En entrevista con ZETA, el recién nombrado secretario de Salud en BC se refirió a la recentralización que está haciendo el Gobierno Federal de dicho sector que deberá estar lista en junio. “Hasta este momento no hemos visto un plan, ni un calendario, qué sistemas, cuáles son las reglas del juego, aún no tenemos esa información”
A menos de seis meses de que termine la administración del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, el 9 de mayo, Caleb Cienfuegos Rascón fue designado secretario de Salud de Baja California.
El también titular del Instituto de Servicios de Salud Pública (Isesalud) indicó a ZETA que actualmente se está racionalizando el gasto ante la recentralización que está haciendo el Gobierno Federal, proceso que genera incertidumbre respecto a cuándo llegarán los medicamentos y material de curación, y cómo la Federación absorberá la nómina de alrededor de 6 mil 689 trabajadores de la dependencia, tal como está previsto para junio de 2019.
Sobre las metas en su gestión, dijo que se está trabajando para que concluya la demolición de los últimos dos pisos del Hospital General de Mexicali, iniciada desde hace dos años.
A continuación, la entrevista concedida a este Semanario.
— ¿Cómo recibe la Secretaría de Salud? A prácticamente seis meses de que concluya la administración del gobernador, ¿qué metas plantea?
“Existen varias áreas de oportunidad para eficientar el uso de los recursos, dentro de ellos viene actualmente la redistribución de algunos recursos para áreas prioritarias como lo es oncología, pediatría y la atención de urgencias médicas calificadas. Para ello vamos a tratar de que aquellas cosas que se puedan diferir para otro momento en lo que nos llegan los recursos federales, mientras tanto, estaremos difiriendo algunos procedimientos que no afecten la salud de los pacientes”.
—¿Cuáles procedimientos?
“Digamos, un paciente que tenga una hernia inguinal que no esté complicado, un paciente que tenga algún problema de lumbar que no esté complicado, esos serían los pacientes que pudiéramos diferir”.
— ¿Cuál sería el monto o porcentaje que planean reenfocar de recursos a estas áreas prioritarias de oncología, pediatría y urgencias que comentaba?
“No es en presupuestos, es en insumos, en material de curación y medicamentos que se tienen. Es sobre la reasignación de medicamentos que ya se tienen, no es dinero físico”.
— El presupuesto de la Secretaría de Salud para 2019 es de poco más de 4 mil 191 millones de pesos, de los cuales 3 mil 104 millones son de recurso federal. ¿Cuánto dinero o porcentaje ha mandado la Federación hasta el momento?
“En este primer trimestre no se ha entregado ninguna dispersión por parte de la Secretaría de Salud Federal de este presupuesto de 2019, pero sigue llegando recurso de ejercicios anteriores. Se han entregado 824 millones de pesos que han sido utilizados en medicamentos y nómina”.
— ¿Tampoco ha llegado el recurso de este ejercicio en especie?
“Hay una compra consolidada que se hace a través del Seguro Social. En este momento no hemos recibido el insumo de manera directa. Hemos recibido la instrucción de cuáles son las claves (medicamentos) que ya fueron asignadas en esa compra consolidada, pero estamos detenidos en un proceso de actualización de un sistema de la Tesorería de la Federación para poder hacer los pagos, en virtud de que los costos fueron superiores a los que estaban en el acuerdo previo”.
— Comentaba que hay 400 millones de pesos que faltarían para subsanar lo que el Estado requiere en medicamento…
“Hablando de costos operativos, actualmente estamos estimando por lo menos 600 millones de pesos que son los que faltan”.
— ¿Cuánto se tiene ahorita?
“La última adquisición que se hizo fue de 23 millones de pesos”.
— Recientemente la Secretaría de Salud dio a conocer que ya había hecho la primera compra consolidada de medicamentos antirretrovirales. ¿Baja California participó en ella?
“Estos medicamentos vienen de programas que se concentran a nivel federal”.
