Levian D. Pacheco, quien es portador del el Virus de Inmuno deficiencia Humana (VIH) y exempleado del albergue que opera la empresa Southwest Key en Phoenix, Arizona, fue sentenciado por el juez de distrito Steven P. Logan, a 19 años de prisión, seguido de libertad supervisada de por vida, por abusar sexualmente de siete adolescentes recluidos en ese lugar, según lo informó la Oficina de Fiscales de los Estados Unidos.
El sujeto había sido condenado previamente por un jurado federal por siete cargos de contacto sexual abusivo y tres de abuso sexual con pupilos. El pasado 14 de enero, el jurado condenó a Pacheco, de 25 años de edad, por abusar sexualmente de varios menores en más de una ocasión, por lo que el juez Logan ordenó que varios de los cargos se ejecutarán consecutivamente.
Según la agencia EFE, que informó del hecho, la sentencia máxima legal para el abuso sexual a un pupilo es de 15 años en prisión, y el máximo legal para el contacto sexual abusivo es de 2 años, pero la de Pacheco aumentó debido a que expuso a algunas de sus víctimas al virus del VIH.
Entre agosto de 2016 y julio de 2017, el ahora condenado abusó sexualmente de numerosos adolescentes varones en la Casa Kokopelli Southwest Key Facilit, en Mesa, Arizona. Las acusaciones incluyen haber realizado sexo oral con dos de los adolescentes y haber tratado de obligar a uno de ellos a penetrarlo analmente. Los otros adolescentes, todos de edades entre 15 y 17 años de edad, declararon que los había manoseado a través de la ropa.
En sus inicios, el caso fue reportado al Departamento de la Policía de Mesa, sin embargo, debido a su magnitud la investigación llegó a nivel federal, por lo que fue llevada a cabo a través del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, indicó EFE.
En 2016, Pacheco trabajó durante cuatro meses en el refugio Casa Kokopelli, uno de los ocho que Southwest Key administra en Arizona, donde fue empleado sin una verificación previa sobre sus antecedentes penales o condenas anteriores por delitos sexuales.
El hombre fue acusado formalmente en agosto de 2017, después de una investigación de la Policía local y del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que también llevó a cabo la pesquisa junto a la Oficina del Inspector General y del Departamento policial de Mesa.
