Los activistas pro migrantes Cristóbal Sánchez, de Cultura Migrante, e Irineo Mujica, líder de Pueblos Sin Fronteras, fueron trasladados en días pasados a Tapachula, Chiapas, donde el próximo martes sostendrán la audiencia de vinculación o no a proceso, debido a las acusaciones en su contra de supuestamente pedir dinero a migrantes a cambio de traslados hacia Estados Unidos.
Mediante un video compartido en redes sociales, Gina Garibo, integrante de Pueblos Sin Fronteras, señaló que luego de una visita en el lugar donde se encuentran detenidos, estuvieron platicando que los activistas no estaban en el lugar ni el momento en el que autoridades señalan que se encontraban para imputarles algún delito, por lo que pidieron se esclarezcan ambos casos.
“Ellos son completamente inocentes y creemos en su palabra y su compromiso con la justicia, creemos en su compromiso de que este mundo sea un mundo mejor; queremos justicia para Irineo y para Cristóbal”, dijo.
Alex Mensing, también de Pueblo Sin Fronteras, resaltó que le daba “mucho dolor y coraje” ver a Irineo y Cristóbal tras las rejas y ver cómo estos dos defensores de los derechos humanos se les está criminalizando completamente y de tal manera como lo han hecho las autoridades mexicanas.
Por lo tanto hizo un llamado a la solidaridad con los activistas, debido a que el próximo martes van a tener su audiencia frente al juez, donde se va a decidir si los vinculan a proceso o no.
Previo a esta audiencia, este lunes realizarán una conferencia en Tapachula para hablar sobre esta situación y todo lo que hay entorno a ello y esperan que en todo el país haya acciones de solidaridad.
“Queremos que hagan manifestaciones pacíficas, vigilias y que se lancen mensajes desde las personas que los conocen y no dejarlos solos, queremos que México respete los derechos de estos dos defensores de derechos humanos”, puntualizó.
La organización Pueblo Sin Fronteras ha manifestado que ambos activistas fueron arrestados, Irineo en Sonora y Sánchez en Xochimilco, como represalia a su labor de defensa de los derechos humanos, por lo tanto las acusaciones en su contra son “falsas”, y producto más de una campaña de criminalización del gobierno mexicano bajo la fuerte presión por el gobierno de Estados Unidos.
