No se requiere ser antropólogo o historiador para percatarse de una verdad: la ciudadanía votó por Andrés Manuel López Obrador, como pudo haber votado por cualquier otro ciudadano capaz de llevar a cabo el castigo en contra de quienes se enriquecieran inmoderadamente mientras el pueblo carecía de lo más indispensable. La pregunta es, ¿está descontenta la sociedad por el hecho de que no se ha investigado, denunciado, procesado, juzgado y encarcelado a quienes se apoderaron de los cargos públicos para medrar sin límite?
Muchos ciudadanos creyeron que bastaría con un proceso de venganza pública que abriera las puertas de las prisiones para castigar a quienes abusaron del poder, otros pensamos que en plena época del humanismo, debe de castigarse a los exfuncionarios que realizaron negociaciones ilícitas o se aprovecharon de su encargo, a todas luces ilegal, pero garantizando el cumplimiento de normas que regulan el debido proceso, o sea, al abuso de poder debe contraponerse el derecho a la defensa, la publicidad, los principios de legalidad y el apego al orden jurídico, etc., etc.
La pena parte del principio de quien delinque, tiene por objeto reprochar la conducta de aquel servidor público que aprovechándose de su encargo amasó enormes fortunas; aunque tiene razón el presidente de la república en decir que, iniciar una persecución en contra de todos los malos exfuncionarios y exfuncionarias, puede traer como consecuencia someter al país en una contienda interna de pronóstico reservado, pero el no castigar a quien defraudó la confianza depositada en él cuando se le otorgó cargo público, implica lo que se conoce como derecho penal y la pena como instrumento de reprochabilidad que, de no aplicarlos al delincuente, abre la puerta a otra figura conocida como impunidad y corrupción.
En otras palabras, muchos ciudadanos se sienten defraudados porque esperaban que aplicando el derecho penal, sus normas y sus principios, muchos exfuncionarios serían castigados como corresponde a aquel servidor público que cometió delitos aprovechándose del poder y de la impunidad que éste brinda y deberían de devolver aquellos bienes que gracias a la corrupción enriquece sus patrimonios.
En este caso, la norma moral debe ser substituida por la norma jurídica-penal, de lo contrario, la impunidad prevalecerá sobre la conveniencia política, hecho que seguramente será aprovechado por los abusadores del poder.
Debemos de entender que hay individuos, hombres y mujeres, que aprovechan su condición histórica para adquirir estatus de impunidad y corrupción.
En las condiciones socioeconómicas de México, la sociedad espera un combate cerrado contra aquellos que han medrado apoderándose de enormes cantidades de patrimonio de la nación y que pretenden que, por cuestiones de conveniencia política, no sean sancionados como se merece.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
