La mañana del jueves 2 de mayo, el candidato a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jaime Martínez Veloz, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), para presentar pruebas en la demanda que tiene en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde aprovechó para señalar que el partido Morena, es hoy en día “la nueva mafia del poder”, en alusión al respaldo que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) dio al candidato Jaime Bonilla Valdez, durante el desfile del Día del Trabajo.
“Morena es la nueva mafia del poder aquí en Baja California, no puedo generalizar. Andrés Manuel dijo, por el bien de todos, primero los pobres, y aparecieron dos pobres, Jaime Bonilla y Arturo González Cruz”, afirmó Martínez Veloz, al señalar que se han convertido en la antítesis de lo que busca el Presidente de México.
Para Martínez Veloz, la situación que se vive en Baja California, no es la que planteó Andrés Manuel López Obrador, sino que, la fuerza política fue secuestrada por una camarilla, por lo que esperará a que lo saquen del partido, puesto que no tiene pensado renunciar a su militancia dentro de Morena, por el contrario, buscará trabajar para rescatar los ideales del Movimiento, aún cuando en la actual contienda representa al PRD.
“Se tiene un doble discurso, al tener un anti PRI en los dichos y en los hechos totalmente lo contrario. A qué acuerdo pudieron haber llegado, no sé, ni me interesa, pero es la expresión más didáctica de que hay una pantomima, de que ese anti priismo no lo es tanto, como ese antikikismo, tampoco lo es”, aseguró el candidato del PRD, con respecto al respaldo que recibieron los candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” por parte de la CTM.
En el tema de la demanda interpuesta contra Donald Trump en el año 2016 por un proyecto inmobiliario entre Tijuana y Playas de Rosarito, indicó que la FGR le solicitó que presentara una serie de pruebas como parte de la denuncia.
Mencionó que, en el caso de los gobiernos municipales, el de Tijuana, que en ese tiempo estaba administrado por Jorge Astiazaran Orcí, no brindó información acerca de la supervisión del área, la cual aparentemente no recibió permisos para construir por parte de ningún gobierno municipal ni estatal.
