Político coahuilense reclama derecho a defensa para conocer imputaciones españolas
El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, promovió un juicio de amparo en contra de la negativa de la Procuraduría General de la República (PGR) a permitirle el acceso a las investigaciones que presuntamente se siguen en su contra a solicitud de autoridades españolas.
La demanda de garantías presentada por abogados del político fue admitida a trámite y radicada en un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, donde le fue negada la suspensión provisional solicitada.
Moreira refirió en su escrito que el Director General de Procedimientos Internacionales dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, entre otras autoridades, violan sus derechos fundamentales.
Como acto reclamado, le quejoso señala que le fue denegado su derecho a “hacer efectiva mi garantía de audiencia y derecho de defensa para conocer, responder, controvertir y aportar pruebas” dentro de la averiguación o procedimiento AJI/126/2013-P.
El juicio de amparo es tramitado luego de que en noviembre de 2018 un juez de la Audiencia Nacional de España reabriera una causa penal que investiga al ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal con el Cártel de los Zetas.
Sobre este hecho, abogados de Humberto Moreira expresaron hace un par de meses -a través de un comunicado- que la Fiscalía Española habría incurrido en irregularidades al tomar en cuenta declaraciones de los testigos Héctor Javier Villarreal y Rolando González Treviño, rendidas en San Antonio Texas.
Según los testimonios, el ex gobernador coahuilense estaría involucrado en un supuesto blanqueo de dinero con sus empresas, señalamiento por el que fue detenido el 15 de enero del 2016 cuando se hallaba en la ciudad de Madrid.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España puso en libertad al imputado una semana después y el 25 de mayo de ese año acordó archivar la causa penal. Sin embargo, en noviembre de 2018 la Fiscalía Anticorrupción española aportó los supuestos nuevos indicios aportados por Villarreal y González Treviño.
