Debido a que recibió una condena por delincuencia organizada en México, Carlos Herrera Ávalos “El P1”, del Cártel Arellano Félix, tendrá que compurgar preso en el país antes de ser extraditado. Por su parte, a René Arzate García “La Rana”, del Cártel de Sinaloa, le negó el amparo contra la orden de detención provisional con fines de extradición, aunque aún no es capturado. Madre de Juan Francisco Sillas interpuso un juicio de garantías que ha aplazado la entrega de su hijo a Estados Unidos y “El Piolín”, del CJNG, ya promueve nuevo amparo para no ser extraditado
La situación legal de presuntos narcotraficantes que operan u operaron en alguna época en Baja California para diferentes organizaciones delictivas, se dirime en tribunales federales en los que se determinará su futuro y se conocerá sí serán juzgados en México o en Estados Unidos, pues en ambos países tienen cuentas pendientes con la justicia.
Fotos: Archivo.- Juan José Vargas, “El Piolín”, “El JP”.
Por lo pronto, se resolvió que el ex jefe de células del Cártel Arellano Félix (CAF), Carlos Herrera Ávalos, que también utiliza el nombre de Gustavo Rivera Martínez, alias “El P1”, no será extraditado a Estados Unidos para que compurgue en México una sentencia que le fue impuesta recientemente por el delito de delincuencia organizada.
Quien no ha sido capturado, pero cuenta con orden de detención provisional con fines de extradición, es René Arzate García “La Rana”, al que un Juez de Distrito de Tijuana le negó un amparo para evitar su búsqueda, pues además de ese mandamiento judicial, no existe ninguna orden de aprehensión en su contra, pese a ser señalado como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa (CDS) en esta frontera.
Otros capos o lugartenientes de grupos delictivos de alto impacto tramitan juicios de garantías para evitar su entrega al gobierno norteamericano, han sido muchos los intentos por eliminar la posible extradición. Uno de ellos es Juan José Pérez Vargas “El Piolín”, uno de los últimos jefes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esta plaza, al que le fue revocado un amparo ganado meses atrás en su intento de no ser extraditado.
Un personaje más, al que su madre le promovió el juicio de amparo en Tijuana, es Juan Francisco Sillas Rocha “El Ruedas” o “El Sillas”, quien lleva batallando casi diez años contra la extradición, y, por lo menos, ha logrado aplazarla desde los penales de máxima seguridad de Puente Grande y el Reclusorio Oriente de Ciudad de México, adonde fue enviado temporalmente (seis días) a finales de 2018.
Todos estos personajes cuentan con procesos penales o alguna condena en México; sin embargo, no quieren que les suceda lo que a otros narcotraficantes, a quienes el gobierno federal ha cedido a su homólogo norteamericano para que primero sean juzgados en ese país, para después traerlos de vuelta y procesarles las causas pendientes, como ocurrió con Jesús Héctor Palma Salazar “El Güero Palma” o Javier Torres Félix “El JT”, aún presos en el penal Altiplano, tras unos años de purgar penas en la Unión Americana.
“P1” SE QUEDA
Con más de once años recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 Altiplano, el ex jefe de células del CAF, Carlos Herrera Avalos “El P1”, tiene en claro que no será extraditado por el momento, pues las autoridades mexicanas ya informaron vía diplomática a las estadounidenses que el reo compurgará una condena en el país y será entregado después.
El presunto traficante ha dedicado todos estos años en prisión, luchando contra dos motivos principales: el primero, contra la extradición para ser juzgado en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, bajo cargos de asociación delictuosa para importar y para distribuir marihuana y cocaína; y el segundo, contra su reclusión en un penal de máxima seguridad, siendo que en su orden de detención decía que se le pondría dentro de una prisión de Ciudad de México.
Fueron varias las ocasiones en que Herrera Avalos o Gustavo Rivera Martínez, como se hace llamar, ganó juicios de amparo para efectos de que se volverán a analizar fundamentos y motivaciones legales, pero finalmente, siempre obtuvo los mismos resultados, los cuales prevalecen: se concedió su extradición y permanece en el Cefereso Número 1 Altiplano, en el Estado de México.
