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jueves, octubre 3, 2024
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Los siete que aspiran a la CEDHBC

Reforzar las medidas de protección y atención para las caravanas de migrantes que permanecen y se avecinan a Baja California, además de la protección de los pueblos originarios y mejorar las políticas públicas para inclusión de personas con discapacidad, son algunas de las propuestas de los siete aspirantes a presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), que se renovará el próximo 30 de mayo

Integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, encabezada por el diputado Andrés de la Rosa Anaya, recibieron el 15 de mayo para entrevista, a las cuatro mujeres y tres hombres que aspiran a ocupar el lugar de Melba Adriana Olvera Rodríguez, quien está a punto de concluir su período como cabeza de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).

Los siete tienen experiencia en defensa de derechos humanos, y en sus propuestas, todos hablaron de los avances y los pendientes de la Comisión. De manera concreta, emitieron las siguientes propuestas:

María Isabel Herrera Cobarruvias. Con once años de experiencia trabajando en la CEDHBC, dijo conocer el funcionamiento de la Comisión, destacando que existe un importante número de expedientes, pero ha faltado generar recomendaciones y proteger a las víctimas a través del seguimiento de los casos.

Reconoció que hay avances en torno a la paridad de género, pero aclaró, hay cosas por hacer en los temas de seguridad pública y en favor de los niños, pues las visitadurías de estas áreas son las que más reciben denuncias.

Miguel Ángel Mora Marrufo. Desde 2009 ha trabajado en cargos relacionados a la defensa de los Derechos Humanos, entre estos, coordinador de Atención a Víctimas y secretario de la misma; también en instituciones académicas. Reconoció que existe una crisis en materia de violencia y que los Derechos Humanos están rebasados, por lo que consideró más urgente que nunca la atención de casos por la vía no jurisdiccional.

Asimismo, defenderá los derechos de las personas por encima de cualquier interés político, además de tratar de cambiar la imagen de las comisiones encargadas de atender los Derechos Humanos, hoy en día calificadas como instituciones que defienden lo indefendible.

Sobre la reparación del daño, estimó necesario reforzar los instrumentos procesales y, aunque reconoció que no se puede reparar la desaparición de un familiar, son temas reconocidos en la Ley de Víctimas, por lo que urgen mecanismos jurisdiccionales que beneficien a las víctimas.

Juan Valdez Moreno. Trabajó durante varios años atendiendo a víctimas en diversas partes del país, donde destacó la aplicación del Protocolo de Estambul. Impartió clases en maestría sobre Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y considera que dicha institución es un contrapeso del poder.

Además, considera necesario reforzar el seguimiento a las recomendaciones emitidas por la CEDHBC, pues la mayoría no se han cumplido, y propone el ahorro de recursos a través de la construcción de un edificio para la dependencia, para lo cual podría solicitarse la donación de algún predio del Gobierno del Estado.

Entre sus prioridades enlistó atender a personas con discapacidad, pues el 31 por ciento de las familias tiene algún miembro con esa característica, además de las mujeres trabajadoras del hogar sin seguridad social y las víctimas de abuso sexual.

Jesús Alberto Pereira Ruiz. Egresado de la UABC, fue asesor de la CEDHBC en tiempos de Arnulfo de León Lavenant,  jefe de Recepción de Quejas y coordinador de la Secretaría Técnica. De ser electo, se encargará de definir -en diez días- una política administrativa para reestructurar los gastos de la institución y focalizarlos adonde se necesita, las defensorías y visitadurías. A partir de eso, procurará captar recursos extraordinarios de organismos nacionales e internacionales para reforzar sus programas.

En su opinión, la migración es un eterno foco rojo para BC, por lo que debe crearse una visitaduría especial para migrantes y otra para pueblos originarios.

Paulina Guadalupe Jiménez Ochoa. Para la aspirante, la sociedad y el gobierno ven a la CEDHBC como enemiga, por lo que buscaría realizar un diagnóstico para evaluar qué falta, en aras de mejorar la confianza de la ciudadanía en la institución y acudan a solicitar apoyo.

Pretende implementar módulos itinerantes en comunidades apartadas para acercar a la CEDHBC a la gente y no esperar a que las denuncias lleguen, y determinar cuáles quejas son reiterativas para emprender acciones preventivas, pues una acción constante de este tipo evidencia un problema.

Jiménez terminó su participación indicando que es una joven con discapacidad, pero negó que ello la vaya a detener.

Roxana Rosas Fregoso. Desde que egresó de la UABC se ha enfocado en luchar por los Derechos Humanos. Cuenta con posgrados cursados en España y varias publicaciones sobre derecho a las víctimas. Recibió un premio internacional por textos sobre migración.

Trabajó como litigante y docente en diversas instituciones de educación superior. Rosas reconoció la aprobación de la Ley de Victimas del Congreso local, aunque asegura, falta dotarla de mecanismos constitucionales para su funcionamiento ideal y así mejorar los procesos de reparación del daño.

Por último, durante la entrevista destacó que se deben focalizar esfuerzos en derechos de segunda generación, como el acceso a la salud. En el mismo sentido se comprometió para pugnar por la equidad de género.

Rosa María Solís Rodríguez. Fue procuradora de la Defensa del Menor, donde impulsó los centros de Educación Integral de la entidad, los cuales siguen operando. También fue asesora en el Congreso del Estado con el diputado Sergio Tolento.

Se ha desempeñado en Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo -perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado-, área que ella misma desarrolló y a la fecha continúa funcionando. Fue el primer modelo en su tipo en América Latina.

Su prioridad será buscar las medidas necesarias para que el Congreso dote de mayores armas a la CEDHBC y así emitir sanciones administrativas a funcionarios omisos.

Autor(a)

Eduardo Villa
Eduardo Villa
Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro “Periodismo de Investigación en el ámbito local: transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión”
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