David López Jiménez, conocido como “El Cabo 20”, quien autoridades del Grupo de Coordinación de Baja California consideran uno de sus principales objetivos en el combate a la delincuencia en Tijuana, declaró para defenderse ante las acusaciones que se le imputan, argumentando que los policías estatales le sembraron droga y que querían cobrarle derecho de piso para permitirle continuar con la venta de vehículos, negocio por el que –asegura- se mantiene él y toda su familia.
Lo anterior pudo exponerse durante la audiencia de vinculación a proceso donde se decretó que había suficientes pruebas para considerarlo presunto responsable de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos con fines de venta, por lo cual se determinó prisión preventiva y un plazo de dos meses para llevar a cabo la investigación correspondiente.
Fue en la sala 1 del Centro de Justicia del Poder Judicial de la Federación ubicado en Río Nuevo, donde se llevó a cabo esta instancia, la segunda frente a un juez y la última antes de la apertura de juicio oral, donde el abogado defensor Felipe Eduardo Vázquez Vara, intentó desacreditar las acusaciones de la Fiscalía utilizando dos testigos, la esposa del acusado llamada Karen Aguilar, y su amigo –presunto guarura- de nombre Edgar Sotelo.
Pactada a las 11:00 horas, la audiencia comenzó hasta media hora después, debido a que el abogado defensor solicitó un receso para esperar a los policías estatales que se presentarían como testigos, pero no llegaron.
Este argumento motivó la solicitud de la defensa para diferir la audiencia al día lunes, pero por cuestiones de horarios y agenda del Poder Judicial resultaría imposible, por lo que después de una serie de alegatos y amagues de apelaciones y procesos legales entre el litigante, la fiscalía y el Juez, finalmente inició el juicio.
Jaren Aguilar y Edgar Sotelo, se presentaron a rendir su declaración.
El segundo narró que individuos vestidos de civil los obligaron a subir a vehículos, donde los amenazaron con hacerles daño si no otorgaban cierta información; Sotelo dijo incluso que uno de los individuos –que posteriormente supo eran policías- lo amenazó con un arma blanca.
Narró que la detención se llevó a cabo en el cruce de las calles Macristy de Hermosillo y calzada Cetys, a metros del restaurante “Chilis”, donde pretendían comer.
Argumentó que llevaba un proceso judicial aunque había recobrado la libertad y que tenía interés en que su amigo David recobrara la libertad, debido a que consideraba le habían hecho una injusticia.
Por su parte, la esposa del hoy detenido, reiteró que su pareja y su amigo iban a dicho restaurante ubicado en la Zona Dorada de Mexicali, para comer una sopa, y que serían alcanzados por ella y sus dos hijos.
Sin embargo, cuando acudieron a dicho restaurante se dieron cuenta que no estaban, y al preguntarle a un mesero le negó que hubieran llegado.
Tras buscar por un prolongado tiempo, narró que a las 20:00 horas acudió a las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva (PEP) donde le informaron que había sido detenido en posesión de un arma y drogas.
La mujer descargó su coraje contra los agentes preventivos y dijo que toda la gente les tenía miedo, por sus intenciones de extorsionar a la gente.
La última intervención fue la del “Cabo 20”, quien dijo dedicarse a la venta de automóviles, además de tener siete departamentos. Dijo que dos semanas antes le marcaron el alto dos agentes de la PEP y le afirmaron que tenía que “reportarse” con ellos, para poder llevar a cabo su labor de venta de automóviles.
Lo dejaron ir y el día domingo 10 de febrero fue capturado por las autoridades.
Durante su declaración comentó que los agentes nunca se identificaron, pero le exigieron fuertes sumas de dinero, pero al negarse, terminaron por procesarlo; también denunció que le sembraron droga y un arma, pero desde un principio les dijeron que era de utilería.
Fue hasta las 08:30 que quedaron a disposición del Ministerio Público, donde quedó bajo arresto por el mencionado delito.
Tras su declaración, “El Cabo 20” a responder las preguntas de la Fiscalía, por lo que se comenzó con los alegatos y posterior definición, donde el Juez consideró que los dichos de ambos testigos eran insuficientes para desestimar la presunción de responsabilidad en el hecho, por lo que decidió vincularlo a proceso, dando un plazo de dos meses para concluir con la investigación.
Cabe mencionar que la defensa abrió la posibilidad de interponer una apelación a la vinculación a proceso, pues se mostró inconforme con el actuar del Juez y la Fiscalía, argumentando que la segunda complicó su trabajo y no otorgó evidencia relevante como videos de la detención, mismos que fueron solicitados por la defensa, argumentando que toda esa zona está repleta de sistemas de videovigilancia, sobre todo por tratarse de una zona comercial de alta concurrencia.
Desde el inicio al término de la audiencia, el inmueble fue resguardado por elementos de la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), toda vez que lo consideran un individuo peligroso.