Fotos: Archivo.- Juan Francisco Sillas Rocha, “El Sillas”
Debido a su lejanía, desde el centro del país descuidó el único proceso penal que se le instauró en México. A finales de 2015 se conoció de una orden de aprehensión en contra del “P1” girada en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro. El mandamiento judicial se ejecutó en reclusión en Almoloya de Juárez.
En ese momento, la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que no era posible llevar a cabo la entrega en extradición del procesado, hasta que se resolviera su situación jurídica en el país. Así lo informó la cancillería a las autoridades norteamericanas.
Fue hasta el 20 de agosto próximo pasado que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Tijuana, dictó sentencia condenatoria contra Carlos Herrera Avalos por el delito de delincuencia organizada, así como del diverso de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. No se dio a conocer la cantidad de años a la que fue condenado “El P1”, cuya defensa promovió –al igual que el Ministerio Público Federal- el recurso de apelación, pendiente de resolución.
De confirmarse el fallo en un Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, el sujeto reclamado por Estados Unidos no será extraditado hasta concluir el cómputo de su sentencia en el penal federal donde se encuentra.
NIEGAN A “LA RANA”
Luego de una serie de controversias por establecer la competencia para resolver el juicio de amparo interpuesto por el presunto narcotraficante René Arzate García “La Rana”, señalado como líder del CDS en Tijuana, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales de esta ciudad resolvió negar la protección de la justicia federal al quejoso.
Aunque el veredicto es recurrible a través del recurso de revisión, sigue vigente la orden de detención provisional con fines de extradición dictada el 27 de febrero de 2017, en el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad de México contra Arzate.
Los hechos imputados a “La Rana” derivan de la nota diplomática número 16-4200 con fecha 3 de noviembre de 2016, que se relacionó como allegada a la solicitud de extradición, tanto en original en idioma inglés, traducida al español, suscrita por William H. Duncan, en su carácter de encargado de la Misión Diplomática de Estados Unidos.
El funcionario acreditado para firmar dicha nota diplomática, precisó que la petición para extraditar a Arzate García es la acusación que pesa en su contra en una Corte Federal norteamericana, bajo el siguiente cargo: “Uno: Asociación delictuosa para importar 1,000 kilogramos o más de marihuana a los Estados Unidos de América, desde un lugar en el extranjero, en contravención a lo dispuesto en las secciones 952, 960 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos de América…”.
Lo anterior, derivado del proceso con el número de causa 14CR2122-DMS, que se instruye en contra del mexicano presentado el 25 de julio de 2014 ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California.
La petición contiene los datos por los que se identifica y describe al reclamado René Arzate García “La Rana”, “El General”, “Dad” o “Apá”, de nacionalidad mexicana, con fecha de nacimiento 11 de junio de 1983, de estatura y peso aproximados de un metro con 77 centímetros y 90 kilogramos, tez blanca, cabello castaño y ojos cafés. Se tuvo conocimiento de que se encuentra en territorio mexicano, sustentando con ello el requisito previsto por el Artículo 11, numeral 1, del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.
Con la promoción del amparo, se comprobó la orden de detención provisional con fines de extradición, como lo informó ZETA en 2017; en cambio, el juicio de garantías causó sobreseimiento, por lo que se refiere a una posible orden de aprehensión dictada por delitos cometidos en el país, pues a la fecha no existe ningún mandamiento para aprehender a “La Rana” en México.
SILLAS Y “PIOLÍN”
Otro que ha dado batalla legal para evitar su entrega al vecino país del norte, es Juan Francisco Sillas Rocha “El Sillas”, quien ha conseguido aplazar la entrega. En la interposición del medio de defensa más reciente, su madre, Taydé Rocha Gaxiola, le tramitó un amparo ante el Juzgado Tercero especializado en la materia en Tijuana.
