Con el fin de evitar el desvío de más de 10 mil millones de pesos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Baja California interpondrá la próxima semana un recurso de amparo contra el Decreto 335, y de ese modo suspender la reestructuración y refinanciamiento de deuda a largo y corto plazo, así como la contratación de las Asociaciones Pública Privada (APP) de la desalinizadora de Rosarito y la del segundo piso Zapata-Aeropuerto.
Rodrigo Llantada, secretario técnico del organismo estatal precisó que el monto de la deuda a largo plazo sin reestructuración contando los intereses asciende a 26 mil millones de pesos, pero se eleva a 35 mil millones de pesos con la reforma. De modo que “no hay ninguna razón, ni beneficio tangible” para renegociar el empréstito, afirmó.
Explicó que la deuda de largo plazo por $12,526,980,742.81, compuesta por diversos créditos, entre ellos el Bono Cero de Banobras (mil 500 millones de pesos) por el que el Estado sólo paga los intereses ya que la Federación sufraga el monto principal, se vería afectado con la reestructuración, pues al hacerla el Gobierno del Estado tendría que pagar el recurso que subsana actualmente la Federación.
En la conferencia de prensa que ofrecieron Teresa Ruiz, Carlos Ibarra y Gabriel Camarena de los CCE de Tecate, Ensenada y Tijuana, respectivamente, así como el abogado fiscalista Adolfo Solís, este último aseguró que “es ilógico que se esté refinanciando la deuda al final de una administración, que se estén cancelando rubros que van a costar más, que estén tratando de refinanciar créditos que se vencen en 2037” y cuestionó ¿qué se esconde en ese refinanciamiento?, ¿cuáles son los montos de las comisiones y quién intervendrá en ellas?”.
En ese sentido, indicaron que no se sustenta el crédito que se pretende contratar por $2,600,000,000 para las jubilaciones y pensiones a cargo del estado en el sector educativo, mediante el Decreto 335, toda vez que esos rubros ya fueron cubiertos.
Por otro lado, el análisis del Comité Técnico detectó que como están planteados los proyectos de la desalinizadora y el Periférico Zapata-Aeropuerto son inviables financieramente, pues para costear la desalinizadora la tarifa de agua se encarecerá 30%.
Además de que se corre el riesgo de más deuda para poder compensar el recurso que no genere como está ocurriendo con la desalinizadora de Ensenada, que tuvo que contratar créditos de contingencia para cubrir el recurso que cubra las mensualidades. Mientras que, en el caso del Periférico el Estado deberá pagar por cada vehículo que no transite por él.
Aunado a ello, Solís Farías expuso que los diputados aprobaron en el Decreto 335 un monto inicial del Periférico Zapata-Aeropuerto de mil 455 millones de pesos y un costo total por 11 mil 600 millones, pese a que el costo total real de la obra es de mil 455 millones de pesos. De modo que “están volando 10 mil 134 millones de pesos”.
“¿Negligencia, error, descuido, corrupción o viene un desvío de fondos?, y nosotros no podemos permitir eso”, afirmó el experto, quien apuntó que el Gobierno ha tratado de justificarlo.