— ¿Los medicamentos estarían por llegarles? O cuál es el estado de esos medicamentos…
“Seguramente una vez asignados a través de esos programas llegarían al Estado”.
— ¿Todavía no tienen fecha de cuándo llegarían?
“No, aún no. Pero ya nos informaron que sí van a llegar. Eso ya es ventaja”.
— El 70 por ciento del presupuesto de Isesalud se va a nómina, en esa recentralización el Gobierno Federal ha indicado que también absorbería la nómina. ¿Qué les han dicho respecto a eso, ya hay fecha?
“Ese es uno de los grandes problemas en el sentido de que estamos en una condición de indefinición. En teoría, en marzo nosotros nos integrábamos al programa federal, ahora ya nos comentaron que es en el mes de junio, donde evidentemente absorbe todo el sector, a excepción probablemente de los órganos estatales, pero todo lo demás lo absorberá el Gobierno Federal, considerando gastos, medicamentos y material de curación, así como las nóminas. Pero hasta este momento no hemos visto un plan, ni un calendario, qué sistemas, cuáles son las reglas del juego, aún no tenemos esa información”.
— Estamos en mayo, ¿esta situación le genera preocupación?, particularmente porque Usted tendrá pocos meses para integrar lo que está planteando la Federación…
“Para la buena fortuna, hay un equipo de trabajo muy bien integrado en la Secretaría de Salud del Estado. La mayoría de las personas ya tienen los enlaces con sus debidos programas. Creo que la parte más importante del ejercicio es definir cómo va a operar y seguramente nos podremos adaptar muy rápido.
“En el último caso, lo más difícil es la adquisición de medicamentos, y si esto ya lo va a hacer la Federación, la implementación e instrumentación de los programas va a ser prácticamente la misma. El asunto que sería diferente, por el Instituto Nacional de Bienestar, no me genera ningún conflicto. El conflicto tal vez sería cómo va a operar, conocer sus nuevas reglas. Si va a operar de igual manera que el Seguro Popular estaríamos hablando de algunos matices, pero la atención de los pacientes estaría garantizada”.
— ¿Cuál es el abasto de medicamentos a nivel general?, en específico en el Hospital de Tijuana, ¿hay alguna meta de abastecimiento, dado que es quizá el que ha presentado más desabasto?
“Vamos a dividir el abasto en dos partes: en la atención de primer nivel de salud (atención a enfermedades comunes), en el que el porcentaje de recetas surtidas completas es de 85%. El porcentaje de abasto en la totalidad de claves es cercano al 60%. Si nos vamos a los hospitales, el porcentaje de recetas surtidas completas es similar a 60% y el porcentaje de abasto de medicamento dentro de la unidad hospitalaria es de 30%. Ese 30% que
Mal planeado; se quedaron sin dinero para obra en HG Mexicali
Foto: Cristian Torres
Necesaria desde 2010 y anunciada desde 2017, la demolición de los dos últimos niveles del Hospital General de Mexicali sigue inconclusa, mal planeada, sus costos aumentaron, se terminaron los recursos asignados y el proyecto quedó trunco.
En el Hospital General de Mexicali (HGM), cuyos dos últimos niveles -áreas de Ginecología- quedaron inhabilitados tras el sismo de 7.2 grados Richter desde 2010, cuando se perdieron 96 camas de hospital. Y en noviembre de 2017, el recién renunciado ex secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal, se encargó de anunciar la obra de demolición de los pisos seis y siete.
Entonces se presumió que era el primer proyecto de obra responsabilidad directa de la Secretaría de Salud y no de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 19 millones 765 mil pesos sería el recurso aplicado y la obra se concluiría en cuatro meses, fue la promesa. Dieciocho meses después de ese anuncio y aun cuando el proyecto presenta un avance superior al 80%, los trabajos están detenidos porque el dinero se acabó y por ello no se completaron.
