Consejo de la Judicatura encuentra irregularidades en actuar de la jueza, muchas de las cuales fueron advertidas por el Consejo de Notarios en 2016, sin que motivaran una indagatoria de esa institución, ni del Congreso local
A partir del 13 de febrero el Consejo de la Judicatura de Baja California revisa el actuar de la jueza Quinto Civil, María del Rosario Plascencia Ibarra, para determinar las irregularidades que cometió en el procedimiento de adjudicación a favor del Infonavit de por lo menos 5 mil 204 viviendas en el estado.
Irregularidades que fueron denunciadas por el Consejo de Notarios del Estado de Baja California mediante una carta dirigida el 28 de febrero de 2016 al delegado del Infonavit en la entidad, y de las que ZETA informó en su edición impresa del 9 de diciembre de 2016.
En la nota, firmada por Isabel Mercado, diversos notarios consultados refirieron que el Instituto había ofrecido pagar 290 mil dólares por cada paquete que incluyera mil inmuebles, sin embargo, no accedieron a escriturar el proceso de adjudicación toda vez que, como lo dijo su presidente, Carlos Eduardo Ahumada Arruti, “escriturar los inmuebles recuperados en ese proceso irregular es ilegal”.
Pese a la advertencia, el Consejo de la Judicatura no investigó. Desde entonces a la fecha existen por lo menos tres expedientes en los que el Infonavit se habría adjudicado indebidamente alrededor de 15 mil casas en Baja California, siendo la punta del iceberg el expediente 608/2014. El cual integra diversas escrituras “tiradas” en la Notaría 2 del Estado de México, ubicada en Texcoco, y de la que es titular Sergio R Mañon Díaz.
INDICIOS PARA INVESTIGAR A JUEZ QUINTO DE LO CIVIL
Una vez que se denunciaron procesos irregulares del Infonavit en dos estados de la república a principios de 2019 y de que un periodista local volviera a exhibir las anomalías del expediente 608/2014, el Consejo de la Judicatura tomó la decisión de indagar a Plascencia Ibarra.
Versiones extraoficiales señalan que el pasado 13 de febrero la Comisión de Vigilancia y Disciplina inició el proceso para solicitarle información a la jueza Quinto Civil sobre este asunto.
Debido a que la funcionaria pública rindió un informe que no satisfizo a los magistrados, el lunes 18 el Consejo de la Judicatura efectuó una “visita extraordinaria” y el miércoles 20, Plascencia Ibarra compareció ante los magistrados con el expediente completo, de seis tomos con cerca de 8 mil fojas.
Foto: Archivo
A decir de esas versiones, el próximo 26 de febrero los magistrados del Consejo de la Judicatura abordarán el tema en el pleno y se prevé se decida la suspensión de Plascencia Ibarra.
Entre las preguntas que le hicieran en sesión privada estuvo la del porqué un notario del Estado de México tiró escrituras con el número de expediente y su nombre, a lo que Plascencia Ibarra habría contestado que “ella jamás envío un exhorto hacia esa notaría y que no sabe cómo llegó”.
Respecto a ello, otro magistrado consideró que un juez en esas circunstancias habría dudado, más aún cuando sabe que está afectando el patrimonio de otras personas, de modo que lo conducente hubiese sido dar vista al Ministerio Público o alguna otra acción que alertara sobre esa irregularidad, y que evidentemente no hizo Plascencia Ibarra.
A propósito de que una parte de los expedientes que admitió la jueza tienen la anotación BIS. Circunstancia que sugeriría que los asuntos no se turnaron primero a la Oficialía de Partes conforme a la norma para que solo ella conociera de los procedimientos de adjudicación del Infonavit, evitando que se turnaran a otros juzgadores, Plascencia Ibarra habría afirmado que todos los expedientes pasaron por la Oficialía.
A lo cual, la magistrada presidenta de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, Sonia Mireya Beltrán Almada, le habría inquirido “¿por qué le puso bis a éste?” señalando uno de los expedientes, a lo que Plascencia Ibarra habría manifestado: “porque estaba muy gordo”.
