Contrario a que el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Carlo Humberto Bonfante, planteó crear 50 mil puestos de trabajo, en 2018 apenas se generaron 46 mil 469, según cifras del IMSS
En marzo de 2018, Carlo Humberto Bonfante Olache, secretario de Desarrollo Económico del Estado, declaró a la prensa que para Baja California la meta era crear, por lo menos, 50 mil nuevos empleos al cierre de 2018. El objetivo no se cumplió, ya que de enero a diciembre de 2018 se registraron más de 46 mil nuevos puestos de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En lugar de informarlo, el 13 de enero de 2019, la dependencia a cargo de Bonfante Olache emitió el comunicado “Supera Baja California los 67 mil nuevos empleos formales en 2018”, en el cual se reportó el acumulado hasta noviembre; pese a que dos días antes, 11 de enero, el IMSS dio a conocer la estadística a nivel nacional con datos de diciembre.
La parcialidad con que se condujo la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (Sedeco) queda patente cuando en el mismo documento expone que la cifra reportada de enero a noviembre de 2018, es superior a la del mismo periodo del año previo, cuando se registraron 59 mil 326 empleos, omitiendo señalar que la comparación de ambos lapsos representaría un incremento de 14.37 por ciento.
Para Roberto Valero, presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California, los datos de noviembre ofrecidos por Sedeco no sólo exhiben su parcialidad, sino son incorrectos, toda vez que se hace una medición acumulada en vez de que sea anualizada.
Es decir, que se compare noviembre 2017 con el mismo mes de 2018, “ya que en diciembre siempre se da un ajuste a la baja a las cifras del IMSS”, ante el cual Sedeco no informa nada, como ocurrió en diciembre de 2017, cuando hubo una pérdida de 23 mil 352 puestos de trabajo.
Bajo la medición anualizada, el incremento en el número de empleos formales en noviembre fue de 44 mil 610, ya que reportó 898 mil 937 trabajadores afiliados, mientras que el mismo mes del año anterior, hubo 854 mil 327.
En entrevista con ZETA, el economista destacó que de los 44 mil 610 empleos formales, la mayoría (42 mil 957) se ubican en un rango entre uno y cuatro salarios mínimos; es decir, al cierre del año pasado tuvieron una percepción que osciló entre 2 mil 650.80 y 10 mil 603.20 pesos al mes.
“Se trata de empleo precario. De hecho los bajos niveles salariales se explican debido a la incorporación de informales, y por otro lado, a la campaña de la Sedeco, que ofrece mano de obra barata a los inversionistas”.
En opinión del entrevistado, “no se puede hablar de un empleo fuerte cuando el mismo IMSS informó que en noviembre cerraron 328 empresas en el Estado”.
BC, CUARTO ESTADO CON MÁS EMPLEO
De acuerdo con la información del IMSS, los estados que más empleo generaron el año pasado fueron: México, 78 mil 277; Ciudad de México, 66 mil 382; Nuevo León, 55 mil 142; Baja California, 46 mil 469; Guanajuato 43 mil 749, que en conjunto sumaron el 43.9% del total del país.
Pese a que en diciembre de 2018 en Baja California se perdieron 21 mil 492 puestos, se logró una tasa de crecimiento anual de 5.6%, con la cual se ubicó entre las entidades federativas de mayor desarrollo, sólo después de Quintana Roo (8.1%) y Baja California Sur (7%).
El municipio que reportó una mayor pérdida fue Tijuana, con 13 mil 229; seguido de Mexicali, 6 mil 505; Ensenada, 811; Tecate, 557; y Playas de Rosarito, 390.
Cuestionado sobre la pérdida de empleos en el último mes del año, José Alfredo Jiménez Gálvez, jefe de Servicios de Afiliación de Cobranza de la delegación estatal del IMSS, negó que se hubiera registrado tal, “al contrario, cerramos con buenos números en comparación con el nivel nacional”.
Entrevistado por ZETA, agregó que se tuvo un incremento de entre 8 y 10%, el cual sería constante a lo largo del año. “No hemos tenido un mes que se dispare tanto en comparación con el mes anterior, sino que es constante el crecimiento”.
Las razones son el trabajo que ha hecho el IMSS en la digitalización de trámites, los cuales facilitan el registro de los trabajadores; la incorporación de migrantes al mercado laboral, cuyo número ascendió a 3 mil 136 trabajadores; “y sobre todo, la constante revisión que tenemos” con diferentes dependencias como el Servicio de Administración Tributaria.
