La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó este lunes la acusación de que haya encubierto actos de tortura en el caso Ayotzinapa y aseguró que fue la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la que obstaculizó la indagatoria.
Organizaciones civiles acusaron que la CNDH encubrió la tortura a la que fue sometido Carlos Canto Salgado, detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Marina (Semar), por su supuesta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre del 2014.
La Comisión no incluyó a Canto Salgado en su Recomendación 15VG/2018, en la que concluyó que solo ocho personas fueron torturadas. Sin embargo, en un video difundido en las diversas redes sociales, se observa al hombre, vendado de los ojos, atado de las manos y con una bolsa de hule en la cabeza.
“La Comisión Nacional no ha encubierto y rechazo esa información falaz […] No hay que confundirnos, la CNDH señaló que había violaciones a los derechos humanos de esta persona, que fue detenido arbitrariamente, que tuvo una retención ilegal, y con las pruebas que obtuvimos determinamos tratos crueles, inhumanos y degradantes”, afirmó Luis Raúl González Pérez.
El ombudsman nacional agregó que la CNDH presentará una denuncia penal para que se indaguen los actos de tortura evidenciados por el video difundido en redes sociales, pero también el entorpecimiento que hizo la entonces Procuraduría General de la República.
“Debo de señalar que ahí están los obstáculos que enfrentamos. La PGR se negó a proporcionarnos información sobre ese caso, como en otros tantos, no nos dio la información con que seguramente contaba […] No conocíamos el video. Solicitamos la información, la pedimos oficialmente, siempre he señalado los obstáculos que nos puso la PGR para investigar, este es uno más”, aseguró Gonzáez Pérez.
El ombudsman planteó que la CNDH coincide con la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la cual señaló que tenía fuertes elementos de convicción sobre actos de tortura perpetrados contra 34 personas detenidas por la desaparición de los 43 normalistas.
“Nosotros con la información que tuvimos llegamos a que había casos de tortura (en 8 casos), pero que había otros casos donde las pruebas nos daba para tratos crueles, inhumanos o degradantes, sin que esto sea óbice de que las indagatorias penales profundicen si pueden haber conductas de mayor gravedad”, aseveró González Pérez.
“La fallida actuación de la CNDH en este rubro es consistente con su deficiente aproximación a la investigación de la tortura en México, caracterizada por encuadrar como tratos crueles casos donde la tortura es manifiesta y flagrante, por ello, [el video] confirma también los sesgos y limitaciones de su recomendación. Acredita que la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable”, habían señalado el Centro Prodh, Tlachinollan, Fundar y Serapaz.
“Si esta institución no avanza decididamente en la investigación de quienes cometieron irregularidades y violaciones a derechos humanos, si no fortalece el equipo de investigación del caso, si no realiza nuevas acusaciones y si continúa apoyándose más en la recomendación de CNDH que en el trabajo de los organismos especiales, se perderá la oportunidad de esclarecer plenamente el caso”, plantearon las ONG’s.
Por su parte, la ONU-DH, que en México dirige Jan Jarab, pidió que tras la difusión del video documentado en el informe del organismo internacional: “Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, el Gobierno federal debe sancionar a los perpetradores y sus superiores jerárquicos.
“A la luz de la nueva evidencia sobre la tortura hacia uno de los detenidos, será fundamental que el Gobierno mexicano tome acciones concretas y contundentes para sancionar a los funcionarios públicos que cometieron esos y otros actos semejantes, así como a sus superiores jerárquicos”, expuso la ONU-DH.
“Los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa no fueron casos aislados y tampoco son ajenos a la forma en que operan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en México, estas violaciones ocurren, además, bajo el cobijo de la impunidad y la corrupción”, indicó el organismo internacional.
“Es momento de romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del caso Ayotzinapa, y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano en la verdad y la justicia para todos los implicados con estricto apego a los derechos humanos”, agregó Jarab.
El video del que hace referencia se viralizó el fin de semana pasado, y en él, aparece el presunto delincuente Canto Salgado siendo torturado por Carlos Gómez Arrieta, entonces titular de la Policía Federal Ministerial y quien el sábado renunció al cargo de subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.
“Ante los hechos públicos denunciados en medios de comunicación, Carlos Gómez Arrieta decidió separarse del cargo de Subsecretario de esta dependencia, a fin de facilitar y atender las investigaciones que se deriven”, informó la Secretaría de Seguridad Pública michoacana en su cuenta de Twitter.