El actual secretario de Salud, Caleb Cienfuegos Rascón -ex director del Hospital General-, detalló que en este tiempo ha habido una serie de inconvenientes en la obra que elevaron su costo y el tiempo de ejecución tomó más de lo previsto.
El ejemplo más claro y que no se consideró en el proyecto original, fue el riesgo biológico que significó realizar la demolición en el hospital, a razón de los polvos que se desprenden de los movimientos de piezas de concreto, que resultan riesgosos para los trabajadores de la obra, personal y pacientes del hospital que se mantuvo en operación y las personas alrededor del lugar.
Según el funcionario, el retiro de material del espacio inutilizado ocho años después del sismo, produjo un problema adicional: una enorme cantidad de guano, sustancia producida por el excremento de las palomas que es altamente tóxico para el humano. Esto obligó a realizar trabajos no presupuestados de desinfección en los dos pisos, utilizando una mezcla líquida que convirtiera en lodo el excremento para poder retirarlo sin riesgo de respirarlo.
“Podría decir que fue un error, pero únicamente ya que estas ahí te puedes dar cuenta de lo que sucede. Pongo otro ejemplo, decíamos ‘va ser bien fácil trabajar doce horas diarias’, pero lo que nadie explicó es que los equipos a cierta temperatura dicen ‘yo no trabajo’” justificó Cienfuegos.
Sobre el futuro de la obra, dijo que se requiere de un recurso adicional de entre 6 y 7 millones de pesos, los cuales tendrán que provenir de algún ejercicio extraordinario del Estado, pues aunque los trabajos iniciaron en 2017 con dinero federal, este ya se terminó. En cifras proporcionadas en la misma secretaría, de los 19 millones 765 mil pesos destinados en un principio, 5 millones 656 mil 867.35 fueron financiamiento estatal y el resto federal.
El recurso faltante tendrá que provenir del Gobierno del Estado, el cual primero deberá resolver cuestiones contractuales con la constructora, pues al haberse utilizado todo el recurso y buscar una nueva bolsa, se debe hacer una nueva licitación nueva para los trabajos adicionales. Alejandro García
platicábamos, es el que queremos racionalizar lo más que se pueda hasta que lleguen los recursos federales”.
Foto: Cortesía.- Caleb Cienfuegos Rascón, Secretario de Salud de B.C.
— En un ámbito más local, en el caso del Hospital Materno Infantil de Tijuana, el Sindicato de Salud ha denunciado que se le cobra a los pacientes y la atención está privatizada. ¿Qué responde a ello, qué pendientes hay en ese hospital?
“Para que el Seguro Popular pueda financiar una intervención en una unidad clínica, esa unidad médica requiere estar acreditada, paso número uno. Pero ese hospital aún no está acreditado, se requiere de un proceso que puede llevar un año para estar acreditado. Si este hospital lograse estar acreditado, seguramente el Seguro Popular podría financiar a los pacientes.
“Actualmente tiene un comportamiento mixto en el que el Gobierno del Estado pone una parte importante del presupuesto para la operación de la unidad y evidentemente, algunas cosas, la propia clínica está cobrando a los pacientes, lo que cambiará cuando la unidad esté acreditada”.
— ¿Por qué la acreditación se hará después de que se inauguró y no antes?
“Toda infraestructura en salud que requiere un conjunto de procesos, una cosa son los requerimientos físicos y otra el requerimiento humano y los procesos de implantación. Todos esos ejercicios cuando viene el auditor revisa, quiere ver cómo se preparan los alimentos, cómo se resguardan los almacenes, muchas cosas que necesitan un proceso tanto documental como de procedimiento. Una vez que se tengan esas características, el hospital podrá solicitar la acreditación.
“Por ponerte un ejemplo muy práctico, el hospital se encuentra en trámite de su licencia sanitaria a nivel federal. El primer punto que tiene la verificación de la acreditación, es la licencia sanitaria, entonces la licencia sanitaria se va a obtener siempre y cuando la unidad opere”.
