Libran órdenes de aprehensión contra Mario Marín y Kamel Nacif por tortura a Lydia Cacho

FOTO: FRANCISCO GUASCO/CUARTOSCURO.COM
 
Destacados martes, 16 abril, 2019 10:57 AM

El Primer Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, con sede en Quintana Roo, ordenó la aprehensión del ex gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, y del José Kamel Nacif Borge, empresario conocido como “El rey de la mezclilla”, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro, en 2005.

Según el mandamiento judicial, citado por el diario Milenio, y emitido por el tribunal federal, también se ordenó la aprehensión del exdirector de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Karam Beltrán, y del excomandante Juan Sánchez Moreno, ambos acusados por el delito de tortura contra Cacho Ribeiro, consecuencia de lo publicado en su libro ‘Los demonios del edén’ (2003).

Las órdenes de aprehensión fueron liberadas el pasado 11 de abril, a uno meses de que se cumplan 14 años de la tortura que sufrió la periodista, quien utilizó su cuenta en la red social Twitter para señalar que en el caso ha habido corrupción, y recordar el hostigamiento que sufrió, por lo que tuvo que dejar el país.

Según el diario 24 Horas de Puebla, el Primer Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito informó que el 26 de noviembre de 2018 se había negado la orden de aprehensión en contra de los implicados, sin embargo, se presentó una apelación con lo que se pudieron liberar otras desde el pasado 11 de abril.

Sin embargo, abogados del exgobernador poblano, que gobernó del 1 de febrero de 2005 al 31 de enero de 2011, están tramitando amparos ante la justicia federal para evitar la detención, tal como lo informó el rotativo local El Sol de Puebla.

Por su parte, Ramón Fernández Solana, coordinador de la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Gubernatura en Puebla, negó la existencia de una orden de aprehensión contra el ex gobernador priísta en dicha entidad y el empresario textil.

“Yo quiero señalar que no hemos tenido comunicación con el licenciado Marín. Estamos en un periodo vacacional y él está de vacaciones. No tenemos absolutamente nada confirmado al día de hoy. El día de hoy, a mi parecer, esto responde más a un tema político de presión que a una orden judicial”, aseguró Fernández Solana.

LA INVESTIGACIÓN DE LYDIA CACHO

La investigación realizada por la periodista retrata una red de prostitución infantil y pederastia, que involucra a empresarios y políticos, lo que que derivó en una denuncia, por calumnias y difamación en contra de la periodista por parte del empresario de origen libanés, primo de Miguel Borge Martín y tío de Roberto Borge Angulo, ambos ex gobernadores de Quintana Roo.

Cacho Ribeiro fue detenida el 16 de diciembre de 2005, por la entonces Policía Judicial de Puebla, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, afuera del Centro Integral de Atención a la Mujer y sus Hijos A.C. (CIAM), para luego ser trasladada por carretera hacia la capital poblana.

Durante el trayecto de más de 15 horas, la periodista fue sometida a tortura, además de que luego quedó demostrada la discriminación de género, razón de la tortura y el trato sexualizado. A pesar de ser la víctima, el 23 de diciembre de 2005 la juez Quinto de lo Penal de Puebla dictó auto de formal prisión contra Cacho Ribeiro, por los delitos de difamación y calumnia.

Sin embargo, tras el pago de una fianza, la periodista consiguió su libertad, pero fue obligada a firmar cada mes. Después, el 17 de enero de 2006, Cacho Ribeiro fue exonerada tras una apelación de su defensa ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.

El 13 de marzo de 2006, la periodista interpuso una contrademanda ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEMIV).

Meses después de se difundió un audio entre el entonces gobernador de Puebla y Nacif Borge, mismo que mostró su complicidad en la detención de la periodista, tal como lo determinó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas(ONU-DH), que el pasado 2 de agosto falló a favor de Cacho Ribeiro y exigió al Estado Mexicano reparar integralmente a la comunicadora.

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