Seguridad y migración fueron los temas del primer debate entre candidatos a la gubernatura de Baja California, organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) esta noche en Tijuana
Con la ausencia del candidato Jaime Bonilla Valdez, de la coalición Juntos Haremos Historia y quien tuvo actividades este día en Bahía de los Ángeles, dio inicio el primer ejercicio en el que los cinco candidatos fueron cuestionados sobre temas específicos como el alto índice de homicidios dolosos, el combate al narcomenudeo, la procuración de justicia y la atención a migrantes, así como a connacionales repatriados.
En cada uno de los dos bloques, a cada participante se le dio un tiempo de un minuto y 30 segundos para responder a cuestionamientos particulares, con la libertad para los moderadores, Adela Navarro Bello, codirectora de ZETA, y Fernando del Monte, de Noticieros Televisa, de formular preguntas intermedias basadas en los planteamientos de los candidatos.
También se incluyó un segmento de dos minutos de participación para cada candidato, tiempo que podía pausarse en distintas participaciones y que permitía la participación de candidatos por alusión o decisión.
En el caso de seguridad, Héctor Osuna Jaime, del partido Movimiento Ciudadano, propuso resetear las instituciones de seguridad pública, propuesta similar a la de Óscar Vega Marín, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), quien repitió su plan de desaparecer a la Policía Estatal Preventiva (PEP).
“La vamos a desaparecer porque es lo que la gente quiere, vamos a construir una nueva corporación”, aseguró el abanderado de Acción Nacional.
A pesar de que se le cuestionó si se trataría de una depuración o de despedir a los más de 600 elementos que conforman la corporación, el candidato no dio detalles del plan y solo aseguró que la nueva institución se denominaría Secretaría de Paz Ciudadana y tendría un mando militar al frente.
Por el contrario, Ignacio Anaya Barriguete, candidato del Partido de Baja California (PBC), aseguró “no voy a desaparecer policías porque no alcanzamos los mínimos que señalan los índices internacionales” y optó por una depuración.
Jaime Martínez Veloz, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), habló de transparentar y aprovechar recursos para el combate a la inseguridad como el Subsemun (Subsidio para la Seguridad de los Municipios).
Mientras que Enrique Acosta Fregoso, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), concentró su propuesta en mejorar las condiciones del sistema de procuración de justicia, ya que consideró que tanto los Ministerios Públicos como la Policía Ministerial y el Sistema Pericial “viven en un total atraso”.
Por ello, aseguró que, de ganar, impulsaría la carrera profesional dentro de la Fiscalía General, para que sus elementos “tengan una estabilidad en su empleo, su capacitación adecuada en las rutas de la litigación y de la capacitación de la justicia penal”.
Respecto al tema de migración, varios candidatos coincidieron en crear “filtros” para identificar a los migrantes que llegan en caravana, particularmente a aquellos que no son ciudadanos mexicanos, por considerarlos “un riesgo”.
Tal fue el caso de Acosta Fregoso, quien aseguró que estos flujos migratorios provocan en cierta medida “desorden e inseguridad pública”, así como que el número de mexicanos repatriados por el gobierno de Estados Unidos “alteran la estabilidad del Estado”.
En cuanto a propuesta, el priista abordó que propondría que las casas de Infonavit abandonadas en Mexicali, las cuales ascienden a 70 mil inmuebles, podrían reasignarse a los connacionales repatriados.
En términos similares, Óscar Vega Marín consideró que el gobierno de Baja California no puede gastar recursos propios en atender a migrantes de otros países que buscan asilo en el vecino país.
Sobre los mecanismos para afrontar situaciones difíciles como el retiro del Fondo para la Atención de los Migrantes por parte del gobierno federal, el panista criticó “el desorden del gobierno federal que permite que el gobierno de Estados Unidos haga repatriaciones sin orden ni avisar a las autoridades locales”.
Por ello, el panista aseguró “como gobernador voy a imponer una relación de respeto, que nos permita opinar sobre el tipo de repatriaciones que estamos recibiendo” para así distribuir la cantidad de mexicanos que retornan por Baja California a otras entidades fronterizas, así como aumentar el apoyo gubernamental a las organizaciones de la sociedad civil que atienden migrantes.
Ignacio Anaya Barriguete consideró que se pueden utilizar recursos de partidas como la Secretaría de Desarrollo Social, la cual supera los 9 mil 300 millones de pesos al año, para destinarlos al rubro de atención a migrantes.
Por otro lado, Osuna Jaime recriminó la postura del gobierno federal de recabar millones de pesos en impuestos que se generan de la actividad económica de Baja California y no aportar un monto similar para atender este tipo de temas de orden binacional.
Con una duración de una hora, concluyó el primer debate en miras a la elección del 2 de junio, mientras que el próximo debate se desarrollará el domingo 12 de mayo en la capital del estado.
