En la elección del 18, en Puebla, Morena ganó oficialmente todo, excepto la gubernatura que de forma por demás atípica resultó en manos de la esposa del cacique estatal; Morena impugnó, en medio de escandalosos sucesos reportados por los medios nacionales, que demostraban infraganti la existencia de un laboratorio de actas electorales. La autoridad electoral local hizo caso omiso y determinó que nada había ocurrido fuera de la ley, validando la elección.
Morena insistió y apeló al tribunal electoral federal, mismo que se dividió en dos exactas mitades; una que confirmaba el alegato principal de este partido de que se había roto la cadena de custodia de las actas y que esto rompía la certeza electoral, principio fundamental en el derecho comicial, por lo que voto en el mismo sentido de la propuesta del magistrado ponente, anular la elección. La otra mitad confirmó que la custodia se rompió, pero extrañamente manifestó su “convicción” de que esto no afectaba lo suficiente como para anular la elección, pues, derivado de la resolución del tribunal local, se había hecho un recuento que confirmaba el resultado, aunque este recuento pudiese haber sido realizado sobre una base de actas falsas.
Por tal motivo la presidenta del tribunal emitió el antidemocrático voto de calidad o voto doble, para confirmar el triunfo de la ahora difunta (todavía están agarrados de la greña los magistrados por este tema). El desempeño de la figura de gobernador, durante la pasada elección, fue motivo de impugnaciones y protestas. La muerte desafortunada de la Gobernadora Alonso, que dicho sea de paso apenas tenía 10 días en funciones, y de su señor esposo, el senador Moreno Valle, no puede ocultar que los poblados vienen de una elección harto polémica e impugnada. Por devolver la vida a los señores nada se puede hacer, por estabilizar el proceso democrático y político de Puebla sí.
Un gobernador interino que garantice imparcialidad ayudaría mucho, sin embargo, el presidente nacional panista pide la “cortesía” de que uno de los suyos sustituya interinamente a la gobernadora accidentada, lo hace al tiempo de que oprobiosamente lanza una andanada de infundios que pretenden acusar al presidente y al excandidato morenista a la gubernatura de asesinos.
No entiendo su razonamiento: ¿Cuál es el problema o la injusticia en que una persona imparcial se haga cargo del gobierno estos cinco meses? ¿Por qué quiere que uno de los suyos coadyuve como gobernador a la organización de la elección?
Son demenciales los alegatos cizañosos del líder panista y sus correligionarios. La gubernatura de puebla no decide nacionalmente nada. Hay otros 28 estados que los gobierna la oposición y con la mayoría el presidente López Obrador tiene una buena relación. Ahora resulta que la muerte de la gobernadora poblana representa grandes ganancias políticas para AMLO, tantas, que según ellos se convierte en un sospechoso inmediato de la autoría de un retorcido crimen camuflado al estilo novelesco, mediante la producción precisa de un inexistente accidente.
Para la dirigencia panista, y uno que otro priista resentido, fue tan estratégica y determinante la pérdida, que podría haber llevado a un pacifista comprobado a ordenar un crimen de esa magnitud. No me cabe duda de que en las filas de la oposición le siguen apostando a que el pueblo es tonto, también que en sus filas más encumbradas brilla por su ausencia la decencia, la ética y la vergüenza, pues son capaces de aprovechar la desgracia de uno de los suyos para tratar de hacer daño. A Morena le toca actuar con libertad responsabilizándose de que la próxima elección no sea afectada por la sombra de algún fraude. Aunque chillen los marranos.
Jesús Alejandro Ruiz Uribe es Doctor en Derecho Constitucional, ex diputado local, rector del Centro Universitario de Tijuana en el estado de Sonora y coordinador estatal de Ciudadanos Construyendo el Cambio, A.C. Correo: chuchoruizuribe@gmail.com
