Una nueva intentona de extender la próxima gubernatura de Baja California a cinco años fue denunciada desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde acusan directamente a Alejandro Miramontes, encargado de Aduanas en el estado, de ofrecer hasta un millón de dólares a cada diputado local para sesionar y modificar el transitorio octavo del decreto 112 que permitió el periodo de gobierno.
En conferencia de prensa, el presidente de la XXII Legislatura Benjamín Gómez Macías señaló que directamente a él le ofrecieron la cantidad señalada para convocar a una sesión extraordinaria para votar los cambios al decreto surgido en 2014.
A parte del funcionario de aduanas, el legislador indicó que Roberto Alcalá, que se presenta como subsecretario de Gobernación, también está inmiscuido en la compra de votos pues es a quien citan como el encargado de hacer las negociaciones.
De la misma forma, acusó a su compañero de bancada Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, de participar en la operación siendo él que busca directamente a diputados para ofrecer dinero a cambio de su voto.
Gómez Macías responsabilizó de cualquier cosa que le suceda a él o su familia al gobierno federal, pues teme represalias por la denuncia, pues ya incluso hay una campaña en su contra en columnas políticas de varios medios de comunicación.
Igualmente, rechazó que vaya a convocar a sesión extraordinaria.
Quien acompañó al diputado fue el candidato priista a la gubernatura, Enrique Acosta Fregoso, quién aseguró que se interpondrá la denuncia correspondiente ante autoridades de la Fepade.
