Emilio Lozoya Austin es sin duda un hombre escurridizo.
Pero su abogado, el experimentado Javier Coello Trejo, lo está evidenciado como el cabo suelto, al azuzar que de ser necesario llamaría a testificar en el caso que la Fiscalía General de la República le sigue por lavado de dinero, particularmente por sospechosas adquisiciones y dineros que habría recibido extraoficialmente, cuando fue director de Petróleos Mexicanos, a ex funcionarios y al ex Presidente de la República.
Coello ha justificado con hipótesis lógicas en el entramado de la administración pública, que su cliente actuó conforme le fue dictada la acción de sus superiores. Literalmente ha dicho que “no se mandaba solo”. Que siempre hubo alguien en niveles jerárquicos superiores, que estuvo al tanto de las adquisiciones de Pemex y el aval para las mismas. Además que las compras no fueron sobre fierros viejos, como se ha dicho por ejemplo en el caso de Agro Nitrogenados, sino la adquisición de activos materiales.
En ese “no se manda solo”, allá por la última semana de mayo de 2019 Javier Coello declaró que si era necesario, mandaría llamar a declarar al Secretario de Hacienda, al de Economía, al de Energía y al propio Presidente de la República, que fueron en el sexenio de 2012 a 2018, o sea, a Luis Videgaray, a Ildefonso Guajardo, Pedro Joaquín, y a Enrique Peña Nieto.
Lozoya, a pesar de los señalamientos de probables actos de corrupción cuando fue miembro del equipo de campaña del candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, y posteriormente después de su incursión en Pemex, ha logrado salvar la batalla. Incluso después de una orden de aprehensión, cateos y congelamiento de cuentas, lo suyo ha sido ocultarse de tal forma que su abogado, el mismo Coello, dice que “no lo van a detener, porque no lo van a encontrar”, a pesar que asegura, no ha abandonado, el ex funcionario, la Ciudad de México.
Realmente más allá de las teorías de conspiración que desde fuera del Gobierno, o de la defensa de Lozoya, pudieran hacerse, a los ex funcionarios federales no se les ve preocupados. El desahogo del ex Presidente bailando sin pena y trasnochado en una boda, es el más claro ejemplo.
Las amenazas de Lozoya, en palabras de su abogado, no han hecho que cunda el pánico entre quienes fueron parte de la pasada administración federal. Al menos claro, que también ahí haya un pacto, que pueda confirmarse en las recientes declaraciones de Javier Coello, al deslindar a su cliente de entre los testigos protegidos que pudieron ser claves para la investigación que se supone (de acuerdo a una nota de El Universal) se realiza a Peña Nieto en los Estados Unidos. Coello para defender a Lozoya, dijo que su cliente era leal, evidentemente se refería a su relación de amistad con Peña Nieto, aunque un mes antes, envalentonado, haya desafiado con mandar citar al ex Presidente.
Lo que sí es que Coello acusa directo. En entrevistas con medios de la Ciudad de México ha dicho que su cliente es víctima de una campaña en su contra, que concluyó en una investigación ministerial y judicial, orquestada por el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, quien era superior del director de Pemex al momento de las adquisiciones sospechosas que están en investigación. Así lo dijo Coello, “mi cliente no cometió ningún ilícito, no firmó el contrato, él recibía instrucciones del Consejo de Administración de acuerdo a ley de Pemex. Una operación de esta envergadura como dicen que fue de más de 200 millones de dólares, obviamente que tenía que autorizarlo el Consejo de Administración. Tiene razón Gertz, que se vaya hasta el fondo hasta donde toque, quieren erradicar la corrupción, vámonos a fondo, caiga quien caiga”.
Ciertamente los señalamientos y “las investigaciones” contra Lozoya iniciaron en el sexenio de Peña, cuando sólo la confabulación del entonces Procurador General de la República, Elías Beltrán, lo defendieron. Este último prácticamente congeló el caso que ahora el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, está obligado a desenmarañar, sea para llevar al ex director de Pemex a la cárcel o para deslindarlo de responsabilidades criminales.
La serenidad de los exfuncionarios, la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para investigar a los ex presidentes (ha pospuesto la prometida consulta al respecto de manera sistemática), y la falta de capacidad de la Fiscalía General para concretar un caso sólido y encontrar a Emilio Lozoya en la Ciudad de México, son elementos que preocupan cuando lo que se requiere es justicia y combate a la corrupción, especialmente después de los señalamientos contra el ex director de Pemex, que han sido consignados en tribunales en el extranjero y relatados en investigaciones periodísticas, dando cuenta de tráfico de influencias, sobornos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en meses recientes y oficialmente, lavado de dinero.
Alejandro Gertz Manero dijo al cumplirse los 100 días de su llegada a la Fiscalía General de la República, que pronto tendrían resultados en el caso Odebrecht, pero pasan los días y no hay aprehensiones, eso sí, hay mucho espectáculo mediático sin información oficial.
Total, que a cómo van las cosas, Emilio Lozoya podría pasar de ser el cabo suelto de la corrupción en el sexenio de Peña, al engaño para mantener la impunidad en la corrupción del sexenio pasado.
