En un intento por ocultar todas las pifias y los abusos financieros que ha cometido el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, este y otros funcionarios suelen recurrir a la perorata de que la culpa es del Gobierno Federal, del de Enrique Peña Nieto primero, y del de Andrés Manuel López Obrador ahora.
La realidad es que no siempre ha habido buena relación entre gobernador y Presidente de la República, pero nunca se había llegado a los niveles de crisis económica local como los que se viven ahora. No solo la administración que encabeza “Kiko” Vega no ha tenido siquiera para pagar a sus propios empleados, sino que ha afectado a otras instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Universidad Autónoma de Baja California, Tribunal Superior de Justicia del Estado, Instituto Estatal Electoral, el sector educativo y por supuesto, los hospitales de administración estatal.
Pero el desamparo en que el gobernador mantiene a las instituciones debido a la mala administración de los recursos, está afectando también a las asociaciones que conformadas por ciudadanos comprometidos, realizan labor social para aligerar la carga del desarrollo y las oportunidades que son obligación de los gobiernos.
Esta semana uno de los albergues de migrantes más reconocidos de Baja California, el Madre Assunta, padeció la mala administración estatal. Acostumbrados a funcionar a partir de donaciones privadas, en especie y de trabajo comunitario y solidario, los albergues de migrantes proveen de servicios, atención, asesoría, alojo y alimentos tanto a mexicanos que son deportados de Estados Unidos a nuestro país, como a migrantes extranjeros que llegan a Baja California con la esperanza de una mejor vida a partir de lograr asilo en la Unión Americana o de establecerse en la frontera.
Más allá de los dichos xenófobos que en el pasado inmediato caracterizaron al alcalde de Tijuana ahora en campaña, o de la desatención estatal y la reacción federal momentánea sobre el fenómeno de la migración, los albergues requieren de apoyos constantes y eficientes para continuar con la labor que los gobiernos no realizan para apoyar a los connacionales y migrantes extranjeros.
En la época del gobierno de don Héctor Terán Terán (1995-1998), este firmó convenio con algunas asociaciones dedicadas a esta labor para entregarles un pequeño pero importante recurso para el mantenimiento de las instalaciones y las tareas sociales que desarrollan. Sí, para ayudarlos con el pago de algún servicio, la adquisición de productos o la contratación de personal.
El convenio fue confirmado por José Luis Pérez Canchola cuando su encargo era coordinar los centros de apoyo al migrante. Va, no es tanto: de manera mensual, 17 mil 500 pesos entregados al albergue Madre Assunta todos los días primero del mes. Sin embargo, desde enero de 2019, el Gobierno del Estado que encabeza Vega de Lamadrid ha dejado de enviarles el dinero.
En total “Kiko” debe, tan solo al albergue Madre Assunta, 87 mil 500 pesos.
Durante ese tiempo, ni los deportados han dejado de llegar como tampoco los migrantes centroamericanos, haciendo la carga de trabajo más grande para los albergues y centros de apoyo a los migrantes. Desafortunadamente, lo que ha dejado de llegar es el dinero del gobierno de Francisco Vega, la limitación en los recursos a estos organismos es más por la crisis económica en la que se encuentra el Estado, que otra cosa.
Argumentarán que no les ha llegado el recurso federal, pero por parte del Gobierno Federal, ahora encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la política es que no habrá más dinero para organismos de la sociedad civil, para ninguno. Ni para los de migrantes, ni para las artes, ni para el desarrollo o la creación de empleos, mucho menos para la educación.
Así, muchos organismos que desde la sociedad civil cumplían con una labor que el gobierno no estaba ejerciendo en beneficio de la sociedad, hoy se encuentran en el doble desamparo. Por un lado, un mal gobierno, con tufo de corrupción como el de Vega de Lamadrid, no tiene para cumplir con los compromisos adquiridos; y por el otro, un Gobierno Federal cuya política es beneficiar directamente al ciudadano con programas que parecen clientelares y que podrían rendir dividendos en términos electorales, se aleja de la sociedad civil organizada.
Así el albergue Madre Assunta, cuya capacidad para atender a 80 personas, hoy día con el apoyo solidario de ciudadanos y empresas, da servicio y atención a 120 personas diariamente.
En el primer trimestre de 2019, por Baja California fueron deportadas unas 15 mil personas: 4 mil 67 en enero, 4 mil 986 en febrero y 5 mil 893 en marzo. De todos ellos dieron cuenta el Instituto Nacional de Migración y los albergues de migrantes establecidos en los cinco municipios, así como algunas ferias del empleo promovidas desde la iniciativa privada, las más de las áreas económicas, del gobierno las menos.
Es decir, los migrantes no han dejado de llegar ni dejarán de hacerlo, y los gobiernos de los estados receptores de migrantes o de los estados expulsores de migrantes, no cuentan con políticas públicas y presupuestos asignados para la atención de estos. La administración de López Obrador eliminó el Fondo de Atención a Migrantes, dejando aún más en el abandono gubernamental a quienes realizan una altruista labor en el apoyo, rescate y desarrollo de las personas en calidad de migrantes.
Es lamentable, pero hasta en eso está fallando a Baja California un gobernador que nació en otro Estado, que tiene residencia en otro país e inversiones fuera de BC. Ni para apoyar a quienes le aligeran la carga, ha sido eficiente.
Ahora sí que ha dejado a la sociedad civil, a la sociedad que en campaña dijo era la que mandaba, en el desamparo.
