La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Baja California emitió la Recomendación General 1/2019 señalando las responsabilidades que el Gobierno del Estado y los cinco municipios deben cumplir para la prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia de género, incluyendo la violencia feminicida y la reparación integral del daño.
De acuerdo a datos estadísticos compartidos por el organismo, de 1985 a 2016 se han registrado en promedio 53 muertes de mujeres con presunción de homicidio en Baja California, destacando que la ciudad de Tijuana ha figurado desde hace una década entre los primeros diez municipios con mayor incidencia muertes violentas de mujeres.
En lo que respecta en los últimos tres años, esta ciudad fronteriza ha permanecido en los primeros lugares, mientras que Baja California tuvo el primer lugar en tasa de homicidios femeninos en 2018 con 250 asesinatos registrados.
En los primeros tres meses de este 2019, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha documentado 44 muertes violentes de mujeres a nivel estatal.
La CEDH registró más de mil quejas, entre 2017 y 2018, por posibles violaciones a los derechos de las mujeres, lo que equivale a casi el 30 por ciento del total de quejas que ha recibido en este periodo.
Los principales derechos humanos presuntamente vulnerados son la seguridad jurídica, la igualdad (que implica la no discriminación), el trato digno y la protección a la salud, señalando a la PGJE, la Oficialía del Registro Civil en Tijuana, el Sistema Educativo Estatal y a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana como principales autoridades responsables.
El documento reúne 23 puntos recomendatorios que las autoridades deben cumplir para garantizar la erradicación de este problema en la Entidad, entre los que se destaca establecer un sistema de información enfocado en recabar, analizar y publicar periódicamente datos estadísticos de las denuncias de todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer.
Este sistema deberá incluir información sobre las condenas impuestas a los autores y las reparaciones fijadas a favor de las víctimas, de igual forma se les solicita adoptar una metodología de seguimiento y evaluación de avances en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas.
Se pide emitir una convocatoria para que las organizaciones de la sociedad civil se sumen a las sesiones del Sistema Estatal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Baja California, conforme a lo que ésta establece en la materia, así como actualizar el Programa de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Estado de Baja California (PPASEVMBC) creado en 2015.
Se destaca en el séptimo punto de esta Recomendación General que “las autoridades en el Estado en el ámbito de sus respectivas competencias deberán abstenerse de especular sobre la posible pertenencia de las víctimas al crimen organizado, incluyendo casos de mujeres victimizadas en el marco de presuntas actividades delictivas”.
Bajo este mismo contexto, Comisión Estatal reconoce la iniciativa de la PGJE de investigar todo asesinato de mujer como feminicidio, salvo elementos que desestimen que se reúnan los elementos típicos para configurar dicha conducta, se reitera el llamado a la autoridad ministerial para que continúen esta práctica e incorporen en toda investigación la perspectiva de género con el fin de agotar todas las líneas de investigación.
