernador cuando anunció que no se comprará un vehículo más.
Según los documentos que registran el proceso de compra de los vehículos a mediados de 2018, el “órgano requirente”, en este caso el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), solicitó las siguientes características que describen en su totalidad a una Suburban de agencia:
* Camioneta 2018
* Color Champagne Metálico o plata
* Motor Vortec 8 cilindros, de 5.3 litros Active Fuel Management
* Automática de 6 velocidades
* Asientos en piel y con calefacción, segunda fila de cubo y tercer asiento plegable
* Faros de niebla
* Aire acondicionado con control electrónico de doble zona, asiento trasero independiente de cabina frontal
* Radio con pantalla táctil de cristal liquito a color con controles eléctricos, reloj digital
* MP3 y DVD, entrada para audífonos en compartimiento trasero
* Volante con control de audio y velocidad
* Rines cromados de 20 pulgadas
* Control remoto para abrir y cerrar los seguros de las puertas
* Bolsas de aire laterales de cortina para las tres filas de asientos
* Sistema de encendido remoto
* Cámara trasera, activada en reversa
* Espejo retrovisor sensible a la luz, entre otras.
LICITACIÓN A MODO
En 2018, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California que encabeza Loreto Quintero, próxima diputada local (quien fue la candidata número uno de la lista plurinominal en la pasada elección), lanzó la licitación pública regional número 32065001-008-18.
Fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, en el diario El Mexicano y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales (ComprasBC). El primero de marzo, cuatro empresas ya se habían registrado para participar en el denominado Suministro de Vehículos para Gobierno del Estado.
La convocatoria lanzada por el Comité que encabeza Loreto Quintero fue para adquirir 46 vehículos, todos para la PGJE, excepto la camioneta de lujo para Bonfante, por cierto, la más cara de todas las unidades adquiridas. En esa licitación el Gobierno del Estado desembolsó 22 millones 149 mil 142 pesos.
Las bases de la licitación -consultadas por ZETA- establecían únicamente “características” de cada vehículo que se compró, tan específicas que son las otorgadas por los fabricantes y distribuidores de diferentes marcas. Es decir, pese a que la licitación no mencionaba la línea de los carros, camiones, camionetas o pick-ups, solamente los concesionarios de las marcas específicas pudieron hacer sus propuestas económicas y, al ser las únicas, el negocio estaba consumado.
Por ejemplo, la licitación describía el mayor número de vehículos, modelos de la marca Ford: un camión F-350, 19 unidades pick-up F-150 doble cabina, 19 más con cabina regular y dos unidades 4×4 F-150.
En total, 41 vehículos Ford por un pago de 20 millones 745 mil 324 pesos a la empresa Automotriz del Valle de Baja California, SA de CV, propiedad del ex gobernador panista Eugenio Elorduy Walther y cuyo hijo, Eugenio Elorduy Blackaller, aparece como representante legal en documentos públicos de 2018.
DE MAURICIO FERNÁNDEZ Y COSAS PEORES
En marzo del mismo año, “una vez efectuado el análisis de la propuesta económica –refieren los documentos del fallo de la licitación- se dictamina como la opción más conveniente adjudicar la contratación del ‘Suministro de vehículos para Gobierno del Estado’ a los licitantes. Entre ellos a la Central de Motores de Mexicali S.A DE C.V con un monto total de 820 mil 259 pesos y 62 centavos más el 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”.
El Comité estableció que, dentro de los 20 días naturales siguientes a la notificación del fallo, Oficialía pondría los contratos a disposición de las empresas ganadoras. En el caso de la camioneta de la Sedeco, a diferencia del resto de los vehículos, se tendría que entregar en los siguientes siete días. En la página de Transparencia del Gobierno del Estado, el contrato no se encuentra público.
Montos autorizados / Exigencias de lujo
Según el acta constitutiva de Central de Motores de Mexicali, la empresa se creó en 1989 con Mauricio Fernández Margain, entonces de 19 años de edad, y sus padres Ángel Fernández Quintana y Silvia Margain Martínez de Fernández como socios mayoritarios.
Tras la muerte de Fernández Quintana en 2003, su hijo se hizo cargo de este y otros negocios y propiedades, a la vez que se asoció con políticos como Jorge Ramos Hernández, con quien en 2010 formó la empresa Diversiones Galerías para construir Plaza Galerías en Tijuana. En ese entonces, el panista continuaba despachando como alcalde de Tijuana.
A Fernández Margain se le identifica principalmente por ser el propietario de las agencias concesionarias Ford en Tijuana y Chevrolet en Mexicali, lo cual le ha valido varios contratos de gobierno, particularmente con administraciones panistas.
