Una nueva intentona de extender la próxima gubernatura de Baja California a cinco años fue denunciada desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde acusan directamente a Alejandro Miramontes, encargado de Aduanas en el estado, de ofrecer hasta un millón de dólares a cada diputado local para sesionar y modificar el transitorio octavo del decreto 112 que permitió el periodo de gobierno.
En conferencia de prensa, el presidente de la XXII Legislatura Benjamín Gómez Macías señaló que directamente a él le ofrecieron la cantidad señalada para convocar a una sesión extraordinaria para votar los cambios al decreto surgido en 2014.
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A parte del funcionario de aduanas, el legislador indicó que Roberto Alcalá, que se presenta como subsecretario de Gobernación, también está inmiscuido en la compra de votos pues es a quien citan como el encargado de hacer las negociaciones.
De la misma forma, acusó a su compañero de bancada Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, de participar en la operación siendo él que busca directamente a diputados para ofrecer dinero a cambio de su voto.
Gómez Macías responsabilizó de cualquier cosa que le suceda a él o su familia al gobierno federal, pues teme represalias por la denuncia, pues ya incluso hay una campaña en su contra en columnas políticas de varios medios de comunicación.
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Igualmente, rechazó que vaya a convocar a sesión extraordinaria.
Quien acompañó al diputado fue el candidato priista a la gubernatura, Enrique Acosta Fregoso, quién aseguró que se interpondrá la denuncia correspondiente ante autoridades de la Fepade.
