Veintisiete periodistas asesinados y ocho desaparecidos después, en Veracruz nada ha cambiado y apenas se están vislumbrando las verdaderas dimensiones de más de una década de violencia
Sayda Chiñas Córdova
El día de trabajo de los periodistas en Veracruz transcurre entre panteones clandestinos y homicidios, entre zonas inaccesibles y peligrosas, vigilados por los grupos de la delincuencia, las fuerzas de seguridad y los procuradores de justicia. Es así, porque aunque la entidad es una de las más violentas por los casos de agresiones a reporteros, no hay interés de las autoridades para disminuir la intimidación. La impunidad prevalece.
En Veracruz, un foco de atención en materia de seguridad pública para el nuevo gobierno federal, apenas se están dimensionando las consecuencias reales de la violencia de los últimos 12 años. Desde la administración de Fidel Herrera, han desaparecido cientos de personas y se han hallado un puñado de terrenos donde algunas fueron sepultadas como Arbolillo, Colinas de Santa Fe, La laguna y la más reciente, La Guapota, tan solo a 40 minutos del puerto de Veracruz, donde se estima que existen alrededor de 200 cadáveres. En total poco más de 400 fosas y un número indeterminado de restos humanos.
Las células de Los Zetas y el Cartel de Jalisco se disputan los territorios y asesinan a personas que se encuentran en la infraestructura de vigilancia, de distribución o de lavado de dinero. Desde el 2011, cuando irrumpió el segundo grupo, los homicidios dolosos se dispararon en el estado. En el último encuentro entre estos dos grupos, 13 personas fueron asesinadas al interior de un salón de fiestas de Minatitlán.
Los periodistas se encuentran en medio de esta pelea. “La violencia se ha apoderado de las agendas de los reporteros, no solo de los que hacemos periodismo de investigación, sino también quienes están en el diarismo”, dice Miguel Ángel León Carmona, reprotero de e-Consulta y la Silla Rota. “Los reporteros no tienen el respaldo de las empresas para las que trabajan. Viajamos con viáticos limitados, cuidando la gasolina por si hay una emergencia, no tenemos seguro médico, ni seguro de vida”, añade León Carmona.
Para cubrir los municipios de un estado tan extenso —unos 71 mil kilómetros cuadrados— los reporteros buscan apoyarse con otros colegas, no solo para estirar el presupuesto, sino también para protegerse. Desde 2005 han sido asesinados 24 periodistas en el estado, según la Comisión Estatal de Antención y Protección a Periodistas (CEAPP) y a otros tres colegas los mataron en Oaxaca y Ciudad de México por su labor periodística en Veracruz. Desde 2000, además, ocho periodistas veracruzanos están en calidad de desaparecidos.
Pero nada ha cambiado en las dos últimas administraciones.
“Las condiciones de seguridad siguen igual que en los últimos años, vas al campo sin ningún tipo de garantía, solo tienes los grupos de Whats App que pueden ayudar a alertar a los compañeros o a la CEAPP cuando te sientes vulnerable y ellos les avisan a las autoridades, pero no hay más”, explica Tamara Corro, de Imagen Televisión.
Los dos últimos gobernadores prometieron en sus discursos transparencia y apertura a los medios, sin embargo, los periodistas denuncian que la intimidación y la opacidad sigue siendo la constante.
“En Arbolillo llegamos a las fosas preguntando, no hubo información oficial. Irrumpimos en el predio porque no había delimitación del perímetro. Ahí estaban todavía los cuerpos. Son cosas que no queremos sacar, pero tenemos que informar de lo que esta pasando”, dice Roxana Aguirre, corresponsal de La Jornada Veracruz.
Desde la administración de Javier Duarte de Ochoa a la de Cuitláhuac García, el cerco informativo se mantiene en todos los temas de seguridad y derechos humanos. Los reporteros entrevistados dicen que el bloqueo informativo por parte de las autoriades es una constante en la mayor parte de las coberturas y solo se dan facilidades a reporteros afines a grupos de poder. Existe una simulación de proteger al gremio y respetar la libertad de expresión y ningún interés en combatir la impunidad. De doce casos de homicidios de periodistas en activo y de tres desaparecidos revisados por esa Comisión, sólo en cinco casos se reporta un avance sustantivo, “ya sea porque se detuvo y formalizó acusación en contra de algún probable responsable de la comisión de algún delito o se emitió sentencia condenatoria”.
El diagnóstico de la CEAPP señala que “los principales agresores se encuentran grupos de la delincuencia organizada, servidores públicos, elementos de seguridad, particulares y casi la mitad, autores desconocidos, esto derivado de amenazas u hostigamientos generados en redes sociales o entornos digitales”.
Este organismo es único en el país exclusivo para periodistas fundamentado en una ley y otras entidades quieren replicarlo. Violeta Santiago, corresponsal de Aristegui Noticias, dice que la comisión solo ha apoyado a los periodistas afines y que las medidas no son efectivas. El mayor problema, además, es que los comisionados de la gran apuesta para la protección de periodistas son elegidos de una terna que manda el gobernador del estado.
