Muchos servidores de gobierno perdieron su trabajo; en todos los niveles, desde aquellos de 12 mil o menos pesos al mes, hasta quienes se habían convertido en una carga del nepotismo o el favoritismo en el Gobierno y su salario superaba los seis números. Al tiempo programas fueron cerrados por la sospecha de corrupción (en algunos casos fundada, aun cuando no investigada), y otros sectores registraron recortes presupuestales parejos. Hubiese o no razón para ello, fuese o no necesario, se hizo en razón de la nueva política gubernamental de la “austeridad republicana”. De hecho fue una de las decisiones más celebradas del Presidente López Obrador en un inicio. Suponía que la disminución de recursos, de dinero, equivaldría a la conclusión de vicios del ejercicio gubernamental que costaban mucho al erario, que permitían a los funcionarios de primer nivel y sus protegidos, pertenecer a una clase privilegiada que vivía y se desarrollaba en un ambiente de bonanza económica situado entre el jetset y la realeza.
Por supuesto que la nueva política de austeridad fue bien recibida. Desmantelar la opulencia de la residencia oficial, retirar el uso de vehículos último modelo, blindados y con todas las comodidades para los funcionarios, erradicar las partidas de viáticos y disminuir los sueldos. El problema para muchos llegó cuando los recortes tocaron tres sectores de enorme asistencia social, oportunidad para el desarrollo, y de apoyo para aquellos que el injusto reparto de la riqueza sitúa en la marginación y la carencia: desarrollo social, educación, salud.
La cancelación de las estancias infantiles en la Secretaría de Bienestar a cambio de la entrega de recursos económicos para que los padres de familia contraten el servicio por su cuenta, fue también, y lo es, un tema controversial. Eliminar a los intermediarios e ir directamente con los necesitados, no necesariamente soluciona el problema o les da una mejor calidad en el servicio a los infantes que deben ser entregados para sus cuidados ante las limitantes de los padres para hacerlo mientras trabajan.
En el sector educativo, dos ejemplos. Un recorte de cuatro mil millones de pesos al sistema Cobach, y uno de mil millones de pesos a Cecyte, hoy ponen en peligro la educación de miles de estudiantes que concluirán sus estudios de secundaria y que debido a la disminución de los recursos es probable que no encuentren un espacio para cursar la preparatoria (en Baja California los encargados de ambos sistemas educativos refieren que unos doce mil jóvenes podrían no contar con un espacio para continuar sus estudios básicos).
Las escuelas han debido armar frentes comunes para exigir el dinero, para buscar fondos, para convencer a las autoridades federales y a las legislativas, sobre la necesidad de ya no digamos incrementar el presupuesto, sino regresarlo a la cantidad que estaba.
No ha sido fácil. Tampoco catastrófico hasta el momento, pero sí han evidenciado estas disminuciones presupuestarias, las áreas en las que es necesario reforzar con recursos para incrementar la calidad en la prestación de servicios sociales, educativos y de salud. Algo que el Presidente podría solucionar, como suele hacerlo, con un decreto, o esperar a la elaboración del presupuesto de egresos del siguiente ejercicio fiscal.
“El IMSS redistribuye en sus servicios más de mil millones de pesos diarios. En un mes puede gastar más que la UNAM en un año. Desde cuidados prenatales antes de nacer, hasta tratamientos paliativos antes de morir. Por eso, controlar en exceso esos recursos, que son de trabajadores y empresarios, sin racionalidad y sin apego a las normas del IMSS, puede acabar con esa dinámica de solidaridad social propia del Instituto”.
Acusó en carne propia lo que, por ejemplo, Javier Corral Jurado, el gobernador de Chihuahua, denunció en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La intromisión y la confabulación en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para no entregar recursos. Germán Martínez también fue directo: “Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo: algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social.
“El Presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el “cargo” que el “encargo”.
Y al detalle las afectaciones: “muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal, -en 2019 prácticamente está en 0 por ciento el avance de obras y el pago a proveedores-, los contratos y convenios de servicios se rezagan, y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia, las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan; y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo. De tales omisiones se ha dado aviso a las autoridades correspondientes, porque este Consejo Técnico y el Director General, serán responsables – dice el artículo 276 de la Ley del Seguro Social – de que el Instituto cumpla con lo aprobado por el Congreso de la Unión”.
Acusó contundente:
“Por otro lado, si acaso Hacienda cree que los ahorros en el IMSS los puede desviar a otros fines, es necesario recordarle que “el Instituto no estará obligado a concentrar en la Tesorería de la Federación sus ingresos”, según dispone el artículo 277 C de la ley del Seguro Social… La ineficacia igual que la corrupción, juega en el lado de los mismos que construyeron la sociedad de los privilegios mexicana que el Presidente busca y quiere desaparecer”.
Germán Martínez se convierte en la primera baja política de los recortes del Presidente. Pero las repercusiones sociales apenas se empiezan a conocer, el riesgo de jóvenes sin espacios educativos, enfermos sin tratamientos, víctimas de recortes generalizados cuya única estrategia parece ser la de recaudar fondos para los programas sociales del nuevo Gobierno, más que abonarle a la austeridad en la prestación de servicios de calidad. Acabar con los excesos, reunir dinero para sus proyectos, sin afectar los servicios, sería lo ideal.