— ¿Cuáles son los pendientes que deja en el Hospital de Mexicali?
“Aún está pendiente la demolición. Es un tema que estamos atendiendo puntualmente con el área jurídica para definir cuál es el futuro de esa demolición, y cuándo hacerla, pero la pretensión es llevarla a cabo antes de que concluya la administración. En sí mismo, este hospital como ejemplo va a enfrentar cuatro evaluaciones para reacreditación de modelos ya atendidos, como es malformaciones cardiacas, urinarias y digestivas, hemofilia, así como infarto. Eso se va a evaluar en el mes de junio. Entonces el mismo ejercicio para que pueda ser gratuito, tenemos que pasar esa certificación”.
Por último, Cienfuegos Rascón agradeció al personal de salud que trabaja diariamente, exhortándoles a seguir haciendo su mejor esfuerzo: “Sé que hemos vivido tiempos mejores, pero ahorita tenemos que adaptarnos a este proceso en el que tenemos que racionalizar el gasto”.
Hacienda congela y recorta más el gasto en salud
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha retenido mil 201 millones de pesos del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud durante 2019, siendo tres programas los que concentran el 87 por ciento de los recursos “congelados”.
Estos son: Programa de Atención a la Salud, con 566.1 millones de pesos; Salud Materna, Sexual y Reproductiva (225.3 millones); y Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes (248.7 millones).
De acuerdo con el “Análisis sobre la Implicación del Presupuesto de Operación 2019 Reservado al Ramo 12 Salud”, elaborado por la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, otros programas que han sido afectados son el de Infraestructura Social de Salud; Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud; Prevención contra las Adicciones y el de Prevención de VIH, que en conjunto suman 91 millones de pesos.
La dependencia que dirige Carlos Urzúa también ha congelado 123.3 millones de pesos para la adquisición de medicamentos y 2.8 millones para el programa de vacunación. Como consecuencia, algunos estados, como Hidalgo, no cuentan con recursos ni con vacunas suficientes, pese a que del 20 al 24 de mayo se lleva a cabo la Segunda Semana Nacional de Salud 2019, acusó Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados.
El documento dirigido a San Lázaro indica que a once institutos de salud se les retuvieron más de 180 millones de pesos, entre los que destaca el Instituto Nacional de Cancerología, cuyo monto congelado representa 19% de su presupuesto. Sin contar que ese Instituto ya había sufrido un recorte significativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
Además, Hacienda retuvo más de 203 millones de pesos a cinco hospitales de alta especialidad. Los más afectados son el Hospital de El Bajío, Hospital de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” y Hospital de Ixtapaluca.
Apenas el 3 de mayo, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envío un memorando en el que arguye la “austeridad republicana” para que toda la administración pública reduzca 30% diversas partidas, como la de materiales y útiles de impresión y reproducción; combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres destinados a servicios administrativos; y de estudios e investigaciones, entre otros.
Por estas disposiciones, a la Secretaría de Salud le fueron recortados 3 mil 967 millones de pesos. En tanto que, en la partida de Subsidios a Entidades Federativas y Municipios, Hacienda ha retenido 275.1 millones de pesos.
Bajo la misma lógica de disminuir el gasto, la Secretaría de Salud federal instruyó a los estados de la República a reducir a la mitad el monto de las becas que reciben los estudiantes de medicina y enfermería que hagan su servicio social, al tiempo que eliminó el apoyo a los jóvenes de otras áreas de la salud, como odontología, nutrición y psicología.
En el oficio DGCES-DES357-2019, la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud de la SSA detalla que la nueva disposición entrará en vigor a partir del 1 de agosto de 2019. Actualmente el monto de la beca oscila entre 600 y 3 mil 600 pesos, dependiendo del lugar en que los pasantes hagan su servicio social, requisito indispensable para que los miles de egresados de carreras afines a la salud puedan titularse, y gran parte de ese trabajo se hace en comunidades alejadas y con problemas de inseguridad.
