Luis María Aguilar Morales, ministro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite, este viernes, cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados y senadores de oposición, contra las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), impulsadas en noviembre pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), incluida la creación de los llamados “súper delegados”.
El ministro de la SCJN otorgó quince días hábiles al Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo Federal, para contestar las acciones de inconstitucionalidad, que buscan invalidar múltiples puntos de la reforma, y además, alegan vicios de procedimiento legislativo.
Sin embargo, Aguilar Morales no cuenta con plazo para presentar sus proyectos de sentencia al Pleno de la Suprema Corte, donde se requiere el voto de 8 de los once ministros para invalidar cualquier aspecto de la reforma. Asimismo, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión pueden solicitar a la SCJN dar trámite prioritario a estas acciones, esto, aunque las leyes no están suspendidas.
Las reformas impulsadas por López Obrador incluyen la creación de las comisiones Presidenciales, la concentración de compras del Gobierno de México en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de las designaciones centralizadas de directores Jurídicos y titulares de unidades de Administración y Finanzas de las dependencias federales, entre otros temas.
Otra acción admitida este viernes por el ministro de la SCJN, impugna la reforma al artículo 21 de la LOAPF, que fue expandido para crear las comisiones Presidenciales con amplías facultades -como la decretada en diciembre pasado por el mandatario nacional, para indagar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa-, lo que según la oposición invade atribuciones Constitucionales de otras autoridades.
“Estas comisiones se constituyen como grupos de trabajo especial para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones o el objeto que determine su Decreto de creación”, dice la impugnada LOAPF.
También hay una demanda contra la adición al artículo 33 de la LOAPF, por el cual se facultó a la Secretaría de Energía para “coordinar” la determinación de tarifas eléctricas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo que invadiría las atribuciones de este órgano especializado, ante lo que los quejosos pidieron suspender los efectos de la reforma. Sin embargo, en este caso, Aguilar Morales rechazó la petición.
LOS “SÚPER DELEGADOS”
En total son 32 delegados estatales y 264 regionales, denominados de forma oficial como “Delegados de Programas Integrales de Desarrollo”, los que coordinan la aplicación de recursos e implementación de los programas federales, y que están liderados por Gabriel García Hernández, titular de la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo de la Oficina de la Presidencia de la República.
De acuerdo con la reforma de la LOAPF aprobada en la Cámara de Diputados el 13 de noviembre pasado, el titular del Poder Ejecutivo Federal contará con los delegados que se encargarán de coordinar e implementar los planes, programas y acciones “para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades”.
Los delegados estarán adscritos jerárquica y orgánicamente a la Secretaría de Bienestar, y el argumento para su creación fue que se trata de una medida de austeridad que sólo contempla tener a un funcionario y no a varios de diferentes dependencias en cada entidad de la República.
Diversos gobernadores y legisladores de oposición han criticado que la figura de los llamados “súper delegados” es más bien “una fábrica de precandidatos”, con “un gobierno centralizado y un presidencialismo retrógrada”, tal como lo señaló el ahora senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong.
Enrique Alfaro Ramírez y Silvano Aureoles Conejo, gobernadores de Jalisco y Michoacán, respectivamente, también han asegurado que la creación de estas figuras es un intento por vulnerar el pacto federal y que violan la soberanía de los diversos estados de la República Mexicana.
