Gobierno de México cierra ductos para evitar el robo de hidrocarburos y cambia estrategia de distribución por pipas. Por lo menos cinco empleados de monitoreo de Petróleos Mexicanos son investigados por estar coludidos con bandas de huachicoleros. Hubo desabasto de gasolinas en por lo menos diez estados del país, se asegura que esos litros que faltan eran vendidos por la delincuencia a gasolineros. Más de un millar de elementos de Ejército y Marina resguardan instalaciones de Pemex
La anunciada nueva estrategia del Gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos por parte de la delincuencia organizada, trajo consigo la insuficiencia en el abasto de combustible en por lo menos diez estados de la República Mexicana desde el viernes 4 de enero de 2019.
Las autoridades revelaron que ese déficit es precisamente la falta de gasolina ilegal que se vendía en algunas de las propias estaciones de servicio.
En medio de una polarización entre ciudadanos molestos por la falta de energéticos, y otros que defienden la medida y el actuar del gabinete del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, transcurrieron los primeros días del naciente año. Se cerraron diferentes poliductos que desde las escasas refinerías surten las 74 terminales de almacenamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El robo de gasolinas y diésel era descarado y brutal. Además de cerrar el paso subterráneo de los derivados petrolíferos -que eran sustraídos por tomas clandestinas y tuberías paralelas a las de la empresa productiva mexicana-, la nueva estrategia consiste en realizar el transporte a través de “ruedas” en carro-tanques.
La medida de entrega, al ser terrestre, se retrasó. Las mil 600 pipas de Pemex resultaban insuficientes y hubo la necesidad de rentar más de 3 mil 400 para sumar una flotilla de cinco mil unidades para llevar gasolina Magna, diésel y gasolina Premium a miles de estaciones de servicio, no sólo franquiciatarias de la paraestatal, sino a las ya liberadas por la Reforma Energética.
La lentitud en el arribo de las pipas, inicialmente a la región de El Bajío y el Occidente del país, ocasionó desabasto de hidrocarburos. Habitantes de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Jalisco resintieron el golpe. Decenas de gasolineras quedaron con sus depósitos vacíos, y donde había producto, las filas de vehículos se prologaron durante varios kilómetros. Muchos consumidores riñeron entre sí por no respetar la fila de autos.
El problema de falta de combustible se extendió hacia Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y la Capital de la República, aunque en esta última se trató de la reacción de una población en pánico. El fenómeno se replicó en los estados involucrados. Las gasolineras racionaron la venta, pero vivales comenzaron a vender en bidones, desde cuatro o cinco litros, hasta cincuenta y con sobreprecio. Aseguran que hasta a los huachicoleros se les acabó el producto.
Al cierre de esta edición el desabasto prevalecía, pese a que las pipas no paran de transportar los combustibles desde los puertos de Mazatlán y Manzanillo. De hecho, trascendió que antes de que iniciara el operativo contra los ladrones de combustible y la nueva estrategia de distribución, Pemex vendía 118 millones de litros de gasolinas al día, y ahora las entregas son de 128 millones de litros; es decir, 10 millones más de litros.
Foto: Edgar Jasso/Cuartoscuro.com
Los gobernadores de las entidades afectadas levantaron enérgicas protestas reclamando, por un parte, del Presidente López Obrador respuestas claras de la situación real del desabasto; y por otra, de la empresa que surta las cantidades necesarias para satisfacer la demanda de los automovilistas y choferes afectados por la decisión gubernamental.
ESTRATEGIA E INVESTIGACIÓN
El operativo que cambió la estrategia tanto en el combate a los “chupaductos” como en la distribución de los productos de Pemex inició el 20 de diciembre. En 2018, las pérdidas por las fugas de combustibles fueron superiores a 60 mil millones de pesos. Los encargados de monitorear el funcionamiento de los ductos desde el área de Seguridad Física ya no respondían a los robos flagrantes, no los denunciaban y no aplicaban el protocolo de la paraestatal de cerrar las válvulas.
