Faltaban menos de tres horas para las 8:30 de la noche del lunes 6 de mayo, cuando el diputado Ignacio García Dworak, del Partido Acción Nacional, inició sus llamadas telefónicas. Por la tónica de su conversación, se supone fue el encargado de hablar a los diputados del PAN para que acudieran a una sesión convocada de albazo y en día inhábil, para elegir a un magistrado para el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
El diputado erró el destinatario de su petición en uno de los números telefónicos. Es de suponer que tenía la intención de hablar con la legisladora suplente Lourdes Bueno, pero realmente marcó al teléfono celular de otra Lourdes. Suena lógico el equívoco del cual no se dio por enterado el diputado convocante. Mismo nombre, pero, vaya, distinto apellido.
Coordinador de la fracción panista que es, García Dworak seguramente es también el encargado de las negociaciones políticas y legislativas, de otra forma no se entiende la dinámica de su conversación telefónica, donde palabras más, palabras menos, pedía a Lourdes, la que él pensaba era la diputada suplente -pero no lo era-, no faltar a la sesión convocada de emergencia, aun cuando fuera día inhábil. Y cuando la interlocutora preguntó el motivo de la urgencia, Ignacio le dijo que ese día elegirían magistrado. A pesar que sabía que el proceso de selección se detendría, pues dos de los aspirantes habían logrado un amparo para hacerlo, la necesidad de llevarlo a cabo a la brevedad era evitar ser notificados por el Juzgado de Distrito de la suspensión.
Cuando la Lourdes a la que no le quería hablar García, pero con la que se comunicó, le preguntó cómo estaría el asunto, este le explicó sin mayor descaro -dado que creía estar hablando con una de sus legisladoras complacientes- que efectivamente todos los panistas -incluida ella y así se lo pedía- votarían a favor del aspirante a magistrado Marcelino Zepeda Berrelleza. Además, que ya habían logrado los votos de los priistas, por lo que no habría problema alguno en que el designado por ellos resultara electo.
Detrás de las palabras de García Dworak estaba la seguridad de los arreglos políticos en el Congreso. Ellos designarían a Marcelino Zepeda como magistrado en el TSJE con la ayuda de los votos priistas, y los diputados del Partido Revolucionario Institucional designarían, con la ayuda de los votos del PAN en la Cámara local, a José Curiel Villaseñor como magistrado anticorrupción para el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.
Todo estaba ya acordado, diría Ignacio Dworak a la Lourdes equivocada, pero para explicarle mejor el asunto, le pedía estar una hora antes de las 8:30 pm en el Congreso del Estado para platicar.
Para su mala fortuna, el entendimiento de algunos diputados que no estaban en el “acuerdo” planteado por Ignacio García y la desorganización de la nada espontánea pero sí de último momento convocada sesión, fueron elementos que se conjuntaron para abortar el plan panista-priista. De hecho, conociendo el entramado de la negociación entre las fracciones y que se apresurarían en un intento por votar también al magistrado anticorrupción, ZETA lo publicó en su edición en línea www.zetatijuana.com
Al día siguiente, el Congreso del Estado fue notificado de los amparos concedidos a dos aspirantes a magistrado, y ya no pueden elegir a Marcelino Zepeda para esa posición, a menos que se resuelvan los casos de las suspensiones o que, como en ocasiones anteriores, en el TSJE se vean en la imperiosa necesidad de contar con el magistrado faltante (aunque al que suplirán se retira hasta junio) y eso se pondere por encima de los amparos.
Pero la negociación no se detuvo. Como ZETA lo informó en su página web la tarde de lunes 6, el jueves 9 de mayo, en sesión del Congreso del Estado y con 19 votos a favor, por supuesto la suma de las voluntades panistas y las priistas, José Curiel Villaseñor fue electo magistrado anticorrupción.
Así es como se negocia en el Congreso, en otras instituciones y de antemano: interesados, convocados, enterados, conocen las decisiones que se tomarán en la esfera pública de los tres poderes en Baja California.
Era conocido también que en el Tribunal Electoral de Baja California, el magistrado Leobardo Loaiza, ponente del recurso de impugnación que interpuso Jaime Bonilla, estaría a favor para que el periodo de la próxima gubernatura fuese de cinco y no de dos años como marca la Ley que fue aprobada en el Congreso de Baja California en 2014.
No fue una llamada telefónica la que delató a Loaiza, sino reuniones que sostuvo, incluso en restaurantes tan públicos como Villa Saverios en Tijuana, con el abogado Guillermo Ruiz Hernández alias “El Titi”, quien es amigo y acompañante de Jaime Bonilla Valdez. Además, se asegura que está detrás de la elaboración del recurso de impugnación que el miércoles 8 de mayo fue votado de manera favorable -de hecho más que favorable, pues no fueron cinco, sino seis años los que los magistrados “legislaron” para el próximo periodo- por dos de tres magistrados electorales de Baja California.
Sean del PRI, sean del PAN o ahora de Movimiento Regeneración Nacional, las decisiones legislativas, judiciales y de gobierno se hacen así, en negociaciones privadas movidas por intereses personales de quienes integran los poderes del Estado o de quienes tienen la capacidad para “cabildear” favorablemente los temas en tribunales y congresos.
La política en Baja California tiene tomadas las instituciones, cuyos miembros accionan no conforme a la Ley y en beneficio de los más, sino en un estira y afloja para sacar provecho de la posición.
Por eso se conocen de antemano las designaciones o las resoluciones, porque lo que impera no es el respeto a la Ley o a las instituciones, sino la negociación.
