Durante 2018 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California (CEDH) recibió un total de 51 quejas sobre casos de posible tortura por parte de autoridades de la Entidad contra ciudadanos, de acuerdo con datos compartidos por su titular Melba Adriana Olvera Rodríguez.
De estas quejas 29 corresponden a Tijuana, 11 a Ensenada, 8 a Mexicali y 3 más al municipio de Playas de Tijuana, Olvera informó que la principal autoridad señalada como responsable fue la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) con 18 expedientes donde se documentó que sus agentes aplicaron abuso físico hacia ciudadanos.
En el desglose detalló que de estos casos 29 corresponden a Tijuana, 11 a Ensenada, 8 a Mexicali y 3 más al municipio de Playas de Rosarito, dentro de las denuncias interpuestas el año pasado no se registró ningún caso de tortura sexual a comparación del 2017 en el que se abrió un expediente por un caso de este tipo.
Señaló que anteriormente la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) organismo que le antecedió a la CEDH, emitió distintas recomendaciones en las que se expusieron casos de tortura documentados y probados, sin embargo la autoridad de procuración de justicia sólo ha hecho dos consignaciones por casos de tortura en el Estado.
“La prevención de la tortura se construye también con la sanción. Si una persona es señalada por cometer actos de este tipo y no es castigada como se debe, es como si la misma autoridad no reconociera la existencia de la tortura en Baja California”, expresó la presidenta de la CEDH.
Policías y militares principales ejecutores de tortura
Entre los años 2008 y 2014 la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A. C. (CCDH), a cargo del ex procurador de derechos humanos Raúl Ramírez Baena, documentó 30 casos de tortura en Baja California que afectaron a más de 100 personas como víctimas directas de este delito.
“En la mayoría de estos casos fue con la intención de fabricar culpables, los afectados fueron obligados a través de la tortura a auto inculparse de un delito o señalar a terceras personas como responsables”, informó Ramírez Baena.
Los elementos del Ejército Mexicano, así como policías municipales y estatales son los principales que han sido registrados como los perpetradores de este delito, expuso el defensor de derechos humanos.
“En términos generales hay una gran impunidad al respecto de este tema, porque la autoridad ha sido omisa. Sobre todo el Ministerio Público, tanto del fuero común como del federal, que no desahoga los casos ni los turna al Poder Judicial”, explicó.
Añadió que es el Poder Judicial la autoridad a la que le corresponde resolver si procede o no una sanción a quienes comenten el acto de tortura, pero hasta el momento “son contados los casos en los que los torturadores han sido sometidos a la acción de la justicia”.
Esta semana la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A. C. (CCDH) en conjunto con otras organizaciones llevo a cabo una jornada de tres días de talleres y ponencias sobre el desarrollo de capacidades para la prevención de la tortura en la parte noroeste del país.