Además, la subdirección que encabeza Asa Christina Laurell, solicitó a las 32 entidades federativas un informe sobre el número de estudiantes que están prestando servicio social. Lo anterior, con el propósito de recortar nuevamente ese rubro, aunque aún no está determinado de cuánto será, manifestó la legisladora perredista.
En entrevista con ZETA, Esparza Márquez abundó que se está planteando un recorte en personal, en el programa Prospera, en el que ya no se está considerando “ni un solo peso” para el salario de los trabajadores del Sector Salud que relevan o suplen a personal de base. “Está ocasionando que no haya atención, no haya personal de enfermería, médicos y los tratamientos no se den en el momento oportuno. “Es un tema que nos preocupa profundamente, porque no llevamos ni la mitad del año y ya estamos viendo deficiencias en el Sector Salud” que afectan directamente la salud de los pacientes. Esta es una “cuestión literalmente de vida o muerte” que debería de ser una prioridad, pero “estamos viendo todo lo contrario, no hay interés de parte del Gobierno Federal por la salud de los mexicanos”.
Apuntó que hay subejercicios en la SSA y recursos que van a otros rubros, sin embargo, “lamentablemente el Gobierno Federal tiene la facultad de reasignarlos sin autorización del Legislativo, bajo discrecionalidad del Presidente y de su gobierno”.
Finalmente, Frida Alejandra Esparza Márquez señaló que la adquisición de medicamentos antirretrovirales se destinó a medicamentos más baratos. Inclusive “no hay una investigación a fondo de las causas secundarias que hubo en la actualización de medicamentos, que incluso la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no aprobó”. (Julieta Aragón Domínguez)
Germán Martínez renuncia al IMSS y se convierte en el primero en abandonar gabinete de AMLO
Foto: Misael Valtierra/ Cuartoscuro.com.- Germán Martínez.
Luego de que semanas atrás, trascendiera la intención de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y de Alfonso Romo, jefe de la oficina de Presidencia para dejar sus respectivos puestos, el 21 de mayo, Germán Martínez Cázares renunció al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Convirtiéndose en el primer funcionario en abandonar el gabinete ampliado del Presidente Andrés Manuel López Obrador a poco más de cinco meses de iniciada su administración, el mandatario lamentó la decisión del otrora funcionario panista, pero aseguró que “afortunadamente hay muy buenos servidores públicos en el equipo y vamos a sustituirlo”. Un día después anunció que el reemplazo de Martínez Cázares sería Zoé Robledo Aburto, a quien calificó de “progresista y honesto”.
En su carta de renuncia, Martínez Cázares denuncia que “algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS” y ponen en riesgo la prestación de servicios de salud del Instituto.
“El Presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más ‘el cargo’ que el ‘encargo’” se lee en el texto.
De igual forma, afirma que ese control en el gasto tiene dos consecuencias fatales: pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención a pacientes en el IMSS. Y el fortalecimiento de los servicios de salud privados, que ocasionará mayor “gasto de bolsillo” de las familias.
“Ahorrar y controlar en exceso el gasto es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres”, advierte el senador morenista.
Respecto a ello, López Obrador dio un espaldarazo a Carlos Urzúa, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al señalar: “Hacienda tiene que cuidar que no haya déficit, que no haya deuda, que las finanzas estén sanas, esa es su función y yo respaldo esa política de Hacienda”.
Además, negó que se estén poniendo en riesgo los servicios de salud, “es una institución que funciona y va a seguir funcionando sin ningún problema”.
Lo anterior, pese a que el ahora ex director del IMSS denunció que “mientras se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal -en 2019 prácticamente está en 0% el avance de obras y el pago de proveedores-”.
Aunado a que “las compras de equipamiento (están) paradas, las reclamaciones y litigios aumentan, y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo”. Julieta Aragón Domínguez