El juicio de garantías fue presentado el 27 de junio de 2018, fecha desde la que se suspendió de plano el acto reclamado: orden de extradición y su ejecución material. El asunto anduvo rodando varios meses entre incompetencias declaradas por Juzgados de Baja California, Ciudad de México y Jalisco. A la fecha no existe una resolución.
El que también anduvo rodando fue el reclamado y, debido a una enfermedad renal, ha buscado su traslado a un penal estatal de mediana seguridad y salir del Cefereso Número 2 Occidente en Jalisco, donde se encuentra preso desde el día de su detención.
ZETA ya había adelantado que representantes de Sillas Rocha andaban “pidiendo favores” a autoridades de Jalisco a finales del año pasado, pero no prosperaron.
Sin embargo, “El Sillas” tuvo una salida fugaz del penal de máxima seguridad de Puente Grande. Misteriosamente, el 7 de noviembre de 2018, el director general de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en ausencia del comisionado, autorizó el “traslado voluntario” del reo, del Cefereso 2 al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de Ciudad de México.
El traslado se materializó cuando el día 9 siguiente, Juan Francisco ingresó al penal capitalino. Se decía misteriosamente porque, seis días después, el coordinador general de Centros Federales, en ausencia del comisionado del OADPRS, dejó sin efecto la orden de traslado y decretó el regreso del interno al penal federal jalisciense el 15 de noviembre.
Poco le duró el gusto al otrora jefe de células del CAF, cuya peligrosidad criminológica y su pertenencia a grupos de la delincuencia organizada, además de la espera de su extradición internacional, justifican la medida cautelar de prisión preventiva en una institución penitenciaria de máxima seguridad.
Por su parte, Juan José Pérez Vargas “El Piolín”, líder del Cártel Jalisco (o Tijuana) Nueva Generación, que recientemente perdió -en recurso de revisión- un amparo en contra de la posible extradición a una Corte de Distrito de Estados Unidos, ya promueve un nuevo juicio de garantías ante el Juzgado Primero de Distrito especializado en la materia en Jalisco, donde permanece preso en el Reclusorio Metropolitano de Guadalajara.
La extradición por la “vía larga”
4 de diciembre de 2003. El Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en Ciudad de México, libró orden de detención provisional con fines de extradición contra Carlos Herrera Ávalos.
13 de marzo de 2008. Fue cumplimentada la orden de detención con fines de extradición dictada contra “El P1”; se le internó en el Cefereso Número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
1 de octubre de 2012. El Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en Ciudad de México, emitió la opinión jurídica favorable respecto de extraditar a Herrera Ávalos.
13 de noviembre de 2012. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno de México concedió al de Estados Unidos la extradición internacional del sujeto reclamado.
27 de junio de 2014. Por pifias en el procedimiento, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México concedió la protección de la Justicia de la Unión al “P1” para que la SRE dejara insubsistente la extradición y dictara una nueva resolución.
5 de noviembre de 2014. La SRE emitió el nuevo acuerdo por el que el gobierno mexicano concede al de EU la extradición internacional de Carlos Herrera Ávalos.
29 de mayo de 2015. El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso.
15 de septiembre de 2015. La directora de Asistencia Jurídica Internacional de la SRE, puso a Herrera Ávalos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que se realice su entrega al gobierno de Estados Unidos.
23 de octubre de 2015. El director general de Procedimientos Internacionales de la PGR informó a la directora general de Asuntos Jurídicos de la SRE, que “El P1” estaba a disposición de un juez federal por el delito de delincuencia organizada y secuestro.
28 de octubre de 2015. Mediante nota diplomática, Asuntos Jurídicos de la SRE informó a la Embajada de Estados Unidos que a Carlos Herrera Ávalos se le juzgaba penalmente en México y, por tanto, no era posible llevar a cabo la entrega en extradición hasta que la PGR informara lo contrario.
20 de agosto de 2018. El Juzgado de Procesos Penales Federales de Baja California dictó sentencia condenatoria contra “El P1” por la comisión del delito de delincuencia organizada y por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. El condenado apeló.