Vigilancia que permite detectar algún movimiento atípico, y en caso de haber anomalías, enviar cartas invitaciones a los patrones, aseguró Jiménez Gálvez.
Sin embargo, Angélica Maldonado Lerma, responsable de la Dirección de Información, Estadística y Análisis Económico de la Sedeco, reconoció la disminución de empleo en abril (-980), junio (-1,968) y diciembre (-21,492) de 2018.
Aumento del salario mínimo genera problemas laborales
Alberto Serrano, director de Tempus, comentó que el incremento del doble en el salario mínimo en la frontera está generando problemas laborales, sobre todo en aquellas empresas que no se prepararon para el cambio salarial en Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa.
“En Tijuana ya hay algunos problemas laborales en ese sentido, empleados que han tomado las líneas de producción en huelga”, señaló el ejecutivo, quien consideró que a partir de 2019, en la industria manufacturera habrá una polarización salarial, en la que los sectores aeroespacial y médico pueden pagar mejores sueldos en comparación con el ensamblador, electrónico y textil.
Lo anterior, debido a que si bien el salario mínimo subió a 176.72 pesos diarios para toda la frontera, no benefició a todos los empleados de la misma manera, ya que hubo empresas que quitaron bonos para poder garantizar el salario mínimo.
En otros casos, el incremento propició que se mezclaran los niveles dentro de las compañías, de modo que aquellos que tenían menor rango alcanzaron a otro trabajador que el año pasado recibía cerca de 176.72 pesos, con lo que prácticamente se homologaron los salarios.
Asimismo, previó que en el sector industrial aumente la rotación del personal, ya que las empresas “no se prepararon y en este momento están negociando todavía con sindicatos” las prestaciones no obligatorias por Ley, y son vulnerables a que la gente se vaya a otras compañías a trabajar.
Ante ello, Serrano recomendó que las empresas implementen tecnología para analizar los cambios que van registrando en materia de recursos humanos y así anticipar soluciones.
En su oportunidad, Karla Verdugo Partida, abogada laboral, indicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no actualizó las tablas de subsidio del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para la zona fronteriza, de modo que existe un conflicto entre las leyes fiscal y laboral.
Explicó que todas las compañías trabajan con un programa electrónico generado por el SAT que la autoridad no actualizó para que, tal como ocurre en el interior, el salario mínimo quedara exento de retención del Impuesto Sobre la Renta.
Lo que sucede es que al ingresar al sistema la cantidad del salario mínimo, en automático deduce el ISR al trabajador, entonces las empresas pueden optar por:
1) Ajustar el neto mínimo a 176.72 pesos para garantizar el pago del salario mínimo, y no retener el impuesto del trabajador. Ello implica que la compañía absorbe alrededor de 3 pesos de impuesto por empleado, que no podrá deducir o recuperar después
2) Aumentar el sueldo a 183.45 pesos para que el sistema del SAT marque la retención, y al final el trabajador obtenga 176.72 pesos, que es el salario mínimo que las compañías deben garantizar. La desventaja es que dicho aumento, que cumple con las leyes laboral y fiscal, afecta para todas las prestaciones de Ley, como aguinaldo, vacaciones o prima dominical.
Pese a que esta alternativa implica más recursos financieros, es por la que más se han inclinado las empresas, dijo la experta del despacho Cervantes-Quijano, SC.
Agregó que una vez actualizadas las tablas, las empresas no tan fácilmente podrán bajar el sueldo a 176.72 pesos, ya que generaría conflictos laborales.
Finalmente, la tercera opción es dejar que el sistema del SAT haga la retención del salario fronterizo, con lo que el trabajador percibirá menos de 176.72 pesos. Esta alternativa es la menos recomendable, ya que no se cumple con la Ley laboral de garantizar el salario mínimo y podría acarrear sanciones monetarias y penales para el patrón.
Miriam Lizbeth Félix, procuradora general de la Defensa del Trabajo de Baja California, declaró que hasta el cierre de enero podría dar una cifra en cuanto al número de quejas interpuestas por trabajadores con relación al incremento salarial, pero ha habido “un tránsito natural” de las personas que acuden a esa dependencia.
En tanto que Jesús Javier Medina Duarte, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Tijuana, se pronunció a favor de que los trabajadores conserven sus bonos junto con el incremento salarial. “Estamos en el reacomodo, buscando conservar las fuentes de trabajo y la economía del trabajador”, agregó.