De acuerdo con la versión extraoficial, los magistrados también habrían apuntado como otra irregularidad la manera en que se “notificó” a los acreditados para que éstos tuvieran garantía de audiencia. Documento en el que la jueza “ni siquiera estampó el nombre del notificador, del actuario”.
A LA LUZ IRREGULARIDADES QUE NO NOTÓ LA AUTORIDAD
Para el abogado Sergio Alberto Carbajal Franchini la primera irregularidad y la más importante es el que la jueza María del Rosario Plascencia Ibarra haya admitido el 17 de junio de 2014 el procedimiento de adjudicación de 5 mil 204 viviendas, mediante la figura de jurisdicción voluntaria solicitado por el Infonavit, al apelar al “pacto comisorio expreso” contenido en la Resolución Definitiva de Rescisión del Instituto.
Consideración que “al parecer” se encuentra como una cláusula en los contratos de los acreditados que marca el expediente, con el fin de que el Infonavit pudiera rescindir el contrato de forma unilateral.
No obstante, advierte el abogado, que ese documento carece de fecha y se desconoce qué funcionarios lo firmaron, pues no indica nombre ni cargo, de modo que no tendría que haberse aceptado por la jueza.
En entrevista con ZETA, Plascencia Ibarra dijo a propósito de esta observación que “efectivamente es algo que no me percaté hasta apenas recientemente, pero de que vienen firmas vienen firmas” y puntualizó “que quede claro, se supone que todas las personas que promueven cualquier tipo de juicio están actuando de buena fe. Al menos, hasta cierto punto, digamos es una obligación de creer en lo que nos están diciendo”.
“Al manifestarme a mí la idea de recuperar las casas para poder seguir trabajando, en este caso el Instituto (que presuntamente tendría problemas financieros) no me suena tan descabellado. Hay gente que realmente tiene necesidad de una vivienda y ya no se le puede financiar, es lo que me exponen a mí”.
Por otro lado, Carbajal Franchini apuntó, la figura de jurisdicción voluntaria tampoco debió proceder, ya que esta vía no implica una resolución de la jueza, sino que se emplea cuando dos particulares llegan a un acuerdo en un caso privado en el que se notifica a una de las partes determinada circunstancia, como un cambio de domicilio.
Dado que el proceso de adjudicación del Infonavit afectó los derechos de los acreditados y es un procedimiento administrativo requiere que a cada persona se le garantice el derecho de audiencia, es decir, que sea escuchado, pueda ofrecer pruebas. Cuando la juez admitió el proceso por jurisdicción voluntaria, se le negó la oportunidad a los acreditados de defenderse.
De modo que, la vía por la que tendría que haberse seguido es la del juicio especial hipotecario. Mismo que fue solicitado antes, el 22 de mayo de 2014, por el apoderado legal del Infonavit, Gerardo Castillo. Demanda que fue rechazada por la jueza Plascencia Ibarra y su secretaria de Acuerdos, Yobana Melendrez Melendrez al no contener anexadas las 5 mil 204 escrituras, con igual número de certificados de libertad de gravámenes.
Este hecho, habría motivado que el Infonavit en lugar de integrar la demanda con los documentos faltantes, extrañamente su apoderado renunciara al juicio especial hipotecario, solicitando el de jurisdicción voluntaria.
Carbajal Franchini destaca que a partir del acuerdo en el que se admite el procedimiento vía jurisdicción voluntaria y se establece que los 5 mil 204 acreditados sean notificados mediante edictos que se publicarán en dos periódicos de mayor circulación, otra secretaria de acuerdos firma junto a la jueza. Según el expediente la firma corresponde a Elsa María Oceguera Karam.
En opinión del abogado, el edicto muestra “la irresponsabilidad” con la que se condujeron, ya que el documento no precisa, con nombre, a quién va dirigido. Además de que la jueza omitió el proceso previo a la emisión de un edicto, en el que habría tenido que buscar a cada uno de los acreditados en su domicilio y de no hallarlos, girar oficios de búsqueda y localización a diferentes dependencias. Resultado de ello, el actuario tendría que haber ido a buscar a cada acreditado en todos los domicilios de lo que hubiese registro para notificarle del procedimiento en su contra.