Este año, el Ayuntamiento de Tijuana interpuso una denuncia penal contra Jorge Ramos y ex funcionarios de esa administración, ya que perdieron un litigio interpuesto por Fernández Margain como propietario de la empresa Roma Food Enterprise, para obtener 228 millones de pesos del gobierno municipal, a raíz de un convenio de promesa de compraventa -iniciado por su padre en 1995- para la adquisición de terrenos donde hoy se encuentra la estación policiaca Margarito Saldaña, el cual quedó sin efectos años atrás, pero que, entrada la alcaldía de Jorge Ramos, Fernández Margain decidió reclamar y obtuvo una resolución favorable en tribunales civiles.
Los antecedentes del empresario ligado al Partido Acción Nacional no quedan ahí. De 2013 a 2016, evadió 883 mil 594 pesos de pago del Impuesto Predial por propiedades a su nombre y al de su madre en zonas de alta plusvalía de Tijuana como Hipódromo, Zona Río y 20 de Noviembre, por medio de un amparo.
Además, cuando al regidor Luis Torres Santillán, también emanado del PAN, se le procesaba penalmente en San Diego por lavado de dinero en 2017, la residencia que apareció en registros oficiales era propiedad de Silvia Margain Martínez de Fernández, madre de Fernández Margain.
La lujosa residencia, ubicada en el mismo fraccionamiento donde Elba Esther Gordillo tenía una mansión en la Isla Coronado, era rentada a Fernando Beltrán, otro empresario con nexos a gobiernos panistas, quien en su momento dijo haber prestado el domicilio a Torres Santillán por tratarse de su concuño.
GOBIERNO DESCONOCE COMPRA PARA BONFANTE
ZETA solicitó una entrevista con Carlo Bonfante, con el secretario de Finanzas Bladimiro Hernández y con la oficial mayor Loreto Quintero. Sin embargo, ninguno fue capaz de justificar la compra de la camioneta.
Bladimiro Hernández fue el único que respondió vía telefónica, y declaró, “ese tema lo conduce Oficialía Mayor, sería con la Contadora Loreto Quintero. Sin embargo, buscaré los datos y te los envío”, lo cual, hasta el cierre de esta edición, no sucedió.
Bonfante, de lo más oscuro en el gobierno
Carlo Bonfante Olache es uno de los funcionarios estatales más señalados por actos de corrupción. En 2015, ZETA publicó una investigación sobre la distribución de más de 14 millones de pesos en fondos federales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico, a Industrias Zahorí, propiedad de Bonfante y su familia; así como a otras compañías de amigos, socios y empresas fantasma.
Otros 50 millones de pesos a los mismos fondos, entregados entre 2013 y 2015, fueron a dar a empresas sin registro ni domicilio físico.
Además, Industrias Zahorí fue investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por realizar operaciones financieras simuladas para evadir impuestos. De 2013 a 2015, la empresa recibió 239 millones de pesos en devoluciones hasta que la dependencia identificó la falta de información y documentación que respaldara las operaciones.
En la denuncia, a la cual ZETA tuvo acceso, se documenta cómo Bonfante utilizó su cargo para amedrentar al empleado del SAT que investigaba estas irregularidades.
Las denuncias contra el secretario también han llegado desde la iniciativa privada. En 2017, el gobierno estatal giró un oficio en el que se indicaba que todo contratista o proveedor estaba obligado a adquirir el asfalto requerido para obra pública de solo dos empresas, una de estas, Industrias Zahorí.
Además, como también lo dio a conocer este Semanario, el integrante del gabinete de Francisco Vega de Lamadrid obtuvo dos hectáreas de tierra en Mexicali por medio de la Reforma Agraria, esto porque Bonfante Olache se hizo pasar “de ocupación campesino” en el documento expedido por el Gobierno Federal en 2011, que le concede la propiedad de las tierras ejidales.
En el caso de Bonfante, el director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Raúl Reynoso, dijo que se encontraba de gira por Europa, por cierto, junto con Alfredo Babún, subsecretario de Desarrollo Económico y el gobernador del Estado.
A decir por Reynoso, tras revisarlo con el área administrativa de la Sedeco se negaba la existencia de la petición de tal vehículo en 2018, que no hubo tal solicitud para la compra, desconociendo también la licitación y la adquisición.
De igual forma, asentó que la camioneta con la que contaba el secretario era modelo 2016 y se adquirió en ese año, e insistió en que no hubo, no había y no habrá esa licitación.
Mientras que, por medio de su Dirección de Comunicación Social, la PGJE reconoció la compra y la entrega de cada uno de los vehículos adquiridos y solicitados en la licitación.
