El análisis inherente al consumo de drogas, así como el ámbito de su regulación, deben comprenderse dentro del campo de la actividad estatal, la cual, de conformidad con el artículo primero constitucional, debe tener como soporte el respeto a los derechos humanos.
Hablar de las drogas desde una perspectiva de los derechos humanos no es sencillo. El tema se relaciona con varios derechos, involucra distintos ámbitos o esferas de la actuación estatal y, en razón de ello, su tratamiento es complejo y debe abordarse de forma objetiva, procurando que exista una armonización entre los derechos, los cuales tienen dimensiones individual y colectiva.
Si nos ubicamos desde la perspectiva del consumidor real o potencial, entran en juego derechos vinculados a la libertad personal, a la no discriminación, a la capacidad que tiene cada de persona de decidir sobre el destino y características que quiere dar a su vida, a su desarrollo personal y su cuerpo.
Desde la perspectiva del Estado, se encuentran las ineludibles obligaciones de promover y salvaguardar el derecho a la vida y a la protección de la salud de las personas, así como a la protección de grupos tales como las niñas, niños y adolescentes, siendo este último un sector al que se debe proteger y adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos.
A lo anterior se suman el respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios para los que algunas drogas representan un elemento indispensable en sus culturas, así como la existencia de deberes estatales tan importantes como brindar y garantizar la seguridad de la población y prevenir conductas que afecten a la colectividad en su conjunto.
En fechas recientes se ha generado un debate respecto a la marihuana que ha puesto en la escena pública este tema. No obstante, ésta es sólo una de tantas sustancias existentes, por lo que el debate se enriquece pero no se agota.
Es conveniente realizar intervenciones diferenciadas basadas en los diversos niveles y patrones de consumo, así como de las características propias y específicas de las diferentes drogas, de conformidad con los impactos que causan tanto en el individuo como en las comunidades, pero también con base en sus impactos sociales, culturales y económicos.
De igual forma, debe considerarse que el consumo de drogas no es una cuestión estática y que las drogas se han transformado y las características, modalidades y consecuencias de su consumo también.
Es necesario hacer una distinción entre los efectos de las drogas por sí mismas y los efectos que se derivan de las políticas públicas que en materia de drogas se adopten.
Los altos índices de violencia y la generación de diversas actividades ilícitas que con frecuencia se asocian a las actividades vinculadas con las drogas, no son una consecuencia irremediablemente vinculada a su consumo. Sus causas son mucho más complejas. Esta cuestión debe ser reconocida por las políticas que se implementen y no sólo se deberán atacar sus manifestaciones externas sino también sus causas generadoras.
Por otro lado, las personas con adicciones no deben ser criminalizadas. El control de adicciones debe verse, más que bajo esquemas punitivos, como un asunto de salud pública y seguridad social que reconoce diferencias entre las drogas y los riesgos al consumirlas.
La atención de las adicciones debe centrarse en la prevención, diagnóstico temprano, opciones de tratamiento oportuno y la reincorporación social y, sobre todo, abordarse como un tema de salud pública.
Cada vez es más común identificar como un debate el derecho a consumir drogas e incluso el tema de su permisibilidad, no solamente con fines farmacéuticos, sino también abiertamente lúdicos y recreativos sin que exista la evidencia suficiente para afirmar que la política actual para reducir o controlar la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas no ha dado los resultados deseables.
Los problemas asociados a un consumo no responsable de drogas deben atenderse mediante políticas públicas que tengan un carácter integral y multidisciplinario, es decir, a través de intervenciones de programas de salud, educación, cultura, desarrollo social, economía, trabajo, entre otros. Es importante que las dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno tengan una política transversal para atender integralmente las adicciones y la venta ilícita de drogas, y los derechos humanos deben ser, en este contexto, el eje que articule, oriente y sirva como parámetro a toda actividad estatal.
Melba Adriana Olvera es Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California
Correo: melbaadriana@hotmail.com
