La Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal inhabilitó como servidor público, por un periodo de 10 años, a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por “inconsistencias en su declaración patrimonial”.
“Una de las inhabilitaciones, por 10 años, es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial”, detalló la SFP.
“En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos”, indicó la institución cuya titular es Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y que más temprano este día, anunció la inhabilitación de dos ex altos mandos de Pemex que trabajaron durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Además de Loyoza Austin, otra persona fue inhabilitada por 15 años y se le impuso una sanción económica por casi 620 millones de pesos, luego de que la SFP detectara irregularidades y un sobrecosto en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal.
Pemex compró dicha compañía bajo la dirección de Lozoya Austin, durante el Gobierno de Peña Nieto, y en su momento indicó que pagó hasta 255 millones de dólares por el capital de la empresa, incluyendo una mina de roca fosfórica ubicada en el estado Baja California Sur.
Un gran logro del equipo de la Función Pública @SFP_mx que hoy logra sancionar a altos mandos de Pemex de la administración de Peña Nieto | Secretaría de la Función Pública | Gobierno | https://t.co/JLSitorl86 https://t.co/as0zHoRNCC
— Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) 22 de mayo de 2019
La SFP informó que desde el 1 de diciembre de 2018 hasta la fecha, se han iniciado más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas, y se han impuesto casi 400 inhabilitaciones, que van desde funcionarios de nivel operativo hasta los rangos de directores generales. Además, se han aplicado 112 sanciones económicas, que suman un monto superior a los 656 millones de pesos.
En diciembre del 2018, la Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, Luz María Ortega Tlapa, otorgó un amparo a Lozoya Austin, mismo que ordenaba a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) resolver en 40 días naturales la investigación contra el ex director de Pemex, por el presunto financiamiento ilegal de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña de Peña Nieto en 2012, al estimar que ya agotó todas las diligencias del caso y que la acusación podría estar prescrita.
Ortega Tlapa estimó que había transcurrido un plazo razonable para determinar esta investigación, debido a que la FEPADE cuenta con la información suficiente para tener una idea clara de los hechos. Además, señaló que el pasado 19 de abril pidió a Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), copia certificada de la carpeta de investigación del caso contra Lozoya Austin por cohecho y enriquecimiento ilícito, en la que consta la información que su homólogo de Brasil ha entregado a la extinta PGR.
“Ha transcurrido un tiempo suficiente y razonable para que ya se haya proporcionado la información y el dictamen pericial requeridos, para que el Ministerio Público responsable, esté en aptitud de determinar la carpeta de investigación, en razón de que corresponde a éste en uso de sus facultades legales y constitucionales, y no a esta juzgadora el sentido en que debe determinarla”, sentenció la juez en el amparo 702/2018.
“En ese sentido, de una interpretación conforme y bajo un bloque de regularidad constitucional, se determina que la autoridad responsable ha agotado todas las diligencias conducentes para la investigación y ha pasado un tiempo razonable, encontrándose en aptitud de determinar la carpeta de investigación como en derecho proceda, a fin de que se deje de generar inseguridad jurídica”, indicó la juez federal, quien dio un plazo de 30 días hábiles a la FEPADE para determinar si existen o no diligencias por practicar y, en caso positivo, las desahogue de inmediato.
El pasado 23 de octubre del año pasado, durante una comparecencia ante las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados, Arely Gómez González, entonces titular de la SFP, dio a conocer que investigaban los patrimonios de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, y de Lozoya Austin, por el desvío de recursos públicos, sin embargo, evitó dar detalles para no entorpecer las investigaciones en contra de los funcionarios públicos.
“Sí existen verificaciones patrimoniales restaurables a Rosario Robles y Emilio Lozoya, pero están en etapa de aclaraciones, acorde a la etapa de defensa […] No habrá impunidad en caso Odebrecht, Paso Express y Fideicomisos”, aseguró la ex titular de la PGR.
El 2 de marzo del 2018, Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primera de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió a Lozoya Austin la suspensión definitiva contra la judicialización de la indagatoria por enriquecimiento ilícito y cohecho, que lleva a cabo la SEIDF, de la PGR, hasta que no se dicte una sentencia en el juicio de garantía contra el ex director de Pemex.
“Se concede la suspensión definitiva para el único efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentra la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/117/2017 y no se determine en definitiva la investigación inicial, si ésta no se ha judicializado; y hasta en tanto se notifique a la responsable la resolución que recaiga en el fondo del juicio de amparo”, resolvió la juez.
Según el diario Reforma, que informó del hecho en su momento, el fallo fue dictado justo cuando un Tribunal Colegiado iba a determinar si continuaba vigente otra suspensión definitiva que había sido concedida a Lozoya Austin el 7 de noviembre del 2017 para los mismos efectos.
Según los testimonios de ex directivos de la constructora Odebrecht, dichos ante la Procuraduría de Brasil, el ex director de Pemex recibió sobornos por al menos de 10 millones de dólares para asignarle la obra de la Refinería de Tula, Hidalgo, y supuestamente trianguló 5.5 mdd a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el 2012, lo que Lozoya Austin ha negado.
