Si alguien conoce la reforma a la Ley que en 2014 determinó que, para armonizar los procesos electorales estatales con los federales, a partir de 2019 habría periodos de dos años para la gubernatura, los municipios y las diputaciones, es Fernando Castro Trenti, ex dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, ex diputado, ex senador por el mismo partid, candidato derrotado al gobierno de Baja California y embajador en Argentina y en Suiza en el sexenio priista de Enrique Peña Nieto.
Durante los años que Castro Trenti la hizo de oposición en Baja California, prácticamente desde 1991 hasta 2012, fue el encargado de hacer y deshacer en el PRI, y más importante, fue el eje de la negociación política con los gobiernos panistas de Baja California.
Durante las administraciones de Eugenio Elorduy Walther y José Guadalupe Osuna Millán, negoció posiciones, leyes y nombramientos con quienes fueron secretarios generales de Gobierno, particularmente con Bernardo Martínez y con Francisco Blake, respectivamente.
Además, su paso por el Legislativo federal, el cual hizo de la mano de su entonces mentor político Manlio Fabio Beltrones Rivera, le permitió conocer los entretelones de los litigios electorales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, institución en la que ese PRI ahora derrotado, invirtió recurso y personal para controlar las decisiones de los magistrados.
Durante la gestión de Osuna Millán, Fernando era senador y comenzaron las negociaciones políticas en el Congreso local para la armonización electoral. La idea es que Baja California también tuviera menos procesos electorales.
Con los diputados priistas, que tampoco eran mayoría en aquel entonces, pero negociaban alto su voto para acordar con el Partido Acción Nacional y con Castro Trenti en calidad de negociador top, se empezó a consensuar el tema del empate de las elecciones estatales con las federales. El embajador personalmente se entrevistó con actores políticos, sociales y partidos para llegar a una propuesta única. La opción era hacer una gubernatura de dos años o una de cinco. El primer caso implicaba empatar la elección de gobernador del Estado con la federal intermedia; el segundo, llevarla a cabo al mismo tiempo que la elección de Presidente de la República.
Castro Trenti y los suyos concluyeron que sería mejor separar la elección de gobernador de la del Presidente, considerando que se respetaría la autonomía estatal y evitarían que en caso de tener un candidato carismático o que se aplicara la maquinaria electoral en la presidencial, el voto fuera parejo y arrastrara el resultado nacional al local.
Exactamente ese escenario que vislumbraban en 2007, sucedió en julio de 2018, cuando el ahora Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arrasó con los votos y en su oleaje político electoral hizo diputados, senadores y gobernantes a muchos más. A excepción de Guanajuato, López Obrador ganó en todos los estados de la República con su Movimiento Regeneración Nacional y determinó el resultado de la mayoría de las elecciones concurrentes.
Redactor, cabildero y negociador de la Ley que determinó la gubernatura de dos años para Baja California, Fernando Castro Trenti sabe cómo combatirla, revertirla, cambiarla.
No fueron gratuitas las omisiones en tres ayuntamientos, como tampoco la laxa redacción de la enmienda política.
Hasta hace unos meses, aun en el autoexilio de la política bajacaliforniana, aseguraba que cambiar el periodo para la gubernatura dependía del cabildeo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que ahí debía hacerse el trabajo.
Pero hace unos días, todo el escenario cambió para el ex senador. Confirmó lo que ya se sabía y terminó siendo uno más de los priistas (acaso nunca dejan de serlo) que renuncia al partido para apoyar a Morena, acto tan de moda en esta promiscuidad política por la que atraviesa el país de la mano del Presidente López Obrador y el ejercicio del poder federal.
Seguramente la de Castro Trenti no fue una decisión tomada a la ligera o en cuestión de horas. Seguramente fueron meses de pensar en su futuro, pese a declarar cuando así se lo preguntaban, que estaba y estaría fuera de la política bajacaliforniana. No es coincidencia que en las últimas semanas el candidato de Morena al Gobierno del Estado, Jaime Bonilla Valdez, por quien se decantó públicamente Castro Trenti, haya iniciado el proceso jurídico para que la gubernatura no fuera por un periodo de dos años, tampoco de cinco, sino de seis.
No es casualidad que el hacedor y negociador de esa Ley se haya acercado a Bonilla. Como tampoco lo es que es muy probable que la próxima semana, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le aprueben el recurso a Jaime Bonilla, ratificando la decisión del Tribunal Electoral de Baja California, que amplió el periodo de la gubernatura a seis años.
Ahora sí que los astros se juntaron a fuerza de atraerlos a Jaime Bonilla.
Es probable que los magistrados pasen por encima de los dos precedentes que se tienen al respecto, como fueron los recursos de Puebla y Veracruz para ampliar periodos de gubernatura, pero se mantuvieron en los dos años como había sido determinado -al igual que en BC- en los congresos de aquellas entidades.
Así, Baja California tendría elecciones en 2019, en 2021 para renovar Congreso y ayuntamientos y diputados federales, en 2024 para elegir senadores, Presidente de la República y en 2025 para elegir gobernador, como si nada hubiera cambiado, como si no se hubiesen armonizado los procesos para tener menos elecciones.
Sí, Jaime Bonilla Valdez no quería ser candidato la gubernatura por dos años y ha hecho todo lo posible para ampliar el término del periodo, y en eso, el embajador Castro Trenti es un especialista que, casualmente, recién se le sumó.
