Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que en colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló cuentas de 42 personas, entre ellas el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por un monto aproximado de 70 millones de pesos.
En conferencia con medios conjunta con Sigal Mandelker, subsecretaria de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EE.UU., el titular de la UIF destacó que entre las personas cuyas cuentas fueron bloqueadas también se encuentra el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, debido a que estuvo relacionado con actividades de narcotráfico, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización Los Cuinis.
Nieto Castillo aseguró que Avelar Gutiérrez recibió sobornos de dichas organizaciones delictivas a cambio de dictar fallos judiciales favorables a sus miembros principales. Asimismo, según abundó Mandelker, fueron bloqueadas cuentas del ex gobernador nayarita por su relación con actos de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales y la aceptación de sobornos de organizaciones delictivas.
De conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act) también fueron designadas en actividades de corrupción los hermanos Erika Gonzalez Valencia y Ulises Jovani González Valencia, ya que según las autoridades binacionales, estas personas han ayudado a sobornar a funcionarios gubernamentales.
“La acción coordinada de sanciones del Gobierno de Estados Unidos con nuestras contrapartes del Gobierno mexicano adelanta nuestro compromiso conjunto de combatir la corrupción”, expresó la funcionaria del Departamento del Tesoro estadounidense.
Por su parte, Nieto Castillo indicó que estas acciones se derivan de tratados internacionales de los cuales México forma parte, que obligan a generar políticas públicas, así como generar todas las medidas administrativas y legislativas posible para combatir el lavado de dinero y la corrupción.
“Los funcionarios tales como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda insensiblemente se enriquecen a expensas de sus conciudadanos. Si están recibiendo sobornos de las organizaciones de traficantes de narcóticos o participar en una variedad de otras actividades ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos se enfrentarán a consecuencias graves, como ser cortado desde el sistema financiero de Estados Unidos”, afirmó Mandelker.
“Al trabajar con nuestros socios mexicanos, el Tesoro no dudará en sancionar a los funcionarios actuales o anteriores y sus redes de corrupción cuyos desestabiliza los sistemas financieros y las instituciones democráticas”, abundó la funcionaria estadounidense.
Mandelker remarcó que, con lo anterior, es la primera vez que se aplica la Ley Global Magnitsky en México, una “poderosa herramienta nos permite aplicar sanciones económicas contra los autores de graves abusos contra los derechos humanos y la corrupción”, dijo.
SUPUESTOS VÍNCULOS DEL EX GOBERNADOR CON EL CJNG
El Departamento del Tesoro de Estado Unidos indicó este viernes que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, tiene presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis, por la cual todos sus activos financieros quedaron bloqueados en territorio estadounidense.
A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense explicó que el ex mandatario nayarita presuntamente habría recibido sobornos de dicho grupo delictivo, además de que pudo haber incurrido en la apropiación indebida de activos estatales.
Desde que fue alcalde de Tepic (2008-2011), Sandoval Castañeda se apropió “indebidamente” de bienes del Estado y recibió sobornos por parte de organizaciones de tráfico de estupefacientes, incluído el CJNG, a cambio de información y protección, indicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Además, Sandoval Castañeda aceptó previamente sobornos de la organización Beltrán Leyva y también tiene vínculos con la Organización Flores, y su líder, Raúl Flores Hernández, que la OFAC identificó como narcotraficante extranjero, conforme a la Ley Kingpin en 2017.
El Gobierno de EE.UU. también designó a tres de los miembros de la familia de Sandoval Castañeda, como sus cómplices, que han actuado en su nombre para apoderarse de activos “mal habidos”, entre ellos: Ana Lilia López Torres, esposa del ex gobernador; Lidy Alejandra Sandoval López, la hija adulta del ex mandatario; y Pablo Roberto Sandoval López, el otro hijo adulto del político nayarita.
