Una coalición de 16 estados de EE.UU. demandó este lunes al presidente Donald Trump en la Corte del Distrito Federal en San Francisco, por declarar una emergencia nacional para así poder usar miles de millones de dólares en la construcción de un muro fronterizo con México.
La demanda presentada por las entidades, entre ellas California y Nueva York, sostiene que el mandatario estaounidense no tiene el poder de desviar fondos para construir un muro a lo largo de la frontera con México, porque es el Congreso el que controla el gasto. Además, dice que los estados demandantes acuden a los tribunales para proteger a sus residentes, recursos naturales e intereses económicos.
Xavier Becerra, Fiscal General de California, dijo en entrevista al diario The New York Times, que el propio presidente Trump había socavado su argumento de que había una emergencia en la frontera.
“Probablemente la mejor evidencia son las propias palabras del presidente”, dijo, refiriéndose al discurso del Trump del pasado 15 de febrero, en el que anunció su plan: “No tenía que hacer esto, pero preferiría hacerlo mucho más rápido”.
“Contrariamente a la voluntad del Congreso, el presidente ha usado el pretexto de una ‘crisis’ de migración ilegal fabricada para declarar una emergencia nacional y redirigir los dólares federales apropiados para la interdicción de drogas, la construcción militar y las iniciativas de aplicación de la ley para construir un muro en los Estados Unidos. Frontera Estados-México”, indica la demanda California et al. v. Trump et al.
Según el NYT, la Cámara de Representantes controlada por los demócratas podría también presentar una demanda propia o podrían votar para anular la declaración de que existe una emergencia, “pero es dudoso que el Congreso tenga los votos para anular el veto de Trump, dejando a los tribunales un lugar más probable”.
Los presidentes han invocado los estatutos de los poderes de emergencia casi cinco docenas de veces desde que el Congreso promulgó la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, pero nunca antes se había utilizado uno para poner fin al Congreso después de que rechazara los fondos para una política en particular, recordó el rotativo.
Otras dos demandas fueron presentadas después del anuncio de Trump el 15 de febrero, uno por parte del grupo de vigilancia sin fines de lucro Public Citizen, que representa a varios terratenientes de Texas y un grupo ambientalista de la misma entidad, y el otro un caso presentado conjuntamente por el Centro para la Diversidad Biológica, Defensores de Vida Silvestre y el Fondo de Defensa Legal Animal.
Según el Times, se espera que al menos otras dos demandas se presenten a fines de esta semana. La American Civil Liberties Union ha anunciado su intención de presentar un caso, pero aún no ha identificado públicamente a su cliente. El otro caso será presentado por Protect Democracy, otro grupo de vigilancia, y el Niskanen Center, un instituto de políticas de centro derecha, en nombre del condado de El Paso y la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.
El presidente estadounidense Donald Trump declaró emergencia nacional, con los que tendrá así acceso a unos 8 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo con México.
La declaración otorga temporalmente al mandatario republicano un poder especial para hacer frente a una crisis, y podrá desviar los fondos de otras partidas presupuestarias ya autorizadas por el Congreso y dedicarlos a su proyecto fronterizo.
La idea es combinar dinero del presupuesto que sí aprobará el Congreso, con la partida que le habilite la declaración de emergencia.
Unos 3 mil 500 millones serán fruto del estado de emergencia y los fondos saldrán del presupuesto para obras militares del Pentágono. Otros 2 mil 500 millones saldrán de fondos ya aprobados para un programa de incautación de narcóticos. El Departamento del Tesoro deberá aportar 600 millones de dólares más con su fondo de decomisos por drogas.
Mientras que los mil 375 millones de dólares restantes son los que el Congreso otorgó en las recientes negociaciones sobre el presupuesto, que el presidente estadounidense ratificó el pasado viernes, para evitar un nuevo cierre parcial administrativo.
