A pesar que México es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, también es uno de los que ofrecen mayor protección a las víctimas una vez que son rescatadas, comentó Rosi Orozco, activista social en la materia.
Durante una reunión con voluntarias de la asociación Red Binacional de Corazones, que preside Alma Tucker, la activista declaró que en otros países sólo se les da tratamiento de tres a seis meses a las niñas y mujeres que fueron víctimas de trata, y al terminar éstas vuelven a la sociedad sin importar su estado físico o psicológico.
“Aunque no lo crean, México es uno de los países que ha rescatado más víctimas, que tiene más sentencias y que sobre todo, es muy admirado a nivel internacional por la reintegración exitosa de las víctimas”, dijo.
Orozco compartió con las asistentes el caso de una joven que logró escapar de la situación de explotación sexual en la que vivía en el barrio de La Merced, en la Ciudad de México, donde llegó a ser violada hasta cincuenta veces en un día, tras su rescate requirió un año y medio de tratamiento, tanto para sanar su cuerpo como su mente, incluso parte de su recuperación se llevó a cabo en Tijuana.
El avance que se ha tenido, mencionó, ha sido gracias a la “terquedad” de las asociaciones civiles y a la aplicación de la Ley General Contra la Trata de Personas, la cual establece penas más severas para los victimarios, garantiza la reparación del daño a la víctima y asegura que ésta pueda reincorporarse a la sociedad.
Sólo en la Ciudad de México y en Tijuana, con la Fundación Unidos Contra la Trata y Red Binacional de Corazones, respectivamente, hay refugios en los que se les da seguimiento integral y continuo a las víctimas, muchas de ellas incluso ya han terminado sus estudios de licenciaturas y maestrías, y ahora luchan por combatir la trata de personas, apuntó.
El cierre de giros negros, también contemplado en la ley, ha ayudado a que disminuya la trata en estados como Coahuila, y más recientemente, en Tamaulipas, pero hace falta mayor disponibilidad y capacitación por parte de autoridades estatales para que se aplique la ley y se haga un combate verdadero a la explotación sexual, expresó Orozco.