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Respecto a ello, Plascencia Ibarra, apuntó “si yo veo un edicto ¨A todos los deudores de Infonavit. Si yo sé que soy deudora, que le debo a Infonavit, incluso si estoy al corriente, creo que si yo veo eso, digo caray tengo que ir a ver de qué se trata”. Aunado a ello, en el Instituto se fijó la cédula con la lista de los nombres de los acreditados que indica el expediente.
Otra irregularidad consiste en que, según el expediente, la jueza no vio físicamente los 5 mil 204 contratos en los que al parecer está la cláusula del “pacto comisario expreso”, ni tampoco los certificados de libertad de gravamen para cotejar que las viviendas estuvieran a nombre de los acreditados y sus créditos contuvieran dicha cláusula.
Pero dio como válido un documento elaborado por el Corredor Público Número 23, Patricio Orozco Loza, el cual “no contiene los elementos necesarios para darle el elemento probatorio”, puntualiza el abogado.
El Infonavit contrató al despacho Aguilar Guerrero y Asociados. Lugar al que compareció el Corredor Público, quien a las 20:30 horas del 26 de septiembre de 2014 da fe de que existe el certificado de gravamen correspondiente a cada crédito, que los créditos corresponden a cada acreditado que establece el expediente, y que los créditos contienen el “Pacto Comisorio” bajo el título “Causales de Rescisión”.
Trabajo hecho en once horas y que no dice que en cada contrato varía la cláusula, apunta Carbajal Franchini, quien consideró que el Corredor Público debió anexar cada uno de los documentos para respaldar la fe de hechos que estaba haciendo.
“Me tocó platicar con él, le dije 5 mil 200 en once horas”, a lo que Orozco Loza habría contestado que recibió ayuda de 20 personas de la correduría, del despacho y de Infonavit.
No obstante, el abogado es claro al señalar que pese a las dudas sobre el trabajo de Orozco Loza, la responsabilidad recae en la jueza, quien dio por válida la póliza expedida por el corredor; ya que en el acuerdo del 29 de octubre de 2014 Plascencia Ibarra indica que tomando en cuenta las pruebas presentadas por el Infonavit y el cotejo hecho por el fedatario “procede reconocer la adjudicación que hace a su favor el Infonavit, como consecuencia del propio Pacto Comisorio o Cláusula de Rescisión bajo la cual los obligados concedieron el derecho a la institución para hacer efectiva la garantía en pago de créditos otorgados”.
En ese documento, Plascencia Ibarra también solicita que se lleve a cabo un avalúo de las 5 mil 204 inmuebles para determinar el valor de las propiedades con un perito reconocido por el Tribunal de Justicia del Estado de Baja California.
El cual fue elaborado por Francisco Skinfield Palomares, quien compareció ante el mismo Corredor Público para que diera fe de que lo que presentó concordaba con los documentos que Orozco Loza tuvo a la vista.
En el expediente sólo existen 72 hojas con una relación de los nombres de los acreditados y el valor de los inmuebles. No se indica tampoco por qué no se anexaron datos de cada uno de los avalúos, como metodología, fotografías de los inmuebles, características de los mismos y datos urbanísticos.
Carbajal Franchini estimó que el monto que se estableció para cada propiedad fue “con base en los estados de cuenta que se tenían” y no a un avalúo real en el que el perito haya tenido acceso a cada inmueble, dado que ninguno de los 5 mil 204 acreditados pudo saber del procedimiento administrativo en su contra por las anomalías en la notificación.
En opinión del diputado local, Luis Moreno el avalúo “ofende la inteligencia de las personas. Casas que fueron remodeladas y ampliadas fueron evaluadas por cantidades irrisorias de 120 mil pesos que ni siquiera el propio terreno lo vale”, y luego cuando se adjudicaron y se vendieron a inmobiliarias, el valor de éstas fue ponderado mucho más alto para que lo adquirieran otros trabajadores, “lo que hace lo hace un negocio redondo”.
Pese a que en el expediente no existen datos complementarios del avalúo, nuevamente la jueza da por válida la prueba presentada por el Infonavit.
