El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), Juan Manuel Hernández Niebla, así como los titulares de Coparmex Tijuana, Mexicali y Ensenada y de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública de Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada se encuentran demandados por la empresa Seguritech, la cual los acusa de “pronunciamientos maliciosos y sin sustento”.
Seguritech es la empresa a la que el gobierno de Baja California le entregó un contrato plurianual por 789 millones de pesos para la construcción e instalación del C5i, un centro de videovigilancia severamente criticado por los organismos ciudadanos de seguridad pública y empresariales.
Tanto el CCSP, Coparmex como los Comités explicaron que, entre las principales irregularidades del contrato, están los sobreprecios en el contrato, cláusulas que favorecen a la compañía y en general, una falta de transparencia.
Por ello, interpusieron un amparo para suspender la obra. Desde el año pasado, Hernández Niebla había sido demandado por difamación por parte de la empresa, luego de que en una conferencia de prensa señalaran dichas irregularidades y los intereses ocultos entre el gobierno y Seguritech para favorecerlos con el contrato.
Al gobierno no le gusta que alcemos la voz:
Posted by Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California on Saturday, June 1, 2019
Sin embargo, el empresario denunció ayer una campaña negra en su contra en algunos medios de comunicación, así como una segunda demanda en su contra, de los titulares de los organismos que se sumaron a la firma del amparo y en la que se incluyen además a periodistas de ZETA, Google y hasta Facebook.
Hernández Niebla calificó la demanda como un atentado contra la libertad de expresión y en un video publicado en la cuenta de Facebook del CCSP, señaló “al gobierno no le gusta que alcemos la voz”.
Detalló como hace unos meses, “interpusimos un amparo contra el gobierno del Estado para frenar su plan de comprar el multimillonario sistema de seguridad llamado C5i, lo hicimos porque los bajacalifornianos ya estamos hartos sobre los malos manejos del dinero para atender el problema de inseguridad que vivimos”.
Continuó “desafortunadamente, la empresa contratada para llevar a cabo este proyecto ha tomado represalias, demándanos a mi como presidente del CCSP y al resto de las personas que firmaron el amparo que representamos los intereses de las personas preocupadas por la seguridad en nuestro estado”.
“Honestamente, solo dijimos la verdad. Ahora que la decisión del tribunal se acerca, emprenden esta demanda y una campaña negativa en medios con un único objetico que nos callemos y los dejemos hacer de las suyas en paz”, añadió.
Y concluye “solo unidos podemos detener los abusos de esta empresa para que entiendan que como ciudadanos tenemos el derecho de exigirle a nuestras autoridades que el dinero de nuestros impuestos se maneje en proyectos transparentes., basta ya”.
