Luego de dos años de presumir los ahorros obtenidos por el arrendamiento de 66 patrullas, el Ayuntamiento de Mexicali decidió comprarlas por 13 millones de pesos, con lo que -considerando la renta que ya se pagó- esas unidades prácticamente costaron a la administración municipal, 50 millones de pesos.
Efectivamente, el alcalde Gustavo Sánchez Vázquez va por la reelección y adquirió a la empresa Lumo Financiera del Centro, SA de CV, SOFOM, ENR –propiedad de un amigo del ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto- el parque vehicular conformado por 66 unidades, entre pick-ups, vehículos sedán y camionetas.
La contradicción es que se trata de unidades con dos años de uso y, según lo expresado por el director de la Policía Municipal, Alonso Ulises Méndez, precisamente para rentar los vehículos, la vida útil de las patrullas ronda los dos o tres años. Esto significa que el Ayuntamiento de Mexicali erogó más dinero por unidades ya de uso y apenas tendrán un año de duración.
Lumo Financiera del Centro forma parte de un consorcio llamado Cepadem, propiedad del priista mexiquense Luis Humberto Montaño García. En el conglomerado también se encuentra la empresa Integradora de Apoyo Municipal, en la cual Sánchez Vázquez arrendó 40 camiones de basura en 2018.
Por cierto, Cepadem es una de las instituciones que patrocina la Asociación Nacional de Alcaldes, agrupación meramente panista.
ARMAS
3 mil 159 homicidios se registraron en Baja California durante 2018, la mayoría, el 76.9 por ciento -según cifras oficiales- cometidos con algún tipo de arma de fuego, ya sea permitida -que no supere el calibre .380 o .38 en caso de tratarse de un revólver- o de uso exclusivo del Ejército. Acorde con estudios y análisis de grupos de la sociedad civil nacional e internacional, tal cantidad posiciona a Baja California como una de las entidades federativas con mayor índice de crímenes de esa naturaleza, e incluso las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De manera contrastante, BC figura en el penúltimo lugar en la solicitud y entrega de permisos de portación de arma para particulares, otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Conforme a cifras de la institución, donde sólo se registraron 30 solicitudes durante el año pasado, Baja California sólo está por encima de Sinaloa, donde no se recibieron peticiones.
El dato cobra interés porque el domingo 31 de marzo, en Mexicali, se dio un incidente en la colonia Hidalgo donde una persona disparó contra un presunto ladrón que ingresó a su vivienda; el arma calibre 38 que utilizó el morador de su vivienda era legal, una de las pocas registradas en la entidad.
Cabe señalar que un informe de la Oficina de Alcohol Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, realizado en 2015, se determinó que el 30% de las armas que se registran en el país vecino se encuentran en California y Arizona, lo que deja en evidencia el negocio que representa para EU y su responsabilidad en la delincuencia que ocurre de este lado de la frontera.
Fotos: Cortesía
PROPAGANDA
A quien de plano no le importó la veda electoral ni las leyes en materia de propaganda política, fue al diputado Sergio Tolento Hernández, que en pleno inicio de campañas realizó un acto público para entregar apoyos a comunidades de su distrito, ayudas que llevaban impresos los logos del Partido Acción Nacional en todo lugar posible.
Material de construcción, útiles escolares y equipo deportivo, recibieron familias que por dicho beneficio accedieron a posar para la foto que posteriormente sería subida a las redes sociales del legislador.
De lo que Tolento Hernández no se percató, es que el Artículo 100 de la Constitución de Baja California, prohíbe expresamente:
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
En otras palabras, nadie puede utilizar los recursos públicos con fines partidistas, lo que incluye los logotipos de cualquier partido político.
POQUITO MAS
Uno de los bienes que pretendía vender el Gobierno del Estado para el pago de deuda es el hotel Rivera Coral en San Felipe, cuyo avalúo se fijó en un valor de poco más de 22 millones de pesos. Sin embargo, al interior de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, se ordenó llevar a cabo un nuevo proceso de avalúo donde, según el diputado Jorge Núñez, el valor alcanzó los 30 millones de pesos.
Aun así, la realidad es que el monto establecido está por debajo del propio mercado, pues por lo menos se cree que el mínimo aceptado debería alcanzar los 40 millones. De hecho, el candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional, Enrique Acosta Fregoso, quien cuenta con varias propiedades en aquella comunidad, comentó en conferencia de prensa previo al arranque de campañas, que el valor del inmueble se cotiza en aproximadamente 3 millones de dólares.