A pregunta expresa de si la jueza tuvo a la vista tanto la copia de los certificados de no gravamen y los avalúos completos, Plascencia Ibarra respondió “No, porque en su momento yo no voy a resolver nada con respecto del fondo de los créditos o de los documentos que pudieran existir”, dado que no es un juicio especial hipotecario
Expuso que los documentos que emitió el Corredor Público 23 “se agregó porque lo exhibió el Instituto, yo no le mandé a hacer nada al corredor”.
Posteriormente, turna el expediente, mediante un oficio fechado el 9 de diciembre de 2014, para que la notaría 2 de Baja California, cuyo titular Gabriel Moreno Mafud, escriture la adjudicación del Infonavit.
En marzo de 2015, este notario devuelve el expediente a la jueza, quien refiere que ésta “se efectúa a solicitud del licenciado Gerardo Castillo, sin haberse tirado la escritura correspondiente”. Hecho que da cuenta el propio Juzgado de lo Quinto Civil el 27 de marzo.
El expediente contiene un documento, sin fecha, en el que Gerardo Castillo, “pone del conocimiento” de la jueza que el Infonavit designó a Maribel García Torres y Manuel Domínguez Carballo para que firmen en sustitución de los obligados (es decir de los 5 mil 204 acreditados a quienes se les hizo el proceso de adjudicación) las escrituras con las que conste la adjudicación a favor del Infonavit, y pide copias del expediente.
En el acuerdo del 16 de julio de 2015, la juez solamente hace referencia a las copias y resuelve que se le otorguen, sin que extrañamente haga alusión a la designación de García Torres y Domínguez Carballo, quienes terminarían firmando las escrituras en la Notaría 2 de Texcoco.
Por el expediente se sabe que García Torres residía en Tijuana, mientras que Domínguez Carballo en la Ciudad de México, por lo que ambos tuvieron que trasladarse al municipio mexiquense para firmar las escrituras.
Hecho al que se refiere la carta del Colegio de Notarios del Estado de Baja California y de la que ZETA informó en diciembre de 2016.
En la misiva se indica que aun cuando una de las escrituras se trata de una escritura formalmente válida, los antecedentes de la misma y la lectura de ésta genera inquietudes, como el que no existe un instrumento mediante el cual 252 ejecutados le hubieran conferido a García Torres la facultad de representarles en la escritura.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora.- Pese a las irregularidades en el proceso, la Noataría 20 de Tijuana escrituró viviendas que fueron vendidas, después de la adjudicación de Infonavit señaló Carbajal Franchini.
Al no ser posible que una persona pueda disponer de los bienes de otra, los actos realizados resultan inexistentes o nulos de pleno derecho. Aunado a que la escritura refiere que se otorga con la autorización de la Juez Quinto Civil de Tijuana, lectura que revela que “NO es la Juez quien firma en rebeldía de los ejecutados” como dicta la norma.
Asimismo, el documento califica de ilícita el “Pacto Comisorio Expreso” al estar prohibido expresamente por el Código Civil de Baja California.
Parcial, adjudicación de viviendas al Infonavit
José Antonio Araiza Regalado, director general del Registro Público y de Comercio de Baja California, dijo que la inscripción de esas escrituras se hizo de forma parcial, dado que hubo errores en la información presentada por el Infonavit.
La discrepancia radicó en que la propiedad que se pretendía adjudicar el Infonavit ya no pertenecía al acreditado original, el acreditado ya no tenía el crédito porque lo pagó, o bien, el crédito lo había otorgado otra institución y no pertenecía al Infonavit.
El funcionario no precisó el número total de las viviendas que no fueron adjudicadas por esos errores y reveló que, además no todas las propiedades han sido inscritas dado que el Infonavit todavía no termina de presentarles los paquetes para adjudicar la totalidad de las 5 mil 204 propiedades que se adjudicó.
Los “errores” en la información del Infonavit cobran mayor relevancia si se considera que los certificados de no gravamen fueron cotejados con los datos de los créditos. A pregunta expresa sobre el oficio con el que el Infonavit pidió esos certificados antes de iniciar el proceso legal, Araiza Regalado indicó que el Infonavit “tuvo que haberlos solicitado” y que se tendría que buscar el oficio.
