Familiares de la víctima ven con impotencia el avance “lento” del caso, mientras la defensa del ahora imputado busca su libertad a través de una audiencia de sobreseimiento. La PGJE “confía” en que Sergio Enrique no logre su libertad y reconoce que aplazamiento de audiencia intermediaria será una artimaña. Grupos feministas lamentan que en el caso, a pesar que las pruebas contra el agresor son tan evidentes, no se pueda tener una sentencia aún
El 16 de abril del 2018 en una casa a medio construir de la colonia Lomas de Abasolo de Mexicali, fue encontrada sin vida Valeria Ahumada Jáuregui de 23 años de edad, reportada como desaparecida unos días antes por sus familiares. El cuerpo de la joven tenía señas de múltiples golpes y heridas. De acuerdo a la necropsia que se le practicó en el Servicio Médico Forense (Semefo) fueron identificadas un total de 22 lesiones por arma punzocortante, dos de las cuales le perforaron una arteria que le causó el choque hipovolémico que terminó con su vida.
Foto: Valeria Ahumada
Su pareja sentimental, Sergio Enrique Sánchez Dueñas (Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), fue el principal sospechoso casi de inmediato, su fuga hacia el vecino estado de Sonora agravó la situación. Unos días después, el 20 de abril, el joven fue arrestado por policías municipales en Sonoyta, a 270 kilómetros de donde ocurrió el crimen, la detención fue por narcomenudeo y después fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría en Mexicali.
El 24 de abril de ese mismo año a Sergio Enrique le fue imputado el delito de feminicidio por la juez Sara Perdomo Gallego.
Actualmente y bajo la causa penal 1810/2018 y el Número Único de Carpeta 02-2018-17177 el caso continúa bajo el delito de feminicidio en el Poder Judicial del Estado. A más de un año de los hechos, este sigue sin tener una sentencia.
En una cronología del caso, con datos proporcionados por el mismo Poder Judicial, se describe como la defensa del imputado ha logrado ir aplazando la audiencia intermedia y en más de doce meses ha podido impedir la resolución del caso, ahora con Gerardo Anguiano Ceja como juez.
El 24 de abril de 2018, se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, misma en la se decretó el auto de vinculación por el delito de feminicidio. Se dictó prisión preventiva como medida cautelar y se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.
Sin embargo el 30 de octubre siguiente, al cumplirse los referidos seis meses, se realizó una audiencia para prórroga del plazo de investigación a petición de la defensa privada. El juez accedió y extendió el lapso de cierre a dos meses más, concluyendo el 30 de diciembre.
El 9 de enero de 2019 se llevó a cabo una nueva audiencia para solicitar una prórroga más del plazo de investigación por parte de la defensa del imputado, logrando de nueva cuenta extender el plazo de cierre para el pasado 28 de febrero.
El 8 de marzo se programó una tercera audiencia para otra prórroga del plazo de investigación, sin embargo, a solicitud de la misma defensa se difiere para el 4 de abril siguiente. Pero llegada la fecha, la defensa se desiste de su petición por lo que se deja sin efecto la audiencia.
El 26 de abril, días después de cumplirse el primer año de la muerte de Valeria, el abogado defensor presentó un escrito donde solicitó el sobreseimiento del caso, debido a que en esa fecha el Ministerio Público no había presentado el Escrito de Acusación contra el imputado, violentando así el proceso judicial. Lo que es aceptado por el juez, quien fija el día 31 de mayo para llevar a cabo la audiencia de sobreseimiento.
El Poder Judicial del Estado aclaró que en esta audiencia el juez analizará la pertinencia de la solicitud de la defensa. En relación al señalamiento de que no se había notificado sobre la acusación, se aseguró que el escrito de acusación emitido por el Ministerio Público fue recibido en el Tribunal de Garantía el 24 de abril de 2019, dos días antes de la última audiencia.
Procuraduría confía que el caso se resuelva pronto
El subprocurador de Justicia de Zona Mexicali, Fernando Ramírez Amador, aseguró a ZETA que el abogado defensor busca que Sergio Enrique salga libre bajo el argumento de la omisión en la notificación de la acusación, lo cual no es algo nuevo ya que se ha identificado como un recurso recurrente ante juzgados de garantía, pero los antecedentes muestran que la mayoría de las ocasiones no ha rendido frutos.
Para el funcionario estatal el caso sigue siendo sólido contra el acusado sobre todo por el testigo que presenció todos los hechos y que se ha mantenido en sus dichos, por lo que en la dependencia confían en que el juez no permita el sobreseimiento a favor de Sergio Enrique.
“Tendríamos que esperar al día de la audiencia para ver lo que resuelve el juez, pero el ministerio público está confiado en que se le va negar el sobreseimiento porque el caso esta fuerte” indicó Ramírez.
La activista Abril Rodríguez declaró que no existe perspectiva de género ni sensibilidad en la Procuraduría para tratar feminicidios
A partir que se tipificó el feminicidio en Baja California, en marzo de 2015, y hasta el pasado 23 de mayo de este año, el Poder Judicial del Estado cuenta con 56 expedientes de este delito, de los cuales 55 están judicializados, 44 siguen con un proceso abierto y 11 fueron concluidos.
En el mismo periodo de tiempo se tiene registro de 18 causas penales con sentencia condenatoria dictada en la audiencia, pero ninguna con sentencia absolutoria. El Poder Judicial reporta que la condena mínima expedida por este delito en el Estado ha sido por 8 años con 10 meses y la máxima de 50 años en prisión.
De acuerdo al artículo 129 del Código Penal de Baja California, a partir de la reforma que se le aplicó en 2015 se considera feminicidio cuando el delito cumple con todas o varias de las características que se enlistan.
