Un tribunal alemán condenó este jueves a la empresa armamentística alemana Heckler & Koch a una multa de 3.7 millones de euros y a dos de sus empleados a penas de libertad condicional en el marco de un proceso contra cinco de sus trabajadores por presunta exportación ilegal de armas a México, mismas que se presume probablemente se usaron en el asesinato de seis estudiantes y en la desaparición de los 43 más de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero.
La Audiencia Provincial de Stuttgart estableció que uno de los condenados, un exempleado del fabricante de armas alemán, deberá cumplir un año y diez meses de libertad condicional y pagar una multa de 80 mil euros, además de que impuso a otra empleada una pena de un año y cinco meses de libertad condicional y 250 horas de trabajo comunitario. Mientras que otros tres acusados fueron absueltos.
La Fiscalía de Stuttgart consideraba que los cinco acusados (dos ex directores, dos ex gerentes de marketing, así como una representante de ventas de la armería) violaron en varias ocasiones la ley de control de exportación de armas, y que vendieron, entre 2006 y el 2009, alrededor de 4 mil 700 fusiles destinados a zonas de conflicto y disturbios en México, para las que no existía permiso de exportación.
La propia empresa no estaba acusada por la Fiscalía, pero aun así deberá pagar una multa de 3.7 millones de euros, correspondiente a la cantidad ingresada por la venta ilegal de las armas. Sin embargo, el abogado de la empresa armamentística sostiene que solo debe confiscarse aproximadamente 200 mil euros.
En la apertura del juicio el pasado 15 de mayo, el fiscal Karlheinz Erkert dijo que los acusados también vendieron ametralladores y munición.La Fiscalía había pedido para tres de los cinco acusados penas de entre 22 y 33 meses de cárcel y para los otros dos, la absolución, y el pago por parte de la empresa de una multa de 4.1 millones de euros.
La defensa argumentó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mexicana era el encargado último de distribuir las armas en el país y que había firmado un certificado de usuario final, por lo que los fusiles de asalto G36 no deberían haber llegado a esas áreas problemáticas.
En diciembre de 2014 la prensa alemana aseguró que entre las armas confiscadas por autoridades mexicanas a la Policía Municipal de Iguala había fusiles de Heckler & Koch, empresa que no tenía permiso de exportación a los estados mexicanos de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero, entidades donde estaban prohibidas debido a las constantes violaciones a los derechos humanos.
