A un mes de paros y protestas, el gobernador Arturo Vega de Lamadrid continúa sin cumplir con el pago de sueldos a trabajadores del gobierno del estado.
La mañana del jueves 10 de enero Kiko Vega dio como nueva fecha 18 de enero del 2019 para quedar al corriente con los rezagos en los pagos a las prestaciones de empleados de distintos sectores del gobierno estatal, la cual sostuvo sí será la definitiva.
Durante el mes de diciembre los maestros jubilados y pensionados agremiados a la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no recibieron puntualmente su pensión, después los empleados de los subsistemas educativos Cobach y Cecyte y el Poder Judicial también sufrieron reatraso en los pagos de la última catorcena del 2018 y sus aguinaldos.
Con la promesa que el pago, los docentes y el personal administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (Cecyte BC) reanudaron actividades laborales el pasado 8 de enero.
El lunes 7 de enero no se reanudaron las actividades como se tenía previsto dado a que el Sinpot convocó al personal a presentarse en sus respectivos planteles pero sin laborar, mientras que a los docentes les permitió que retuvieran las calificaciones de los alumnos como medida de protesta hasta que se recibieran el pago.
Ese mismo día el Sinpot les notificó a través de redes sociales que a las 14:00 horas tendrían una resolución de la problemática, la cual llegó en un comunicado que emitió la dirección general del Colegio con la firma de José Luis Kato Lizardi.
En dicho comunicado se les informaba que después de sostener reuniones “con las autoridades de la Secretaría de Planeación y Finanzas referente al pago de las obligaciones pendientes” los pagos de las prestaciones quedarían listos antes de concluir el mes y la segunda catorcena de 2019 se pagaría en tiempo y forma el próximo 18 de enero.
Mientras que a los maestros de los ocho planteles de Antorcha Campesina, un promedio de cien docentes, no reciben sueldo desde mayo de 2018, y el aguinaldo tampoco les ha sido depositado, por lo que el miércoles 9 de enero se manifestaron en Tijuana, acompañados de una representación de alumnos.
El lunes 7, el Poder Judicial generó un “paro” de labores por padecer la misma problemática. Lo extraño es que, según el magistrado Presidente, Salvador Ortiz Morales, el recurso ya se había pagado. Por primera ocasión, los juzgados de control difirieron las audiencias.
No obstante Kiko declaró, “afortunadamente ya estamos saliendo del apuro. Este Gobierno Federal nos apoyó con un recurso muy importante que nos ha ayudado, pero aún hay una diferencia que sigo gestionando para que el recurso siga llegando y podamos regularizarnos”, expresó Kiko.
La falta de pago provocó que durante varios días se “paralizaran” las actividades de gobierno, algunas de manera provisional y otra en su totalidad.
A la fecha aún existe confusión sobre qué ocurrió y cómo se generaron los adeudos, pues la respuesta sobre la falta de recursos extraordinarios resulta insuficiente.
La situación llegó a tal grado que instalaciones del Poder Judicial, tan sensibles como el Servicio Médico Forense (SEMEFO) y las audiencias del Centro de Justicia, tuvieron que suspender actividades debido a las protestas realizadas, retrasando la entrega de cadáver, e incluso imposibilitando su ingreso a los frigoríficos.
Fue el mismo lunes 7 de enero cuando gran parte de los rezagos que tenía el Gobierno del Estado con otros organismos y poderes fueron cubriéndose, gracias a un rescate financiero otorgado por el Gobierno Federal, ante la nula capacidad de cumplir con las responsabilidades mínimas estatales.
Fue el mismo gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, quien reconoció que el boquete financiero aún prevalece en las finanzas estatales, pero se está trabajando a través de gestiones para cumplir con las responsabilidades.
