A través de un comunicado, organismos civiles de asistencia a migrantes en Tijuana y San Diego, emitieron su postura de rechazo hacia la nueva política migratoria de Donald Trump.
El viernes 25 de enero se anunció la aplicación de un Protocolo de Protección al Migrante que consiste en retornar a los solicitantes de asilo a las ciudades fronterizas de México para que continúen con su proceso.
En dicho comunicado, los organismos civiles califican esta nueva política como “sin precedentes y posiblemente ilegal” por expulsar a los solicitantes de asilo y obligarlos a esperar su cita con un juez en México por un lapso de tiempo que podría tomar hasta un año.
Este protocolo de implementaría primero en el puerto de entrada de San Ysidro, para después aplicarse en el resto de los puertos que se encuentran en la frontera entre México y Estados Unidos.
“Las ciudades fronterizas de San Diego y Tijuana siempre han compartido una cultura y un legado de darle la bienvenida a personas de todo el mundo que buscan seguridad y protección en los Estados Unidos y que vienen huyendo de situaciones peligrosas que amenazan con sus vidas”, se lee en el texto compartido vía digital.
“La política de Trump de expulsar a las personas solicitantes de asilo y obligarlas a esperar en México va en contra de nuestros valores”, añaden.
Los organismos también le piden a las autoridades de ambos paises que consideren el impacto negativo que la política tendrá en los albergues pro migrante de Tijuana que ya se encuentran sobre el límite de su capacidad.
Lo anterior, dado a que “pone en riesgo la propia vida de las personas que están buscando ayuda, también hace que sea más difícil que encuentran representación legal para tener éxito en sus peticiones de asilo”.
Los organismos aseguran que continuar comprometidos en ayudar a los migrantes que se encuentren en peligro, para que encuentren la seguridad y protección que buscan.
Señalan que “la administración de Trump debe abandonar estas políticas de odio que ponen en peligro la vida de las personas vulnerables”.
El comunicado es firmado por la Coalición pro defensa del migrante, que en Baja California reúne a distintos organismos que trabajan por esta comunidad, y también por The San Diego Inmigrant Rights Consortium, compuesto por más de 40 organizaciones y refugios en San Diego.
