Un grupo de periodistas representantes de los cinco municipios de Baja California presentó esta mañana un posicionamiento de revisión sobre el Mecanismo de Protección a Periodistas, ante autoridades de los tres niveles de gobierno e instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, con la intención de que se genere una real garantía de justicia y seguridad al gremio.
Durante el evento denominado 1er Foro de Revisión del Mecanismo de Protección a Periodistas, la reportera Sonia de Anda, compartió dicho pronunciamiento en el que se pone como contexto el hecho que ante cualquier eventualidad o agresión a los comunicadores, “la autoridad primero trata de desvirtuar el móvil de los atentados hacia aspectos privados de la vida de los agredidos y evitar iniciar una línea de investigación en la que se parta de la actividad periodística de las víctimas”.
Ejemplo de lo anterior, compartió, es el homicidio de Luciano Rivera, en Playas de Rosarito, donde “de manera inicial”, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) “descartó la actividad del periodista, por enfocarse en situaciones que vivió la victima previo al ataque”.
Postura que considera es similar a la que se observa en el resto del país, sobre todo cuando las autoridades tienen conocimiento de algún atentado contra un periodista, ya que la primera línea de investigación se centra “en su vida personal y ajena a su trabajo, cuando de manera oficiosa el homicidio de un periodista debería partir de su actividad profesional”.
Otro de los puntos que se consideran graves y que se toma en cuenta en este posicionamiento, es el hecho de que debido al uso de las redes sociales, “pareciera que cualquier ciudadano con acceso a un teléfono móvil se convierte en periodista y por esa razón puede gozar de la protección de los mecanismos de seguridad instituidos para ser garantes de la vida e integridad de quienes tenemos por oficio informar”.
Razones por las cuales se convocó a las autoridades a dicho foro, y por las que se enunciaron las siguientes propuestas que se comparten a continuación:
1. Los Mecanismos de Protección a Periodistas deben ser exclusivamente para periodistas, sin que ello implique que el Estado no tenga obligación de proteger a un ciudadano común en riesgo por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
2. Para la identificación de un periodista se debe partir no sólo de que puede demostrar que vive de esta profesión, sino que apega su conducta a la ética periodística, la cual se desarrolla con el tiempo y puede ser reconocida por sus colegas del gremio, que tienen clara la trayectoria de cada comunicador.
3. El Mecanismo de Protección a Periodistas no puede seguir resguardando a quienes de manera constante no presentan fuentes en sus publicaciones, ni soporte documental para hacer sus afirmaciones.
Propuestas que se basan en el hecho de excluir o tomar en cuenta que hay quienes se dedican a “insultar, extorsionar y difamar sin sustento”, tomando como base que el protocolo de protección “no es para quienes se prestan a ser voceros de grupos criminales y después son amenazados por organizaciones contrarias y tampoco para quienes no se apegan a la ética periodística y el gremio no los reconoce como tales”.
“Los periodistas promueven la justicia y defienden la dignidad humana”: CEDHBC
Melba Adriana Olvera Rodríguez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), una de las invitadas al foro, compartió durante su participación que en un país tan riesgoso para los periodistas como lo es México, “no es posible” que exista un protocolo de protección con poca o nula participación del propio gremio, de ahí lo “interesante” de la propuesta, dijo, que pretende que se incluyan periodistas en la toma de las decisiones.
Resaltó que “los periodistas promueven la justicia y defienden la dignidad humana, contribuyen al tejido social”, por lo tanto es “necesario” que se replanteé el procedimiento que mantiene el mecanismo, sobre todo con la forma de interactuar interinstitucionalmente, debido a que, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos no tienen influencia directa en esas tomas de decisiones en los protocolos.
Agregó que a final de cuentas todo esto debe servir para que “la justicia sea una realidad” para los periodistas”, quienes deben ser parte fundamental en todos los procedimientos que a ellos les atañen.
Otras de las autoridades y personajes invitados que estuvieron en el foro fueron Francisco Rueda Gómez, secretario general del Gobierno de Baja California; Jorge Ruíz, director general adjunto de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida de Secretaría de Gobernación; Efrén González, representante de Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Baja California.
Así como Luis Moreno, diputado representante del Poder Legislativo; Diego Martínez, abogado del programa de Protección y Defensa de la Oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19; Gilberto Cota Alanís, director de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.