“Sandoval Castañeda y estos miembros de familia siguen disfrutando de los beneficios ilícitos de sus esquemas de corrupción”, abundó la OFAC, que también designó a cuatro empresas, por ser propiedad o controladas por el ex gobernador: Bodecarne, SA de CV (carnicería), Iyari (tienda de ropa y accesorios), L-Inmo, SA de CV (bienes raíces), y Valor y Principio de Dar, AC (fundación de tenencia de la tierra).
En el documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, se señala, también, al magistrado Isidro Avela Gutiérrez, por haber recibido supuestos sobornos del CJNG y Los Cuinis a cambio de proporcionar fallos judiciales en favor de algunos miembros importantes de la delincuencia organizada.
La OFAC designó, además, a otras seis personas mexicanas y seis entidades mexicanas vinculadas al CJNG o ‘Los Cuinis’ de conformidad con la Ley Kingpin, una normativa creada en 1999 con el fin de evitar transacciones de narcotraficantes en Estados Unidos.
Una de las personas designadas es Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, al que se menciona como responsable de múltiples asesinatos y secuestros en la plaza de Puerto Vallarta, Jalisco, y a su esposa Liliana Rosas Camba, encargada, según la OFAC, de lavar dinero y administrar negocios.
Las empresas designadas como fachadas del Cártel Jalisco Nueva Generación son: A&A Estudio Arquitectónico, Arquitectura y Diseño en Balance, G Y R Arquitectos, la empresa de productos orgánicos Granatura, Jafiela Boutique, y Operadora Restaurantera del Sol Naciente.
ANTECEDENTES DEL CASO DEL EX GOBERNADOR
En septiembre del año pasado, el Congreso de Nayarit aprobó la inhabilitación por 12 años, 10 meses y 15 días para ocupar cargos públicos del ex gobernador, al acusarlo de uso indebido de recursos para beneficiar a candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las elecciones locales del 2017, lo que constituye “violaciones graves” a la Constitución estatal.
Los diputados locales detallaron que el ex mandatario es responsable del manejo indebido de fondos y recursos públicos al condicionar el programa alimentario PROSA el año pasado. Además, lo acusaron de violentar el principio de neutralidad, equidad electoral y otorgar una notaría a Roy Rubio Salazar, quien era el titular de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN).
Sin embargo, el ex gobernador de Nayarit de 2011 hasta el 18 de septiembre de 2017, interpuso un amparo para evitar ser procesado. El ex mandatario nayarita estaba siendo investigado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) desde abril del 2017, por el presunto enriquecimiento ilícito, tras desviar más 2 mil 700 millones de pesos del erario público estatal.
La denuncia contra el entonces gobernador nayarita surgió tras la publicación de notas periodísticas donde se detallaba que Roberto Sandoval pasó de ser un tablajero y migrante sin papeles en Estados Unidos, a ser dueño de casas, ranchos y caballos pura sangre.
En videos publicados en la plataforma YouTube, el entonces mandatario estatal muestra una de sus propiedades: el rancho “El Ensueño”, ubicado en la comunidad de Aután, en San Blas, y que tendría un valor en el mercado de millones de pesos. Además, Sandoval Castañeda presumía que tenía un criadero de equinos de alto registro.
“Yo soy ganadero, crio ganado, mi padre me enseñó hace muchos años. Yo vendo caballos, no compro caballos […] No desvié ni un solo peso. No me imagino dónde pueden caber 2 mil millones de pesos. Mi declaración patrimonial está en orden y he trabajado toda mi vida. No tengo más propiedades que las declaradas ni prestanombres”, aseguró en su momento el ex gobernador.
Apenas el pasado 4 de enero, el ex Fiscal general del estado de Nayarit, Edgar Veytia Cambero, se declaró culpable de cargos de distribución internacional de drogas en la Corte del Distrito Este de Nueva York, tras las acusaciones en su contra por conspiración para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana.