Asimismo, se giraron consignas de cumplir el protocolo al pie de la letra. Personal de seguridad ignoró la orden presidencial. Siguieron registrándose los pinchazos a la red de tuberías petrolíferas y los encargados ni se inmutaban. Fue necesario intervenir las instalaciones con personal militar y someter a investigación a por lo menos cinco de los monitoristas que durante la pasada administración estuvieron bajo las órdenes del General Eduardo León Trauwitz, que fue gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex y antes estuvo asignado como jefe de escoltas del ex Presidente Enrique Peña Nieto, cuando fue gobernador del Estado de México.
El viernes 4 de enero comenzaron a presentarse los problemas de abastecimiento de gasolina, aunque en ciudades como Morelia ya tenían dos semanas resintiendo una reducción del suministro, Esa mañana, Andrés Manuel López Obrador reconoció que se había dado un cambio en la forma de transportar y distribuir los hidrocarburos. Pidió la comprensión de los ciudadanos afectados y les exhortó a no comprar gasolina robada. “Necesitamos resolver este problema entre todos”, dijo.
El domingo 6 de enero, Petróleos Mexicanos aclaró a través de un comunicado que como parte del plan conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de combustibles, se utilizaron medios de transporte más seguros, lo que implica cambios en la logística de entrega a las estaciones de servicio. Se reconoció el retraso que afectó inicialmente a los estados de El Bajío, pero se informó que en las terminales había suficiente inventario para cubrir la demanda de la población.
Ese domingo, de visita en Tijuana, AMLO advirtió que no se dejará vencer por los huachicoleros, pues no está jugando a las vencidas: “Son intereses creados muy poderosos, nada más que al margen de la Ley nada, y por encima de la Ley, nadie; ahora hay Estado de Derecho, ya no hay estado de chueco. Entonces están presionando, pensando que nos van a vencer, que no quieran a las vencidas porque va a triunfar la Ley y va a triunfar la justicia”.
El día 7, en su conferencia de prensa mañanera, Andrés Manuel anunció que 900 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron desplegados en instalaciones de Pemex como parte del plan para reforzar la seguridad. También afirmó que el robo de energéticos estaba controlado. Presumió que se redujo el número de litros robados -diez veces- y se reforzaría aún más el plan de vigilancia con elementos del Ejército en las instalaciones.
Al día siguiente, los 4 mil elementos castrenses que asumieron la seguridad de las refinerías de Salamanca, Guanajuato; Ciudad Madero, Tamaulipas; Salina Cruz, Oaxaca; Minatitlán, Veracruz; y Cadereyta, Nuevo León. Tomaron el control de todas las terminales de almacenamiento y reparto en el territorio nacional. Realizaron inspecciones físicas a los trabajadores, además de revisar pipas, guías o facturas. A la Marina también le tocó su participar en el operativo que forma parte del Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas.
López Obrador repartió culpas. El 9 de enero acusó a sus antecesores: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, de que durante sus administraciones fueron omisos en el combate al robo de combustible. “Había una especie de ceguera o pacto por parte de las administraciones anteriores”, señaló el mandatario ante el fragrante robo de mil pipas de gasolina al día.
ESCASEZ Y DESESPERACIÓN
El anuncio de cada mañana, que como cantaleta decía el Presidente que había combustible suficiente y que pronto se regularizaría el desabasto, contrastaba de la realidad. Había gasolineras cerradas totalmente y enormes filas para reabastecer en unas pocas de las que estaban abiertas. López Obrador decía que el problema no era generalizado.
Los impactos negativos no se hicieron esperar, sobre todo en Michoacán, donde ya tenían más tiempo sin combustible. Los sectores económico, turístico y social se vieron afectados. El transporte y distribución de productos perecederos se vio entorpecido. El director de Pemex, Octavio Romero, habló con los gobernadores de Guanajuato y Jalisco y se comprometió a enviar los barriles necesarios de gasolina para acabar con el desabasto. No cumplió.
El fenómeno se extendió hacia el norte y llegó a Tamaulipas, cuyos municipios de Reynosa, Ciudad Madero y Ciudad Victoria se vieron afectados. En Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca, en el Estado de México, cerraron 75 gasolineras ante un inminente desabasto. En la capital de la República hubo problemas en las alcaldías Cuajimalpa, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Coyoacán.
