Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la controversia 82/2016 y ordenó a los diputados del Congreso de Baja California emitir los estatutos que definen los límites territoriales entre Ensenada y Playas de Rosarito, éstos no están en condiciones de emitirlos.
El alcalde de Ensenada, Marco Novelo Osuna, explicó que el 24 de enero del presente año la corte emitió una sentencia por el asunto que presentó en 2001 Playas de Rosarito en contra del Congreso de Baja California, por omitir la publicación de los estatutos en la ley de 1995 donde se fijan los límites entre un municipio y otro.
Sin embargo los legisladores están impedidos a publicarlos porque existe otra controversia constitucional, la 158-2016, que fue interpuesta ante la misma instancia por el XXI Ayuntamiento de Ensenada en el 2016.
En ella exigen suspender el decreto 684 publicado en el Periódico Oficial, mediante el cual el Congreso del Estado entregó en agosto del 2016 a Playas de Rosarito cerca de 180 kilómetros cuadrados de terreno, dentro de los cuales se contempla el poblado de La Misión.
Fueron los mismos ministros de la Suprema Corte, quienes dictaron un acuerdo para suspender el proceso y que por el momento todo quede tal como está.
DIPUTADOS NO SABEN DEL TEMA
Al respecto el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California, Carlos Torres Torres, señaló en documentos que los diputados no han sido notificados por la Suprema Corte.
Destacó que es válida la petición y que la instrucción de los ministros es la de emitir los estatutos para publicarlos en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Con el fin de preservar la materia del juicio, asegurando la situación jurídica, el derecho o el interés del Municipio actor y acreditar los límites de la superficie y linderos entre ambas demarcaciones”, declaró Torres.
ENSENADA SIGUE EN LA LUCHA
Como avance a la controversia que interpuso Ensenada, el Jurídico del Ayuntamiento, Tomas Burns respondió que en el 2018 se presentó ante la SCJN para demostrar que nunca habían sido llamados como autoridad.
“Lo cierto es que existe una controversia, y tan tenemos razón de que la decisión del Congreso es ilegal, que inclusive Playas de Rosarito dentro de la demanda argumentó que Ensenada ha ejercido actos de autoridad en la zona en disputa”, señaló.
“Esa expresión es una confesión ficta y el hecho de que no se han emitido los estatutos, y que está pendiente de resolver es una herramienta más de que el Dictamen 137 y el Decreto 648 fueron ilegales y no se resolvieron de fondo. Ese fue un argumento más que entregué en octubre”, añadió el abogado.