Estas características van desde la existencia de una relación entre la víctima y el presunto responsable de sus homicidios, como relaciones de parentesco, afinidad, matrimonio, concubinato, noviazgo o amistad, o relaciones que impliquen confianza, subordinación o superioridad como el laboral o docente.
Se considera feminicidio si el cuerpo de la víctima fue expuesto o arrojado en un lugar público, muestra signos de violencia sexual de cualquier tipo, y se le infringieron lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones antes o después de privarla de la vida. También si existen antecedentes de amenazas, acoso o lesiones por parte del presunto responsable en contra de la víctima.
Familia de Valeria rechaza posible liberación de Sergio Enrique
Quienes no se muestran tan positivos como el Subprocurador de Zona Mexicali son los familiares de Valeria Ahumada, quienes han pasado más de un año siendo testigos de cómo el caso de la joven sigue sin tener justicia.
Entrevistado vía telefónica desde San Diego, Jaime Ahumada, tío de Valeria, describió el dolor que ha vivido la familia en este periodo durante el cual no se ha visto avance en la resolución. Indicó cómo han sido a partes iguales de lo mejor y lo peor de este tema; por un lado la solidaridad y apoyo de la sociedad, que se ha mostrado sensible y dispuesta a exigir que se aplique todo el peso de la ley. Pero por otro, han sufrido la burocracia con la que se maneja la impartición de justicia.
Explicó que el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) involucrado en el caso ha dado poco acompañamiento a la familia, a pesar de las recomendaciones de agrupaciones ciudadanas especializadas en violencia hacia la mujer.
A parte de lo lamentable y doloroso del crimen, el entrevistado sostuvo que es frustrante que un caso tan sólido y donde el acusado es tan claramente culpable tenga un retraso tan largo debido a detalles procesales.
“No veo cuándo el Estado vaya a tener un caso más sólido para decir que sí están haciendo su trabajo. Tengo entendido que es apenas es el segundo sentenciado por feminicidio en Mexicali y ha habido varios en el último año. Es un cochinero. Entonces si el ministerio público no actúa en un caso en el que tienen todos los elementos a favor, qué puede esperar la sociedad” sostuvo.
Con media vida en Estados Unidos, odia comparar ambos países pero definitivamente prefirió el sistema de justicia del vecino país del norte, donde casos similares han sido resueltos en casi la mitad del tiempo.
Apuntó que el hecho de que la audiencia que había sido programada para el 30 de octubre, y reprogramada por las solicitudes de aplazamiento de la defensa, aún no tenga fecha de realización, provoca una impotencia enorme en los familiares, amistades y personas que se han allegado en el último año a ellos, conmocionados por los hechos en los que perdió la vida Valeria.
Feminicidio de Valeria es punta del iceberg: activista
En el 2018 se registraron un total de 27 homicidios clasificados como feminicidios en Baja California, según cifras de la Procuraduría local. Por municipio, Tijuana fue el que más registró con once, seis en Mexicali, cinco en Playas de Rosarito, cuatro en Ensenada y uno en Tecate. En lo que va del año se han registrado dos casos, uno en Tijuana y otro en Mexicali, en la capital habría ocurrido un tercer caso pero se reclasificó descartando el feminicidio.
Lo anterior fue informado por la propia Procuradora, Perla de Socorro Ibarra Leyva, durante la sexta sesión ordinaria del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, realizada el pasado 22 de mayo en la capital del estado.
De acuerdo a datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), entre 2017 y 2019 se han registrado 123 homicidios contra mujeres, de los cuales 53 en Ensenada, 34 en Mexicali, 26 en Playas de Rosarito y 10 más en Tecate, todos de un inicio y por protocolo fueron investigados como feminicidios y conforme avanzó la investigación se mantuvo o se modificó esa tipificación.
Hasta el momento, de la cifra total, solo 34 permanecen como feminicidios y continúan en investigación. En estas cifras no se contemplan los datos de Tijuana, dado a que no fueron proporcionados por la autoridad al cierre de esta edición.
El escenario en Baja California no es para nada alentador, afirmó Abril Rodríguez, miembro de los colectivos feministas Las Borders y Mujeres por un Mundo Mejor, quien ha brindado acompañamiento a los familiares de Valeria.
Indicó que la ausencia de sensibilización por parte del personal de la Procuraduría en casos de violencia de género, de cualquier tipo, es un primer y muy mal paso en una política pública real de atención del problema.
El manejo de cifras por parte de la dependencia es una parte vital del problema. Por ejemplo, el año pasado en Baja California por lo menos hubo 40 casos que perfectamente pudieron haber sido clasificados como feminicidios, cantidad mucho más elevada de las que manejan las autoridades, dijo Rodríguez.
“Nuestro código penal es muy claro en lo que es un feminicidio y me asombra que teniendo casos de muertes violentas, con connotaciones sexuales, con cuerpos expuestos de forma pública, no podamos ver que se trata de feminicidios” añadió.
“El caso de Valeria es excepcional a nivel nacional. Tenemos todas las pruebas, no solamente el testigo sino todos los testimonios que hacen ruido. Entonces yo como feminista, como miembro de Las Borders y otros colectivos, considero que es la gran corruptela que hay en nuestro estado, porque si las cosas fueran realmente desde la perspectiva de género y se hiciera caso de lo que ya viene estipulado en el código penal no tendría que estarse postergando tanto el caso” agregó.
Expresó que cuestiones tan básicas, como el hecho de que no exista un número directo de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar (UVI) de la Policía Municipal, parece increíble que no hayan sido resueltas a estas alturas.
La licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UABC aseveró que la agresión que sufrió Ahumada Jáuregui es solo la punta del iceberg de la compleja situación que se vive en el estado, que en sí es sumamente violento y cuyas autoridades y ciudadanía están lejos de comprender.
