Baja California fue el primer Estado, y de hecho el único, en tener en México una credencial para votar con fotografía. Fue alterna a la del ahora Instituto Nacional Electoral y antes de que este documento contara con imagen del elector en su presentación. Sucedió entrada la década de los noventa, cuando Ernesto Ruffo Appel era gobernador y el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) dependía de la Secretaría de Gobernación, desde donde se orquestaban los fraudes electorales que mantuvieron al Partido Revolucionario Institucional en el poder por más de 80 años.
Ruffo creó un aparato electoral propio para que el Estado libre, soberano y autónomo de Baja California, se encargara de la organización de sus procesos electorales, facultad que como el resto de las entidades en la República Mexicana, habían convenido se encargara el IFE.
La credencial de BC, precedente de la actual nacional, se utilizó durante catorce años en cinco procesos electorales sin falla alguna. Pero ya en el tercer gobierno panista, con Eugenio Elorduy Walther como mandatario en 2006, el Congreso del Estado votó por eliminarla, dado lo “oneroso” que resultaba su producción, mantenimiento y función, y cederle de nueva cuenta, ya a un IFE ciudadanizado, la organización de los procesos electorales locales.
La historia viene a cuento porque en política y tecnología, Baja California había siempre estado a la vanguardia. Mientras en la ingeniería y desarrollo tecnológico desde la iniciativa se sigue estando en los primeros sitios de producción de alta tecnología, en el político, el Estado ha quedado rezagado.
Pasamos de ser la primera entidad con un gobierno de oposición en el país, a ser un estado sin alternancia, gobernado durante treinta años por el Partido Acción Nacional. De tener un gobierno que castigó la corrupción en 1989-1995, a observar a un gobierno ser el origen de la corrupción en la entidad en el periodo 2013-2019.
Cuando el tema del cuidado de los recursos surgió en el ámbito nacional, se planteó el objetivo de empatar elecciones federales con estatales para que los recursos del IFE, ahora INE, se optimizaran. Con la misma autonomía que en el pasado caracterizó la toma de decisiones en Baja California, en 2014 se acordó, luego de consultas con sectores diversos de la sociedad organizada, que las elecciones para gobernador del Estado se empatarían con las federales intermedias, y no con las presidenciales.
El fondo del tema fue preservar cierta autonomía en la elección a gobernador del Estado, y centrar al electorado en la conciencia de su decisión de voto en beneficio del Estado y nada más. Supusieron los diputados y quienes cabildearon el tema en su momento, que empatar la elección de gobernador del Estado con la de Presidente de la República, daría mayor importancia a la campaña a la presidencia que a la de la gubernatura. Que el discurso local no terminaría de calar en los bajacalifornianos de manera tan profunda teniendo la campaña de Presidente de la República al mismo tiempo.
O que en un momento dado, teniendo seis boletas el día de la elección (para Presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernador, alcaldes y diputados locales), podría ocurrir lo sucedido el 1 de julio de 2018 en México: que teniendo un partido un candidato carismático, con un liderazgo popular como lo tuvo Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el elector marcaría todas las boletas de la elección para el partido del carismático, restándole importancia a la propuesta de los locales.
Por tanto, al final decidieron empatar las elecciones de gobernador con las intermedias federales. Es decir, que el mismo día que se eligieran diputados federales, en Baja California se votara por diputados locales, presidentes municipales y gobernador, en total, cuatro boletas el día de la elección, sólo una de corte federal.
Así se aprobó que para los comicios de 2019, se elegirían gobernador, alcaldes y diputados para un periodo de dos años, con el fin de empatar la próxima elección de gobernador a las siguientes intermedias, es decir, las de 2021. Así, para la siguiente elección a Presidente de la República, en Baja California se elegirían únicamente diputados locales y alcaldes, además de los cargos federales.
De esta manera en el Estado pasaríamos a tener elecciones cada tres años, y el ahorro, argumentaron, sería considerable.
Pero Jaime Bonilla Valdez, el virtual candidato a gobernador del Estado por Morena, por obra y gracia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no quiere ser mandatario por dos años. Asume ya que ganará la elección del 2 de junio, aprovechando no sólo el tsunami electoral de AMO, que aún desprende oleajes desde las elecciones de 2018, sino que hace pocos meses terminó una campaña electoral estatal cuando buscó y logró ser senador de la República, cargo que dejó para ser coordinador federal… y también dejará este último para ser candidato al Gobierno del Estado.
