Juzticia
Muchos abogados laboralistas queremos sinceramente que este año la justicia laboral sea tratada como justicia de primera administrativamente, pues históricamente ni los Secretarios del Trabajo ni los propios gobernantes locales y federales le han dado la importancia que tiene, relegándola presupuestariamente a prácticamente migajas que le han impedido crecer proporcionalmente al aumento de la problemática laboral.
No obstante, el número y la importancia de los conflictos laborales que se manejan en Tijuana, las Juntas de Trabajo nunca han tenido un edificio propio aunque los gobiernos lo han prometido varias veces: En los inicios de los setentas, cuando Tijuana tenía Junta Permanente (ya desaparecieron), sus oficinas se encontraban en el Palacio Municipal en Segunda y Constitución; el Municipio le prestaba las oficinas al Estado, posteriormente, el edificio que originalmente fueron las oficinas de la CESPT en Río Suchiate, Colonia Revolución, se les dio uso para oficinas del Estado (Juzgados, Ministerio Público y Policía Judicial) y para allá se fue la Junta Permanente, convirtiéndose posteriormente en Junta Especial Número Cinco de la Local de Mexicali en el sexenio de Milton Castellanos.
Estando en Río Suchiate La Junta Especial Cinco, en el sexenio de Xicoténcatl Leyva se creó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, continuando su funcionamiento en el mismo domicilio. Dicen que la creación de dicha Junta no se debe tanto a la programación gubernamental sino a que, al gobierno de Xicoténcatl le impusieron de México (un militar) al Presidente de la Junta Local de C. y A. con residencia en Mexicali cuyo nombre no recuerdo pero todos le decían “El Salvaje”, funcionario que les tenía animadversión a los de Tijuana. Lo demostraba con sus actuaciones, resoluciones y manifestaciones, de tal manera que sindicatos y empresarios de Tijuana estuvieron encima del gobernador con sus quejas. Sin embargo, era tal el peso del “Salvaje” que Xico no se atrevió a destituirlo y tuvo que crear otra Junta Local en el Estado con residencia en Tijuana, su primer presidente fue Roberto Gamboa Elías.
Años después, la Junta Local fue trasladada al edificio Plaza Patria que se ubica en el bulevar Díaz Ordaz de la Mesa, desde luego tampoco dichas instalaciones son propias de la Junta ya que dicho edificio (enorme centro comercial) le fue cedido al ISSSTECALI por el Estado, por concepto de abono a adeudo mayor.
Lo cierto es que las antiguas instalaciones de la CESPT ya están en total posesión de la PGJE quienes disponen como propietarios, el Poder Judicial del Estado ya tiene sus propios edificios tanto en la vía Rápida (Civiles, Mercantiles y Familiares) como a un costado de la “Peni” (aún no digiero que sea Centro de Readaptación Social CERESO) los Juzgados Penales, y las Juntas Laborales como huérfanas, como judías errantes, siempre con la incertidumbre de, ¿a dónde la irán a cambiar?
Los salarios de los funcionarios (Actuarios, Secretarios de Acuerdos, Presidentes de Juntas Especiales y Presidente de la Junta Local) son sustancialmente inferiores a los que perciben en el Poder Judicial del Estado, no se diga en relación con los que se perciben en el Poder Judicial Federal.
A pesar de que la población y los conflictos laborales en Tijuana han crecido en forma continua y desproporcionada al personal, tanto el gobernador e indirectamente el congreso han sido insensibles e inconscientes a esta situación y no han planteado ni autorizado los presupuestos necesarios para que se regularice la funcionalidad de las Juntas. Éstas, en lugar de aumentar en número, aumentan de secretarios de acuerdos a las que ya existen, creando un embudo de resoluciones diversas que naturalmente crea lentitud y rezago en los procesos y en los laudos.
Esta situación afecta psicológicamente a los empleados y funcionarios, quienes ante “lo duro y tupido” del trabajo, trabajando a presión empiezan a cometer errores e incumplir términos, y lo grave del caso es que las autoridades competentes para la solución (Congreso, Gobernador, Secretario del Trabajo), al no mostrar argumentos e interés para la solución del problema, y dentro de un túnel en cuyo fondo no ven luz, se frustran y pierden el espíritu de servicio (no todos lo pierden).
La pérdida del espíritu de servicio y la apatía en cuanto a los términos del proceso y la calidad de las resoluciones por parte del funcionario del Trabajo, es lo que viene a afectar los intereses y derechos de las partes tradicionales en un proceso laboral que son el trabajador y el patrón, quienes resienten la inseguridad jurídica al incumplirse cotidianamente la Ley Máxima que es la Constitución por quienes son los primeros que deben cumplirla.
La Junta Federal se encuentra más abandonada que la local, la Transferencia al Poder Judicial de los conflictos de trabajo tampoco se le ve fecha de materialización no obstante que ya es reforma Constitucional y que ya se cumplió el plazo para que empezara a funcionar. Todo se posible si hay voluntad política.
El Licenciado Gerardo Dávila ejerce su profesión en Tijuana, B.C.
Correo: lic_g_davila@hotmail.com
