Tras una investigación, la Subprocuraduría General de Justicia del Estado Zona Tecate resolvió un doble homicidio ocurrido en diciembre. Carlos Uriel N. “El Huesos” fue vinculado a proceso como presunto responsable de secuestro agraviado, el cual terminó con la vida de dos hermanos, según determinó el juez en audiencia inicial. La tipificación de este delito y no solo por homicidio, implica una condena más severa para el delincuente.
El 24 de diciembre de 2018, agentes de la Policía Ministerial iniciaron las investigaciones por el doble homicidio, cuando fueron encontrados los cuerpos de los hermanos Cristian y Francisco Rodríguez Arellano en un lote baldío del fraccionamiento Moctezuma, detrás de la clínica número 39 del IMSS, el cual era utilizado como tiradero de basura clandestino.
Las víctimas presentaban, cada una, un disparo en la cabeza y una de ellas se encontraba maniatado. En el sitio se localizaron varios cartuchos calibre 40.
Los elementos de la Comandancia de la Policía Ministerial lograron reconstruir los hechos del crimen, el cual inició como una privación ilegal de la libertad el 23 de diciembre en la colonia Tepeyac, en el domicilio de las víctimas. Acompañado de dos hombres armados, “El Huesos” ingresó a la vivienda para reclamar una máquina de soldar que los hermanos habían robado de su domicilio.
Fue en ese momento que los jóvenes fueron privados de la libertad al ser forzados a abordar un vehículo tipo sedan de cuatro puertas y modelo reciente, en el cual fueron trasladados amenazados con las armas. Horas más tarde, alrededor de las 8 horas de Nochebuena, los cuerpos fueron localizados.
Tras recabar evidencia, los policías ministeriales ofrecieron los datos al Ministerio Público, el cual pudo cuadrar el delito de secuestro agraviado, debido a que los jóvenes que fueron privados de su libertad fueron asesinados y porque en el crimen participaron tres personas.
Mientras una sentencia por homicidio alcanza una pena máxima de 50 años si se cuenta con un agravante, la de secuestro agraviado puede ser de 50 a 90 años y cuando las víctimas son asesinadas, como fue este el caso, entonces la sentencia puede ser de 80 a 140 años de prisión.
Finalmente, el caso fue presentado ante un juez, quien giró la orden de aprehensión en contra de Carlos Uriel, el 25 de enero de 2019, mismo día en que los agentes de la Policía Ministerial la cumplimentaron.