El lunes 11 de febrero, Roberto Rosas Jiménez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Capítulo Tijuana, advirtió la necesidad de que empresarios de la región se sumen a la exigencia para que el gobierno en Baja California termine con “su opacidad” y cumpla su trabajo con “transparencia y honestidad”.
A los destinatarios, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y el presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro, el líder empresarial les recordó que la ciudadanía los eligió, de modo que las decisiones que tomen, deben considerarla y representar un mejor futuro, lejos de “conveniencias partidistas”.
El discurso pronunciado por el dirigente de Coparmex Tijuana consiguió la promesa de “Kiko” Vega para que en una fecha próxima, la cual no precisó, haya una reunión que dé seguimiento a los trabajos del Consejo Consultivo Financiero, creado en diciembre de 2018 para analizar y proponer soluciones a la crisis financiera por la que atraviesa el Estado.
Misma que se ha reflejado en falta de pago a maestros, jubilados y activos, así como a proveedores de la industria de la construcción y a la Universidad Autónoma de Baja California.
En entrevista con NEGOCIOZ, Rosales Jiménez afirmó que su gestión al frente de Coparmex seguirá la línea crítica con propuestas que mantuvo su antecesor Gilberto Fimbres Hernández. Con ello, el sindicato empresarial continuará demandando transparencia en el manejo de recursos públicos.
Apuntó que es un tema en el que apoya al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo que el 22 de enero envió un oficio en el que se indica que de 13 puntos de información solicitada, sólo dos fueron entregados por la autoridad, pero de manera incompleta.
Esta situación hace que “crezca la duda del por qué (la Secretaría de Finanzas) no entrega la información que se le solicitó”, toda vez que no se trata de una auditoría, sino de un análisis que permitirá a los empresarios plantear soluciones.
En ese sentido, Rosas Jiménez reafirmó la exigencia de que proyectos como la desalinizadora de Rosarito, el C5i y el Periférico Aeropuerto-Zapata-Playas de Tijuana, no se lleven a cabo hasta que se conozca la situación financiera del Estado.
“Como sector empresarial, queremos que haya inversiones y mejoría en la ciudad”, pero en cuanto al C5i, adelantó que Coparmex continuará con el amparo contra ese proyecto. Consideró que el problema de inseguridad que vive Baja California, especialmente Tijuana, no va a mejorar con una inversión de 800 millones de pesos, dado que los policías no cuentan con elementos básicos para hacer su trabajo, como equipo de radio comunicación y patrullas.
En otro tema, manifestó que desde la Coparmex se impulsará una mejor infraestructura en la ciudad para atraer más inversiones. “Vemos que todos los parques industriales, sin excepción, están en condiciones pésimas”, lo que genera pérdidas e inhibe la captación de inversión.
A propósito de la problemática de movilidad que vive la ciudad, el director de Coparmex Tijuana consideró necesario que los autos “chocolate” (alrededor de 750 mil) cumplan con las leyes, lo mismo que los nacionales y fronterizos. Además, se pronunció por dar continuidad al Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT).
En otro tema, Rosas Jiménez opinó que debe prevalecer el Estado de Derecho respecto al plebiscito contra la instalación de la cervecera Constellation Brands en el Valle de Mexicali. “Por lo que conocemos -dijo-, hubo un estudio de impacto ambiental, de suelo, y sí había la suficiente agua para ellos”. De modo que “no podemos estar sujetos a que ciertos grupos decidan las inversiones”, ya que “es una muy mala señal no nada más en Baja California o en Mexicali, sino a nivel nacional”.
En la conversación con NEGOCIOZ, el titular de Coparmex estuvo acompañado por el ex presidente del organismo, Gilberto Fimbres Hernández, a quien agradeció su liderazgo, compromiso y lecciones de vida, y con quien coincidió en que los estímulos fiscales para 43 municipios de la frontera norte tienen un beneficio “muy limitado”, al haber “falta de claridad y equidad en su autorización”.
Precisó que alrededor de cuatro mil empresas quedaron fuera de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado al 8%, muchas de ellas ni siquiera por encontrarse en la “lista negra” del Servicio de Administración Tributaria, sino como consecuencia de que alguno de sus proveedores entablaron un procedimiento jurídico contra la autoridad, sin que ello signifique que sean ilegales.
