El diputado priista Bernardo Padilla Muñoz señaló como responsable de la “crisis” financiera que vive Baja California al auditor Superior del Estado, Carlos Padilla Villavicencio, de quien dijo “debe terminar en la cárcel”, porque ha engañado al Estado.
“Él manda las opiniones y dictámenes de lo que hoy, el ingeniero Bonilla y su equipo ya se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo” en la entidad, aseguró el legislador, quien dijo que presentará un exhorto en el Congreso.
A pregunta expresa de ZETA de si él interpondrá una denuncia penal contra el funcionario señalado, Padilla Muñoz aseguró que a partir del exhorto se sustentará una denuncia aunque no precisó fecha para tramitarla.
Durante su participación en la sesión del Colegio de Abogados Emilio Rabasa A.C., Padilla Muñoz negó que su bancada le haya quedado a deber a los bajacalifornianos con todo y que minutos antes dijo que sus compañeros diputados del PRI habían hecho un pésimo papel al aprobar el decreto 335, con el que se validó el refinanciamiento de la deuda, las Asociaciones Público Privadas (APP) de la desalinizadora de Rosarito y del Segundo Piso, así como la adquisición de un nuevo empréstito de 2 mil 600 millones de pesos.
Con el refinanciamiento de la deuda (de entre 8 y 12 mil millones de pesos), la administración de “Kiko” Vega pretendía pagar los créditos de corto plazo -que ascienden a cerca de 6 mil millones-, y “dar el enganche” de las APP.
“Y después, a un despacho externo pagarle entre 200 y 280 millones de pesos por traerte al banco”, pese a que “cualquier ejecutivo o director regional se pelea, se tira a matar por financiar a un gobierno”, indicó el legislador.
Dicho que contrasta con lo que finalmente ocurrió el martes pasado cuando siete bancos se dispensaron de emitir una propuesta en firme, por lo que la licitación del refinanciamiento se declaró desierta.
Por otro lado, Bernardo Padilla Muñoz denunció que en Playas de Rosarito estaba presupuestada la construcción de malecón turístico, con un costo de poco más de 68 millones de pesos, y que fue asignada, vía adjudicación directa, a una empresa (filial de Grupo Melo) por más de 20 millones de pesos sin que hasta el momento de haya hecho.