Bonilla, unos tres años mayor que López Obrador, no quería ser candidato a gobernador en esta elección 2019, sino hasta 2021, para asegurar un periodo de seis años, pero como donde gobierna López Obrador no manda nadie más, será candidato y por ello se ha empeñado en cambiar la Ley en Baja California para que la gubernatura en juego en 2019 sea por cinco años, lo cual significa empatar las elecciones locales con las presidenciales de 2024, precisamente cuando el actual Presidente deje de serlo.
Argumentan lo mismo que los políticos que acabaron con la bonanza financiera de Baja California, que será muy costoso hacer dos procesos electores en dos años. Bonilla y su equipo de abogados que encabeza Guillermo Ruiz “El Titi” (baleado el 10 de noviembre de 2016 en un caso por cierto no resuelto), el consejo de priistas y algunos panistas que buscan un pacto de impunidad, también dan por un hecho el triunfo de Bonilla.
El hombre de López Obrador en Baja California, argumentará también que es mejor que un gobernador acompañe de tiempo completo al Presidente de la República en el resto de su periodo, para dar un mejor seguimiento de los programas en beneficio de la nación y del Estado, en lugar que sean dos gobernadores los que trabajen con AMLO. Otra vez, dando por hecho el triunfo y restándole capacidad a otras personalidades del Estado de ser suficientes para dialogar y trabajar, sea por dos años y tres, con el actual Ejecutivo de la Nación. Propondrá además un periodo de dos años, pero no para gobernador, sino para alcaldes y diputados, y no para los que participarán en la misma elección que él en 2019, sino para quienes sucederán a éstos.
A Bonilla le han aconsejado que, con intermediarios legislativos, proponga modificar los artículos transitorios del Decreto 112 que fue reforma constitucional, para que sea viable y pueda ser votada su propuesta en la Cámara de Diputados local, o en el Tribunal Electoral de Baja California, en caso que en el Congreso no logre su capricho.
Los transitorios que el de Morena quiere que el Congreso le reforme, son el Sexto, Séptimo y Octavo, aquellos que determinan los periodos de los cargos a elección, es decir, la temporalidad en la aplicación de la Ley, en los casos de la gubernatura, la legislatura y los ayuntamientos en el Decreto 112.
Entonces, en lugar de elegir diputados para un periodo de 2019 a 2021, que se reforme para un periodo de tres años, de 2019 a 2022, o sea, que los diputados que se elegirán este año, sí cumplan un periodo de tres años, pero quienes los sucederán solo estarían en el cargo por dos años, de 2022 a 2024, para empatarse a la elección presidencial. Lo mismo sugiere cambiar en el caso de los alcaldes, que los electos este año, sean por un periodo de tres años hasta 2022, y que los elegidos ese año, sean sólo por dos años hasta 2024.
En el caso del gobernador, por supuesto, Bonilla quiere que le cambien el transitorio para que en lugar de un periodo 2019-2021, sea 2019-2024, cinco años.
Entonces, el supuesto “ahorro” que tendríamos por no hacer dos elecciones en un periodo de dos años, sólo lo desplazaríamos al 2022-2024, cuando en un lapso de dos años, habría dos elecciones locales, una de ellas sola, la de 2022, y otra con federales, la de 2024. O sea, lo mismo que ahora, una elección local en 2019, y elección empatada en 2021. La diferencia radica en que de la manera en que actualmente está en la Ley, la gubernatura es de dos años, y como lo propone Bonilla, sería de cinco años. Así que eso del ahorro es mentira, es sólo desplazamiento del gasto, de ahora a 2022.
La realidad es que Jaime Bonilla se ha encaprichado con la gubernatura de cinco años, o de seis, pero como lo están “forzando” (es un decir, de ahí las comillas) a participar en 2019, quiere cambiar los transitorios de la Ley para construir su gubernatura de cinco años en lugar de dos. Mover todo el calendario local electoral para satisfacer el interés y capricho de una persona que considera poco los dos años para encabezar el gobierno de Baja California y quiere más. Más, más, más.
Lo peor del caso es que con poderes tan propensos a la corrupción y la negociación como los que actualmente encabezan el Estado en Baja California, podrían darle al traste a la autonomía electoral de la entidad por complacer el interés de Bonilla a cambio de cualquier cosa: dinero, cargos, impunidad, Usted póngale.
En los siguientes días veremos si impera el Estado, o el capricho de Jaime Bonilla Valdez.