El ex fiscal nayarita, de 48 años de edad, se enfrenta ahora a una posible cadena perpetua, luego de ser arrestado en 2017 y acusado de ayudar en el contrabando de drogas en los Estados Unidos a partir de 2013.
MAGISTRADO INVESTIGADO
Instituciones gubernamentales mexicanas y estadounidenses se encuentran investigando una supuesta complicidad entre Jueces Federales y jefes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según lo informó el pasado martes 14 de mayo el diario La Jornada, citando fuentes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal de México.
Pesquisas realizadas entre dependencias de inteligencia federal mexicana como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Federal (PF), con la colaboración del Gobierno de Estados Unidos, han encontrado registros en estados como Jalisco, Guerrero, Veracruz y Colima, de detenciones y liberaciones de operadores financieros y jefes de dicha organización criminal.
“Congresistas y miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) tienen conocimiento de las indagatorias. Personal adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) dirige la operación en la que se revisa con lupa el desempeño de jueces y magistrados de los estados mencionados y que han servido de bisagras para que las puertas de la justicia se vuelvan giratorias, de tal manera que así como los inculpados entran, salen poco después”, indicó el rotativo.
Según La Jornada, el expediente se abrió luego de detectar casos en los que juzgadores ostentan propiedades y otros bienes que no pueden ser explicados sólo con sus ingresos y que presuntamente son resultado del pago por resoluciones favorables a integrantes del crimen organizado.
Una de las principales investigaciones apunta al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien habría adquirido bienes por más de 18 millones de pesos en seis años (entre el 2010 y 2016), y quien ordenó la liberación de Juan Francisco Aguilar Santana, alias “Juan Pistolas”, una de las personas más cercanas al líder del CJNG: Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.
Según la investigación, el mismo magistrado estuvo al frente del Sexto Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Jalisco y atendió al menos 10 casos de detenidos vinculados a dicho Cártel, dando como resultado un resultado a favor de los inculpados.
En el caso de “Juan Pistolas”, el magistrado Avelar Gutiérrez no habría contado con elementos suficientes para su liberación siendo éstos insostenibles, como el que se hicieron cateos casi al mismo tiempo por parte del Ministerio Público, y el funcionario no pudo estar en ambos.
Sin embargo, dice La Jornada, el nuevo sistema de justicia penal señala que no es necesario que el personal ministerial asista porque ahora es facultad de la Policía realizar dichas diligencias.
En su momento, el compadre del Mencho fue detenido en posesión de 12 armas cortas y 15 largas, dos lanzagranadas, cuatro equipos de defensa antiárea y droga, y con la agravante de ser reincidente, ya que en 2010 fue detenido y pasó siete años en prisión por delitos contra la salud.
“Juan Pistolas” fue detenido en junio del 2018 y es considerado jefe de un grupo de sicarios al servicio del CJNG, que recluta a hombres para adiestrarlos en campos acondicionados para el manejo de armas y tácticas operativas, con la finalidad de mantener controlada las zonas de Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Ayer, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que a un magistrado federal se le aseguraron cuentas por 50 millones de pesos, y aunque no lo identificó por su nombre, todo hace suponer que se trata de Avelar Gutiérrez, al mencionar que estaba adscrito en Jalisco.
Sin embargo, el expediente de “Juan Pistolas” no fue el único de este tipo. Hay otros en los que el mismo magistrado dictaminó la libertad de los acusados que supuestamente pertenecen a este cártel, abundó el rotativo.
Avelar Gutiérez atendió al menos 10 casos de detenidos vinculados al CJNG, y en todos resolvió en su favor. En abril pasado lo transfirieron a un tribunal con sede en Chilpancingo, Guerrero, y se le inició un procedimiento administrativo.
En su carrera como integrante del PJF, Avelar Gutiérrez había atendido casos de Rafael Caro Quintero y Rogelio González Pizaña, este último considerado en 1999 uno de los hombres más importantes en la estructurara del Cártel del Golfo cuando el líder era Osiel Cárdenas Guillén.