En su opinión la información que contiene el certificado de no gravamen señala exactamente a quién le debe el propietario de cada propiedad, “si nos lo pidieron y nosotros lo entregamos así viene”. Por lo que no hay duda de que la persona que cotejó los datos pudo darse cuenta cuáles no correspondían, porque “es muy sencillo de verificar”.
En cuanto a si esta dependencia detectó más irregularidades, Araiza Regalado dijo que como no saben cómo se desarrolló el proceso judicial y sólo les mandan la sentencia, “nosotros no le podemos decir ´oye juez por qué me lo mandas´. Somos una autoridad administrativa que lo que mandan lo inscribimos, si no somos sancionados”.
Para el diputado Luis Moreno el acatamiento del Registro Público “es sospechoso”, ya que debió revisar cada solicitud y advertir de las anomalías. En ese sentido, manifestó la necesidad de saber por qué la dependencia a cargo de Araiza Regalado “ni siquiera se preguntó por qué razón un notario foráneo elaboró las escrituras”.
Al momento de la entrevista, Araiza Regalado dijo no tener a la mano el número de propiedades adjudicadas al Infonavit que el mismo instituto o alguna inmobiliaria vendió a otro trabajador. Según dijo la búsqueda tomaría días para saber ese dato.
Buscan que Congreso de BC investigue
El miércoles 13 de febrero, Moreno pidió al Congreso local que se cree una Comisión Especial Investigadora que indague la actuación de los funcionarios públicos estatales y municipales, toda vez que -como lo refieren quienes algunos de los afectados- en los “lanzamientos simulados” participaron policías municipales de Mexicali, Tecate, Ensenada y Tijuana quienes actuaron por “la libre” sin que hubiera una orden de algún mando superior.
La comisión podría integrarse el próximo 27 de febrero y la investigación tendría como fin deslindar responsabilidades y presentar denuncias correspondientes, así como hacer un exhorto a la Cámara de Diputados para que a su vez inicie una investigación que esclarezca en los estados donde hubo despojos.
Mencionó que el entonces delegado del Infonavit y hoy diputado del PRI, Alejandro Arregui, lo buscó y le explicó que el proceso de adjudicación se llevó a cabo desde las oficinas centrales en la Ciudad de México como parte de un programa de recuperación de viviendas abandonadas o que tenían mucho tiempo en impago.
“Él nos pide que le demos la mira hacia otro lugar donde manan las decisiones, pero a final de cuentas, él mismo se está proponiendo para ser parte de la comisión y deslindar responsabilidades y aclarar lo que se tenga que aclarar”.
SENSIBILIDAD DE LA GENTE, MOTIVÓ LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN
A pregunta expresa de por qué el Congreso de Baja California no indagó en las irregularidades desde 2016, el legislador consideró que había una percepción errónea de que la adjudicación de casas obedecía a acciones legales por falta de pago y a que el Infonavit e hipotecarias tenían derecho a cobrar.
Pero al existir “voces que ya no son aisladas, que ya es un grupo muy grande de personas, entonces ya existe una percepción mucho más clara de que esta no es una situación de impagos, sino de una acción concertada desde el poder público para despojar ilegalmente a muchas familias” es que ahora se está dando un movimiento político y social. Ello, aun cuando se trata del mismo expediente por el que el Infonavit se adjudicó 5 mil 204 propiedades.
Para la jueza María del Rosario Plascencia Ibarra no está clara la intención, “yo no me meto en política porque no entiendo, pero lo que estoy viendo es que se le está dando ese tinte a esto. Si yo hubiera ejecutado a alguien con base en ese juicio estaría en problemas, pero yo no he ordenado ninguna ejecución, ni voy a ir a lanzar a nadie, porque eso no está ordenado”.
De 5 mil 204 se han presentado 60 amparos, los primeros fueron negados y a partir de 2018 se ganaron y de ese modo algunos de los perjudicados por este proceso recuperaron su casa.