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, admitió que posiblemente se tuvo un problema en la logística para la distribución de hidrocarburo en carros tanque para evitar el desabasto de gasolina. Señaló que las entidades con más desabasto son las que tienen un mayor número de tomas clandestinas. Por su parte, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la Cámara de Diputados, manifestó que se trabaja en la logística para restablecer el abasto de gasolinas.
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Los llamados de la autoridad a no realizar compras de pánico no fueron atendidos por los ciudadanos y las riñas entre conductores continuaron. Ninguna autoridad se comprometió a solucionar el problema el abasto en un tiempo exacto. Primero se dijo que en tres días se normalizaría la situación, luego que en cinco o diez y después se llegó a mencionar hasta un mes.
La justificación de todos los días estriba en el operativo e investigación contra los huachicoleros. López Obrador anunció triunfante el martes 9, que gracias a la estrategia para combatir el robo de combustibles en Pemex, el Gobierno de México consiguió un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos. “Se han robado 8 mil 540 pipas menos, si se colocaran las pipas una tras otra, son como 80 kilómetros de pipas las que ya no se han robado. En dinero ha significado un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó al Gobierno de México a garantizar la venta de gasolina en el país y prevenir la vulneración de las garantías individuales. Mediante un comunicado, la CNDH reconoció el trabajo de las autoridades para combatir el robo de hidrocarburos, pero considera necesario analizar la problemática en varias regiones de la República en cuanto al suministro de combustible.
Por su parte, Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, calificó el desabasto como crítico y desesperante. Dijo el día 10 de enero que en Guanajuato, de 583 gasolineras, sólo 96 contaban con producto (84 por ciento cerradas). En Michoacán, nueve de cada diez estaciones de servicio no tenían combustible, por lo que se suspendió el servicio de transporte público en esa entidad. En Guadalajara, Jalisco, únicamente se está abasteciendo el 40% de la demanda de gasolina.
TAMAÑO DE LA MAÑA
En la segunda quincena de diciembre, fuerzas federales aseguraron más de 261 mil litros de hidrocarburo y localizaron 34 tomas clandestinas en cinco estados del país: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Querétaro y Puebla. Se abrieron 51 carpetas de investigación por el delito de posesión ilícita de combustible, pero se trata de uno de los delitos que no estaba considerado hasta hace poco, como de los que ameritan prisión preventiva.
El robo es mayúsculo. Tanto hidrocarburo robado no es para venderse al menudeo. Se comercializa en ciudades enteras para el funcionamiento del transporte público, las constructoras, otras industrias, pero también se “lava” a través de muchas de las gasolineras establecidas. Algunas estaciones de servicio venden gasolina ilegal.
En su edición 2135, del 21 de febrero al 5 de marzo de 2015, ZETA publicó el reportaje titulado “Cárteles de la gasolina” en el que se da cuenta de cómo grupos del crimen organizado presionaban en esas fechas a empresarios gasolineros en Jalisco a comprar -por la fuerza- hidrocarburos robados. La amenaza era la de matar a su familia o incendiar el expendio.
La práctica continuó. Al menos eso declaró la noche del miércoles 9 de enero de 2019 a Milenio TV, la secretaria de Energía, Rocío Nahle: “El déficit que se reporta es la falta de combustible ilegal, gasolina robada que se vendía en propias estaciones de servicio… en algunas”. Y explicó que las gasolineras reportaban un flujo volumétrico diferente al que realmente tenían.
Mientras que a Pemex le compraban 100 litros, por mencionar cualquier cantidad, por fuera el gasolinero compraba 200 más. “Tenía facturados 100 litros, pero vendía 300. Esta práctica la hacían muchas gasolinerís”, expresó la funcionaria.
Pesquisas realizadas en 2013 por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, dependiente de la Procuraduría General de la República, dejaron en claro que personal de la petrolera mexicana estaba coludido con algunas de las principales bandas de huachicoleros que operaban en los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes y Tamaulipas.
Entre los detenidos figuraban elementos de Inteligencia de Departamentos Foráneos de Seguridad Física, así como de Exploración Producción de la paraestatal. Con el tiempo, la mayoría recuperó su libertad, entre ellos Francisco Guizar Pavón, conocido como “El Rey de las Gasolinas”, quien estuvo preso en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, Jalisco.
